La ruta del cannabis medicinal, por Fernando Cáceres

Este mes se llevará a cabo en Colombia el primer Congreso Mundial sobre Cannabis Medicinal. El mundo empieza así a discutir, en serio, los efectos de esta droga en la salud, el desarrollo de productos derivados y la legislación aplicable. El reto regulatorio es grande, pues implica transitar por una ruta inversa a la usual.

Con el tabaco, por ejemplo, hemos ido desde su libre comercialización hacia regular el producto (insumos e ingredientes), la promoción (contenidos y canales publicitarios), la plaza (lugares para vender y consumir) y hasta los precios (impuestos). Estas definiciones ahora serán relevantes para el cannabis medicinal.

Hace un año fue aprobada la ley que regula el uso medicinal del cannabis y sus derivados, y aunque aún no tenemos reglamento (debió estar listo en enero), sí tenemos un proyecto de reglamento que nos muestra hacia dónde piensa ir el Minsa.

La ruta no es la más adecuada. El proyecto no permite la exportación, yendo en sentido inverso a lo que están haciendo Uruguay y Colombia. Desde el año pasado, Uruguay está listo para exportar, y ya ha iniciado negociaciones con Canadá y México (ello explica que las inversiones en esta industria en Uruguay hoy superen los US$70 millones). En tanto, Colombia reconoce que esperan convertirse “en un exportador de extractos y derivados del cannabis, es decir productos con mayor valor agregado, potencializando la industrialización del sector” (Procolombia, 2018).

La razón para no prohibir la exportación es la misma por la cual el Perú –y sus socios de la Alianza del Pacífico– ha abierto su economía al mundo: solo conectados con otras economías, tendremos empresas con suficiente escala para ser productivas, y así tener la competitividad suficiente para ofrecer productos de calidad a bajos precios. No hay mucha ciencia.

La ley peruana no prohíbe la exportación, pero el Minsa sí, al entender que ‘comercialización e importación’ en la ley equivale a prohibición. Además, a mayor escala con la exportación, más posibilidad de fiscalizar que la parte del cannabis no utilizado para fines terapéuticos, no se vaya a destinos recreacionales, algo que preocupa al sector conservador.

Otros problemas del proyecto de reglamento son que prohíbe la publicidad, incluso en puntos de venta, lo cual equivale a cero información, y que los productos a base de cannabis no podrían tener más de 0,5% de THC, uno de sus compuestos principales, lo cual dejaría en el mercado negro a varios productos que hoy sirven para tratar enfermedades como la esclerosis o el Alzheimer.

El mercado de cannabis medicinal, se estima, valdrá US$55 mil millones en el 2024 (Global Market Insights). Si queremos participar, promovamos iniciativas con economías de escala, y adoptemos regulaciones que no limiten innecesariamente ni dejen al consumidor sin información. Esta es la mejor manera de beneficiar a los pacientes.