La Cancillería descartó que la posible activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA pueda afectar los procesos judiciales o constitucionales que están en marcha en el Perú.
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En esa línea, aseguraron que el objetivo principal es abrir espacios de diálogo y concertación tras una evaluación “imparcial e independiente del proceso político democrático peruano”.
El ministerio precisó que el 12 de octubre el Gobierno hizo el pedido para aplicar la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) “con profundo espíritu democrático y en estricto respeto del derecho internacional y la soberanía nacional”.
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“La aplicación de la CDI no cuenta con la capacidad de modificar ningún curso de los procedimientos contemplados en el marco constitucional peruano, ni en los procesos de control y contrapeso entre los poderes del Estado”, informó la Cancillería.
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También destacan que esta herramienta no tiene la potestad de resolver recursos legales presentados internamente, como “procesos judiciales o constitucionales en curso”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que busca mantener el estado de derecho y la democracia representativa, únicas vías para lograr el desarrollo y la paz, así como garantizar derechos fundamentales y resolver los desafíos del país.
César Landa expondrá estos argumentos en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que fue convocado para este jueves 20 de octubre a pedido del Gobierno peruano.
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