La rebaja de la calificación crediticia de Petro-Perú tres peldaños desde BB+ hasta B+ por Fitch Ratings esta semana demuestra que lo más peligroso que se puede hacer respecto a la petrolera estatal es no hacer nada.
Por supuesto que aprobar un paquete de rescate financiero de más de US$3.000 millones equivaldría a echarle gasolina y un fósforo prendido a ese dinero, pero la falta de un plan alternativo del Ejecutivo es inconcebible, pues alguien va a tener que pagar las deudas de Petro-Perú –que cuadruplican su patrimonio–: sea la petrolera luego de recuperarse o el Estado Peruano si no logra ponerse a flote. Cualquier otro escenario pondría en riesgo la relativamente buena reputación que aún mantiene el Perú en los mercados internacionales.
Hay quienes viven enamorados de la idea de tener una empresa petrolera estatal, pero a ellos habría que explicarles que no podemos exponernos a una rebaja de la calificación crediticia del soberano que incremente los costos de financiamiento para el país y limite el acceso a recursos para la larga lista de urgentes necesidades de los ciudadanos.
Para plantear una solución, creo que debemos partir de dos diagnósticos básicos: nada va a cambiar si Petro-Perú sigue expuesta a los caprichos e intereses de cada gobierno y la empresa necesita una urgente inyección de capital que el Tesoro Público no puede ni debe desembolsar.
Se requiere entonces diseñar la forma en que, con gestión y capital privado, Petro-Perú pueda salir del pantano de deudas en el que se encuentra y que siga cumpliendo efectiva y sosteniblemente el rol de abastecer de combustibles a las zonas más remotas del país.
Las recetas son varias. Se ha hablado de permitir el ingreso de un socio estratégico que gestione la petrolera mientras el Estado mantiene un porcentaje de participación en ella. Otros proponen dividirla en varias unidades y que la operación de la refinería de Talara se entregue en concesión a un privado. Otros, que se declare en bancarrota y se reestructure con los acreedores ya como principales accionistas. En todos los casos, el diseño e implementación de la salida va a ser muy complejo y sería ideal que un grupo de expertos sea quien defina urgentemente el camino a seguir.
Pero hay algunos puntos aún más impostergables. En primer lugar, la salida del titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera, responsable directo del lamentable estado de la petrolera estatal, de la que aún es trabajador. En segundo lugar, un cambio en el directorio de Petro-Perú para que deje de ser una marioneta del Minem y esté formado por directores independientes que impulsen la reestructuración de la compañía y contraten a gerentes calificados. Finalmente, una fuerte redimensión del costo del personal de Petro-Perú, cuyas gollerías no tienen parangón en el sector público y, seguramente, tampoco en el privado.
Pero, aún más urgente, el Gobierno debería anunciar que no continuará con el sinsentido de darle mayores responsabilidades operativas a una compañía moribunda. Entregarle la operación del lote X, el segundo más grande del país, sería la última gota que derrame el barril.
WUF
