La semana pasada comentaba que debemos evitar repetir la experiencia de las elecciones generales de este año, con 37 listas en competencia al Parlamento. Si bien solo seis sobrevivieron a la valla electoral y obtuvieron representación, cabe la posibilidad de que varios más pierdan el registro por no haber sido capaces de postular un mínimo de candidaturas a las elecciones regionales y municipales. Al mismo tiempo, en este momento ya hay casi una veintena de partidos nuevos inscritos que no alcanzaron a inscribirse para participar en las elecciones generales; la gran mayoría de ellos son aún más débiles y precarios que los partidos que ya perdieron la inscripción.
La semana pasada comentaba que debemos evitar repetir la experiencia de las elecciones generales de este año, con 37 listas en competencia al Parlamento. Si bien solo seis sobrevivieron a la valla electoral y obtuvieron representación, cabe la posibilidad de que varios más pierdan el registro por no haber sido capaces de postular un mínimo de candidaturas a las elecciones regionales y municipales. Al mismo tiempo, en este momento ya hay casi una veintena de partidos nuevos inscritos que no alcanzaron a inscribirse para participar en las elecciones generales; la gran mayoría de ellos son aún más débiles y precarios que los partidos que ya perdieron la inscripción.
Podría decirse que el Parlamento pasado intentó elevar los requisitos para la inscripción de nuevos partidos y así evitar una excesiva proliferación de estos, por lo que restituyó el requisito de la presentación de firmas de adherentes, derogado en 2019, esta vez fijado en un 3% de los ciudadanos del padrón nacional. Sin embargo, antes de 2019 sabíamos que el requisito de las firmas no funcionaba bien como filtro, porque resultaba excesivamente alto para grupos con verdadera intención de hacer política, pero, a la vez, accesible para aquellos dispuestos a incurrir en el delito de falsificación de firmas, con escasas posibilidades de fiscalización. Tenemos un número excesivo de partidos ya inscritos y seguramente muchos más intentarán hacerlo, incluidos los partidos que participaron en las elecciones de este año y perdieron la inscripción. Corremos el riesgo de repetir la dinámica caótica de este año; en el actual Congreso tuvimos la suerte de que quienes obtuvieron representación cuentan con un mínimo de consistencia y existe un equilibrio relativo entre estas fuerzas, pero ese resultado no tiene por qué repetirse.
¿Qué hacer? Si uno observa la política peruana de los últimos años, registra algunos patrones: ciertas regiones y bolsones electorales muestran alguna consistencia en la búsqueda de candidaturas de derecha, otras de izquierda, así como de posturas de centro. Además, partidos como Fuerza Popular han demostrado capacidad de perdurar en el tiempo. En el Congreso actual, Juntos por el Perú representa a una izquierda más radical y Ahora Nación, a una izquierda más moderada. El Partido del Buen Gobierno se ubica en el centro y Renovación Popular, en la derecha radical. Fuerza Popular ocupa un espacio populista de derecha; en este marco, un sector sin representación es el de una derecha liberal.
La reconstrucción lenta y difícil de un sistema de partidos podría intentar seguir estas líneas. Pero resulta crucial que se permita el establecimiento de facciones dentro de los partidos y de alianzas entre estos, para que diversos colectivos puedan competir dentro de un mismo espacio político. En las elecciones pasadas se habló de la necesidad de una convergencia para evitar la dispersión del voto entre candidatos percibidos como cercanos, como Mesías Guevara, Marisol Pérez, Alfonso López Chau y Jorge Nieto. En el campo de la derecha, se pidió una coalición entre candidatos como José Williams, Carlos Espá y Roberto Chiabra. Para que esto pueda funcionar en el futuro, se debe asegurar el funcionamiento de mecanismos democráticos y abiertos de elección de dirigencias partidarias y de selección e inscripción de candidaturas. Alguna modalidad de primarias debería poder funcionar en este sentido.