El gobierno de Dina Boluarte está haciendo los méritos necesarios para darles la razón a los que afirman que su gestión se está pareciendo cada vez más a la de su excompañero de ruta, Pedro Castillo. Esto, por la escasez de sus propuestas y la voluntad política para generar algún cambio, más allá del discurso vacío y las publicaciones en redes sociales. Solo veamos dos ejes claves, a manera de ejemplo: la lucha anticorrupción y la inseguridad ciudadana. ¿Cuál ha sido el plan concreto y medible, en estos nueve meses de administración, que la mandataria ha presentado para responder a estas dos demandas que la diferencie de su antecesor? Ninguno. La estrategia brilla por su ausencia.
Boluarte no puede excusarse alegando que llegó a Palacio siendo una inexperta en política. Empezó su gobierno habiendo sido durante un año y medio ministra de Estado y vicepresidenta de la República del hoy recluso expresidente. De manera que una explicación a toda esta, por decir lo menos, desidia para proponer soluciones responde más a una incapacidad de gestión que a kilómetros de vuelo en el Ejecutivo. Por ello, resulta alarmante que a estas alturas no exista en el horizonte ningún plan para combatir la delincuencia y la impunidad. Y, lo que es peor, ninguna señal de que algo cambie.
Se habló, por ejemplo, de un ‘plan Boluarte’ en lugar del ‘plan Bukele’. De una “policía de orden y seguridad” para aumentar en un año el personal que sale a patrullar los barrios. Pero lo que tenemos actualmente en las calles son bandas de extorsionadores cada vez más envalentonadas que se atreven a lanzar granadas a locales llenos de gente. ¿Y cómo responde el Gobierno? Declarando un estado de emergencia en dos distritos de Lima (San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres) y uno en Piura (Sullana) que, como ya se ha visto infinidad de veces, no va a generar ningún resultado si este no viene acompañado de una estrategia puntual para reducir las cifras de victimización y criminalidad. Simplemente es una salida efectista. Fuegos artificiales.
Con Castillo, Lima y el Callao estuvieron en el 2022 bajo estado de emergencia por más de 250 días y hoy podemos decir que la aplicación de esa medida sirvió de nada. ¿Por qué ahora sería diferente? Boluarte ha dicho que este estado de emergencia servirá para que, “de manera decidida”, la policía, con el apoyo del Ejército, esté más cercana a la población. Una declaración que, irónicamente, describe el problema: un gobierno sin decisión y propuestas para enfrentar un problema que no es de ahora. Si su intención no era parecerse a Castillo, la incapacidad que demuestra lo está haciendo.
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