Canciller César Landa justifica proyecto de ley mordaza que impulsa el Gobierno

Pese a los cuestionamientos y alertas de distintos sectores y organizaciones especializadas en la defensa de la libertad de información, el canciller César Landa justificó el anunciado proyecto de ley mordaza que busca criminalizar y sanción con penal de cárcel la filtración de información reservada en investigaciones penales.

MIRA: Dimitri Senmache descarta renuncia: “Seguiré trabajando hasta el último minuto con la confianza del presidente”

Según el ministro la propuesta, cuyo texto aún no es enviado al Congreso, no exigiría que el periodista revele su fuente de información.

“La Constitución protege el secreto profesional, incluyendo a los periodistas, y el proyecto de ley no exigiría a un periodista que vaya a revelar sobre haber recibido la información. El periodista no tendría que revelar su fuente, eso está clarísimo. El tema no es en relación al periodismo, sino a los funcionarios públicos”, declaró en diálogo con RPP.

MIRA: Pedro Castillo lideraría red criminal de 18 personas, según Comisión de Fiscalización

Landa, quien fue presidente del Tribunal Constitucional, afirmó que el proyecto de ley busca que se sancione a los jueces y fiscales que difundan información reservada y señaló que estos funcionarios deberían tener un vocero que informe sobre casos importantes para que no se realice fuera de los canales oficiales.

“No se sanciona el periodismo, sino a los jueces y fiscales. Como funcionarios públicos, están sometidos a una ley y un régimen. A diferencia del ejercicio del periodismo de buscar las fuentes y difundirlas para crecimiento ciudadano, los funcionarios están más limitados en el ejercicio de ellos, por eso quizá tendrían que tener un vocero que permita informar permanentemente y no de manera oficiosa o fuera de los canales”, dijo el titular de la Cancillería.

Como se recuerda, el último viernes 24 de junio, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció un proyecto de ley que busca sancionar, en algunos casos, la difusión de información reservada hasta con 4 años de prisión efectiva.