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La Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura confirmó los siete meses de prisión preventiva dictados hace dos semanas contra el suboficial PNP Elvis Miranda Rojas, acusado de los delitos de homicidio y abuso de autoridad por abatir a un presunto delincuente en Castilla el pasado domingo 13 de enero.
La medida fue ordenada por el juez Andrés Ernesto Villalta Pulache, titular de la sala, y los vocales Edwin Culquicóndor Bardales y Manuel Arrieta Ramírez, quienes el último viernes realizaron la audiencia de apelación en la Corte Superior de Justicia de Piura, y dieron un plazo de 48 horas para emitir su resolución.
Miranda Rojas se encuentra en el penal de Piura (ex Río Seco) luego de que el sábado 19 ingresara al recinto penal por la orden dictada por el juez David Sosa Zapata, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, ante la solicitud de la fiscal Lidia Castillo Chirinos, titular provincial del Distrito Fiscal de Piura.
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Elvis Miranda se encuentra suspendido de la institución policial, a la que ingresó desde hace un año, dada su situación legal. Su abogada, Cecilia Pizarro, dijo que esperará el pronunciamiento del Ministerio del Interior (Mininter) para declarar sobre el caso.
En la víspera, reiteró que no se cumplen los requisitos para una prisión preventiva, pues Elvis Miranda tiene domicilio y trabajo conocidos, y además carece de la capacidad para entorpecer la investigación.
Lucy Rojas, madre del policía, señaló que “la lucha no ha terminado” y advirtió que su hijo “está en peligro en esa cárcel, porque está recibiendo amenazas”. Exhortó al comando policial y al Mininter a presentar los recursos legales necesarios para obtener la libertad.
Los familiares de Elvis Miranda realizaron un plantón en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Piura, exigiendo libertad para el suboficial. Desde que el Ministerio Público inició la investigación, familiares y amigos han realizado varias manifestaciones similares.
Miranda Rojas es investigado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla por los presuntos delitos de homicidio simple y abuso de autoridad contra Juan Carlos Ramírez Chocán, quien fue abatido durante una persecución policial.
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