El Gobierno declaró la segunda semana del mes de diciembre de cada año como la “Semana de la Integridad”, con el objetivo de promover una cultura de “integridad y de ética pública” de todos los funcionarios y servidores civiles.
El Gobierno declaró la segunda semana del mes de diciembre de cada año como la “Semana de la Integridad”, con el objetivo de promover una cultura de “integridad y de ética pública” de todos los funcionarios y servidores civiles.
La resolución ministerial 256-2024-PCM fue publicada este 18 de setiembre en el boletín de normas legales de El Peruano y oficializa, además de la declaratoria sobre la mencionada semana, que la Secretaría de Integridad Pública estará a cargo de organizar un programa de actividades con diversas unidades del sector público, privado, la academia y la sociedad civil.
El documento lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
El texto recuerda que la Asamblea General de Naciones Unidas decidió proclamar cada 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción.
Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, firma resolución que declara la "Semana de la Integridad".
Asimismo, que como recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se debe proceder a promover la integridad pública.
La resolución destaca que la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción que data del 017 incluye el promover e instalar “una cultura de integridad y de ética pública en los servidores civiles y en la ciudadanía”.
En esa línea, el Ejecutivo considera que la PCM tiene como parte de sus funciones el promover esta cultura de integridad y ética.
Finalmente, detallan que la Secretaría de Integridad Pública propuso la necesidad de declarar la segunda semana de diciembre de cada año como la “Semana de Integridad” en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.
El objetivo, según la resolución, es involucrar a las personas e instituciones en la promoción de un conjunto de valores y medidas destinadas a fomentar la defensa del bien común y el ejercicio ético de la función pública.
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