La ética en la enseñanza del Derecho

Cualquier persona es consciente de que la educación es el pilar de nuestra sociedad: construye identidades y causas por defender. Así, conviene prestar atención a la enseñanza del Derecho. Específicamente, a su contenido. Se tiende a pensar que la enseñanza del Derecho es imparcial. Sin embargo, las Facultades de Derecho, como cualquier otra entidad social, se encuentran condicionadas, entre otros elementos, al sistema económico. En otras palabras, la enseñanza no es imparcial.

A lo largo de la historia se observa que la enseñanza era el principal medio de control que los gobiernos e imperios ejercían sobre la población, ya que era lo que convenía. Hay una vigorosa relación entre el poder y la enseñanza. Por ello, es necesario hacerse la siguiente pregunta: “¿qué enseñan en las Facultades de Derecho?”. La respuesta es tétrica: “lo que conviene que sepas”.

Las facultades responden a intereses determinados por el modelo económico. Un sistema que privilegia el posicionamiento en los estudios de abogados más reconocidos que brindan servicios a grandes empresas. Por lo mismo, abundan en las mallas curriculares cursos sobre el análisis del mercado más que aquellos referidos a la defensa de poblaciones vulnerables. Así, incluso cursos que optan por la protección directa de estas personas como las clínicas jurídicas son, por lo general, residuales y marginales en la enseñanza en las universidades. Peor aún: no existe una valoración de dichos espacios coherente con la importancia de los derechos defendidos. El remedio ideal es buscar que la enseñanza abarque las necesidades generales de todos los individuos, y no solo de los actores más fuertes del modelo económico. Por ello, el derecho a la educación debería proporcionar una visión plural de la realidad en lugar de una sesgada.