Puno: Así opera la red de salud en una de las regiones más afectadas por la crisis del Titicaca

En 2022, decenas de pacientes con cáncer y sus familiares se plantaron afuera del Hospital III de EsSalud Puno. Llevaban días sin medicamentos. El hospital atendía a 300 personas con un solo médico oncólogo. La Defensoría del Pueblo tuvo que intervenir para exigir que se contratara personal y se garantizara el abastecimiento. El episodio evidenció las limitaciones de un sistema de salud que, para muchos pacientes, presenta dificultades incluso antes de acceder a una consulta.

Esa falla también se ve en los registros oficiales obtenidos por el Laboratorio Universitario de El Comercio para su especial Bajo la superficie: La crisis que esconde el Lago Titicaca. En Juliaca, la ciudad más poblada de Puno con cerca de 264 mil habitantes —el 22% de la región—, ningún establecimiento de salud figura como Institución Prestadora de Servicio de Salud (IPRESS) en el portal de EsSalud. En San Miguel, Azángaro y Huancané ocurre una situación similar: los establecimientos aparecen registrados, pero con la condición de “sin funcionamiento acreditado”, según la información oficial.

Entre registros incompletos y postas cerradas

Azángaro y Huancané —casi 33 mil y 18 mil habitantes respectivamente— tampoco aparecen registrados en el portal de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). Y en San Román, la provincia donde está Juliaca, los registros analizados no muestran ningún asegurado de EsSalud. El dato desconcierta: San Román es la provincia más comercial e industrial del departamento, con miles de trabajadores formales que debieran estar afiliados. Todo apunta a que no es que la gente no tenga seguro, sino que el propio sistema de registro no está reflejando la realidad.

Las limitaciones también se reflejan en la infraestructura. De los 871 establecimientos de salud registrados en Puno, 128 están fuera de servicio —90 en cierre temporal de oficio, 27 en baja definitiva y 11 en baja provisional—, aunque vale la pena preguntarse si esas categorías administrativas no encubren cierres que ya son permanentes. La mayoría son postas y centros de salud rurales: el único punto de contacto que muchas comunidades tienen con el sistema público.

La escasez de recursos es sistémica. La red de salud Puno opera con una base de apenas 16 mil soles anuales para el programa de atención a población expuesta a metales pesados. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le asigna 50 mil soles adicionales —un total de 66 mil soles para intervenir en distritos como Huata, Coata y Capachica—, pero no alcanza. “Y para todos estos el presupuesto que nosotros contamos no es el suficiente. Tengo que mencionarlo una vez más, es poco”, admitió Fiorella Luna Lino, coordinadora regional de la Estrategia de Metales Pesados de DIRESA Puno. En 2025, con ese presupuesto, la red de salud Puno solo llegó al 17% de su meta de atención.

¿Qué hace alguien con una enfermedad grave cuando su única posta está “en baja provisional”? Los datos dan una pista de la respuesta: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), basada en cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 40% de la población de Puno reporta necesidades médicas no satisfechas, casi el doble que en Lima Metropolitana (23%).

A este panorama de infraestructura deteriorada se suma la baja cobertura de seguro en distritos como Pisacoma y San Antonio, los más bajos de la región: 43.7% y 39.5% respectivamente. Es decir, en Pisacoma —que tiene 7,190 habitantes— alrededor de 4,048 personas no cuentan con SIS, EsSalud ni ningún otro seguro de salud. En San Antonio, de 2,491 habitantes, cerca de 1,507 están en la misma situación. En ambos distritos, cerca de seis de cada diez personas carecen de cobertura de salud.

La atención médica sigue siendo insuficiente

Quienes logran acceder a un establecimiento enfrentan otra dificultad: el seguimiento médico. Los tamizajes realizados por la DIRESA Puno muestran que entre el 70% y el 72,3% de los niños y gestantes evaluados en Capachica, Coata y Huata presentan concentraciones de arsénico en orina por encima del valor de referencia. La entidad aclara que estos resultados no constituyen un diagnóstico de intoxicación, ya que para ello se requiere la presencia de síntomas clínicos específicos; sin embargo, confirman la existencia de población expuesta. Según Luna Lino, la principal medida es alejarse del factor de riesgo, una alternativa que muchas familias no pueden asumir porque significaría abandonar sus viviendas y sus medios de vida

El panorama se completa con la reducción de la cobertura de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) en varios distritos rurales. Entre 2018 y 2025, Atuncolla perdió el 95,5% de sus asegurados, Pomata el 91,7%, Vilque el 90% y Zepita el 85,7%. La disminución de esta cobertura trasladó una mayor presión sobre un sistema público que ya enfrenta limitaciones de infraestructura, presupuesto y personal especializado. En un territorio donde la cobertura universal debería ser el piso mínimo, los datos muestran que sigue siendo, para muchos, un horizonte inalcanzable.