(Foto: EFE)
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El presidente Vizcarra lleva cinco meses con alta aprobación ciudadana. En julio del 2018, su desaprobación era mayor al respaldo (48% frente a 35%, de acuerdo a Ipsos), hasta el punto de quiebre con su mensaje a la nación de Fiestas Patrias. La alta aprobación presidencial contrasta con una descalificación a la acción del Gobierno Central en su conjunto (Poder Ejecutivo): el 63% aprueba a Vizcarra, pero solo 35% al Gobierno (Ipsos, enero 2019), con un Gabinete Ministerial en el que ningún ministro se salva de la desaprobación.

En este contexto, al que se suma la ausencia de un partido político oficialista y el “legado” de la gestión de su antecesor y compañero de plancha presidencial, Pedro Pablo Kuczynski; algunas eventuales alianzas con gobernadores regionales podrían resultar claves para que el presidente enfrente una amenaza política más peligrosa que su endeble oposición parlamentaria; la conflictividad social, en un espectro amplio que va desde potenciales huelgas de maestros hasta el bloqueo de proyectos de inversión minera.

El acercamiento podría ser más fácil con los partidos nacionales que tuvieron éxito en las últimas elecciones subnacionales: Alianza para el Progreso es casi hegemónico en La Libertad (también gobierna en Madre de Dios, Pasco y Ucayali), mientras que Acción Popular tiene a los gobernadores de Cajamarca, Cusco y Huánuco, así como al alcalde de Lima.

Dos regiones podrían ser particularmente sensibles en las relaciones intergubernamentales este año: Piura, porque aparte de ser la más poblada, será la que refleje el éxito o fracaso de la “reconstrucción con cambios” y Puno –región con más porcentaje de anemia, de acuerdo al INEI–, con Walter Aduviri a la cabeza, planteando una agenda que va desde la reivindicación aimara, modificar el sistema económico en relación con recursos como el gas y el litio –donde Bolivia es su  referente–, hasta su aparente aspiración presidencial. Contrariamente a lo que suele ocurrir con el binomio PalacioPCM, la dupla Vizcarra-Villanueva no tiene el estigma del centralismo que suele repeler a muchas autoridades provinciales y regionales; no obstante, hasta el momento parece carecer de operadores políticos sectoriales que puedan establecer eficaces agendas y políticas públicas. La inseguridad ciudadana y enfrentar la corrupción son grandes prioridades nacionales para los peruanos, pero ejecutar obras de agua-desagüe o carreteras, pistas y veredas, podría engranar mejor y con réditos políticos concretos la relación del poder central con las autoridades regionales.

Pronto asomará la conflictividad en distintas zonas del país, y el respaldo que mantenga el presidente probablemente no será suficiente para enfrentarlo. Es más fácil sumar aliados cuando se tiene gran aprobación, y desde Palacio de Gobierno podrían estar dejando pasar la oportunidad de prepararse para momentos más complicados. Todavía están a tiempo.

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