Hace no mucho tiempo, los conocimientos que teníamos sobre salud mental se amplificaron. Esta ya no solo es definida como la ausencia de enfermedad, sino que ahora también hace referencia al estado completo de bienestar físico, psicológico y social (Organización Mundial de la Salud, 1948). Adicionalmente a ello, sabemos que existen determinantes sociales que suscitan la aparición de trastornos mentales, ya que, a causa de estos, las condiciones de vida de las personas empeoran.
El sistema en el que vivimos está lleno de desigualdades, brechas económicas que empobrecen más a las personas. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2023), 9 millones 184 mil peruanos son considerados pobres. En este sistema, la vulnerabilidad y las inequidades son latentes; la discriminación estigmatiza y entorpece el desarrollo óptimo de las personas y además vivimos en una sociedad en la que la violencia de género persiste y se ha llevado la vida de más de 110 mujeres este año. Toda esta lista sin fin de malestares sociales repercute en nuestra capacidad de sentirnos plenos.
Los factores sociales, políticos o económicos forman parte de aquellos elementos que nos hacen sentir vacíos, los que se convierten en causas de un problema más grande: la falta de salud mental y, con esta, la aparición de trastornos mentales.
Es por ello que la justicia social es el pilar para garantizar la equidad en la sociedad, tomando en cuenta aquellos derechos que les fueron privado a los peruanos. Si el Estado se preocupa por cerrar aquellas brechas de desigualdad, podremos recién empezar hablar sobre salud mental, esa salud mental que debe ser un derecho del que todos deberíamos gozar y no solo aquellos que pueden pagar por ella.
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