La Defensoría del Pueblo informó que solo en los primeros seis meses del 2022 se han registrado más de 41 mil accidentes de tránsito en el Perú, niveles similares a los alcanzados antes de la pandemia. Por ello, hizo un llamado a las autoridades del Ejecutivo respecto a la urgencia de adoptar decisiones concretas para disminuir estas cifras.
Durante los años 2020 y 2021, la Defensoría reportó un descenso en las cifras de accidentes de tránsito, debido a la inmovilización y otras restricciones que fueron impuestas para frenar el avance del COVID-19, este año la cantidad de casos vuelven a demostrar un panorama similar al del año 2019.
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En 2020 se reportó una de las cifras más bajas, con 57 396 accidentes, seguido de un leve incremento durante el 2021, con 74 624 casos, solo durante los primeros seis meses de 2022 la cantidad de accidentes de tránsito superaba los 41 000 casos, que representaba casi la mitad de las cifras reportadas durante 2018 y 2019, con más de 90 000 casos en ambos periodos.
En lo que concierne a personas fallecidas en accidentes de tránsito durante el primer semestre de 2022, la cifra era de 1.573 casos; mientras que el número de personas heridas en el mismo periodo representaba casi el 40 % de la reportada durante el 2019, con un total de 26 569 casos. Cabe indicar que a estas cifras debe agregarse el reporte de los últimos 25 años, con más de 2,08 millones de accidentes de tránsito que han dejado más de 1,2 millones de víctimas.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo ha recomendado que se priorice una intervención estatal en todos los frentes necesarios para mejorar la seguridad vial. En cuanto a la conducta humana, se ha requerido mayor exigencia en los requisitos para otorgar y revalidar licencias de conducir y los exámenes de evaluación a postulantes. Asimismo, se ha solicitado establecer contenidos mínimos en los programas de formación que imparten las escuelas de conductores.
En lo que concierne a las condiciones de los vehículos, se ha solicitado que se evalúe la exigencia de luces neblineras, por lo menos en los vehículos de transporte interprovincial, la mayor y más estricta supervisión a las entidades complementarias y que se avance en las propuestas para implementar un proceso de homologación vehicular de las unidades que ingresan al país.
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Por su parte, en lo referido a la infraestructura vial, se ha solicitado el establecimiento de controles electrónicos de velocidad en las carreteras, especialmente en las zonas donde ocurre la mayor concentración de accidentes de tránsito fatales y en los tramos que atraviesan zonas pobladas. Asimismo, se ha requerido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que efectúe una auditoría al Sistema de Licencias de Conducir por Puntos, al Registro Nacional de Sanciones y al Sistema Nacional de Conductores.
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