El escándalo de falsificación de firmas y afiliaciones indebidas a partidos políticos, destapado en abril del 2025, ha sacudido los cimientos del sistema electoral peruano. El Reniec hizo públicos 130 informes técnicos remitidos al JNE, entre el 2021 y el 2025, que contienen más de 300.000 registros de firmas observadas en fichas de afiliación de 32 de las 43 agrupaciones habilitadas para las elecciones del 2026.
La reacción institucional ha sido tibia y desarticulada. Entre diciembre del 2019 y febrero del 2025, se registraron 711 denuncias por afiliaciones indebidas, de las cuales 703 terminaron en desafiliaciones formales, pero la ley actual impide al JNE sancionar a los partidos hasta que un fallo judicial lo autorice. En respuesta, el presidente del JNE anunció un proyecto de ley para que las inscripciones de organizaciones políticas puedan suspenderse o anularse en caso de fraude, aunque su aprobación en el Congreso se ve lejana
Más allá de la magnitud del fraude documental, lo más grave es que el andamiaje legal e institucional no está a la altura de desafíos tan extensos. Al diluir responsabilidades entre el JNE, el Reniec y el Poder Judicial, y al postergar sanciones inmediatas, se erosiona la confianza ciudadana y se refuerza la idea de que la formalidad electoral en el Perú es un mero decorado. Sin reformas urgentes, asistiremos de nuevo a un ciclo de impunidad que sepultó cualquier esperanza de una democracia creíble, cuando el país se aproxima a un nuevo proceso electoral.
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