¿Y dónde está el dinero?

La compra de un local partidario de parte de Perú Libre con dinero presuntamente proveniente de fuente ilícita remueve el avispero de la siempre tensa y borrosa relación del dinero en la política. Relación que se hace compleja e irritante para gran parte de la ciudadanía, porque de allí han salido mucho de las fibras más visibles de la corrupción en los últimos años.

Hacer política cuesta y cada vez más. Organizar un partido político e involucrar realmente a sus miembros exige aun más esfuerzo. La precariedad de nuestra política se observa en la precariedad de nuestros partidos políticos que permiten la vulnerabilidad que se construye con quienes detentan las fuentes del dinero para financiar la política. Hay partidos, como Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Renovación Popular, que dependen absolutamente de sus líderes quienes se encargan de financiar las actividades partidarias. Esto les permite una alta capacidad de decisión en sus organizaciones. Otros dependen del financiamiento privado, como ocurrió con varios que presuntamente sucumbieron ante Odebrecht, entre ellos, Fuerza Popular. Y es que, cuando este tipo de financiamiento es poderoso, somete a los partidos.

Por eso, desde el 2017, pese a que la norma lo establecía desde el 2003, los partidos reciben dinero público para mitigar la diferencia entre los que pueden tener mayores recursos y los que no, así como para ser menos vulnerables ante las fuentes del dinero privado. De esta manera, desde hace un quinquenio, quienes han tenido bancadas parlamentarias reciben dinero del Estado para sus gastos ordinarios y capacitación de sus miembros. La ONPE se encarga de supervisar los fondos, que se distribuyen según los resultados de la última elección general. Es decir, quien obtuvo más votos, más dinero recibió, aun cuando hay un porcentaje del total (40%) que se distribuye por igual. De esta manera, por ejemplo, proyectando el financiamiento hasta el 2026, los partidos que más reciben son Fuerza Popular, con aproximadamente S/24 millones, Acción Popular, con aproximadamente S/15 millones, y Alianza para el Progreso, con aproximadamente S/14 millones. Si bien comparativamente en relación con América Latina somos de los países que menos aporta a los partidos, lo cierto es que, para la precariedad de las organizaciones, se trata de importantes aportes.

Sin embargo, existen algunos temas controversiales. El primero es que quienes reciben los aportes públicos son los partidos políticos y no las bancadas parlamentarias. Esto es coherente con la idea de fortalecer a los partidos políticos, por lo que no importa tanto la fidelidad o cohesión de la bancada parlamentaria, pues el partido recibirá en el quinquenio el dinero correspondiente. La diferencia entre partido y bancada lo vemos en Avanza País o Juntos por el Perú. Un segundo tema es la referencia para distribuir el dinero público. Veamos el caso del partido Perú Libre, que es el partido que más recibirá en el quinquenio 2021-2026 con poco más de S/10 millones como resultado de una votación que le permitió tener 37 congresistas. Sin embargo, no pasó ni medio año y dicha bancada se redujo y podría seguir reduciéndose, pero percibirá el mismo dinero durante el quinquenio. Algo parecido ocurrió con Fuerza Popular, que empezó con 73 congresistas en el 2016 y al momento de la disolución del Congreso tenía solo 44.

Finalmente, la insuficiente regulación permite una alta discrecionalidad de los partidos políticos, que han mostrado irresponsabilidad en el uso de los recursos públicos al pagar talleres de dudosa calidad, consultorías muy costosas o no han gastado en el año para acumular y poder comprar un local partidario. El dinero es necesario para hacer política, pero mal usado puede acabar con la política.