Comisión de Ética: ¿por qué aún no se aplican sanciones a congresistas?

El primer informe final de la Comisión de Ética del Congreso ha tomado, exactamente, 255 días para ser emitido desde que el caso investigado fue reportado. Además, aunque el grupo de trabajo tiene cuatro informes finales aprobados, las sanciones sugeridas para tres congresistas aún no han sido ejecutadas.

Se trata del vuelo humanitario utilizado el 21 de marzo por la actual tercera vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández (Somos Perú); y Juan de Dios Huamán (Frepap). Este transporte fue habilitado por la Fuerza Aérea para las personas que tenían como destino la ciudad del Cusco y estaban varadas por la emergencia sanitaria del COVID-19. El caso fue resuelto el 1 de diciembre.

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En la sesión posterior del 9 de diciembre, se rechazó por mayoría reconsiderar la votación del informe final que aprobó una amonestación pública. Aunque la sanción ya fue sugerida para ambos congresistas, aún no es aplicada. “Lo que nos falta es citar a los congresistas a sesión para la lectura de su sanción”, dijo Mariano Yupanqui, presidente de la Comisión de Ética, a El Comercio. Es decir, esto se haría en una sesión de la legislatura del próximo año.

César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso, precisó que la sanción recomendada por la comisión, de ser grave, tiene que ser aprobada por el pleno. “Si la sanción es una suspensión, no lo puede aprobar la Comisión de Ética”, dijo a este Diario.

“Depende de la gravedad de falta y el tipo de sanción que acuerda la Comisión de Ética. Si es una menor y la Comisión de Ética considera que basta una amonestación, no será necesario que el informe pase al pleno. Pero si es mayor y recomienda la suspensión del congresista, la Comisión de Ética no puede suspenderlo”, añadió Delgado Guembes.

Es el pleno el que debate y define el término de la sanción: puede rechazarla, aprobarla o modificarla con una rebaja.

Sin embargo, en cuanto a los casos de Fernández y Huamán -cuya reconsideración de voto fue rechazada-, Delgado Guembes explicó que lo que procede es “que se apruebe el acta y una vez hecho eso, es ejecutable, salvo que el acta haya sido dispensada de aprobación”. De acuerdo con el acta de acuerdos de la Comisión de Ética, en las sesiones del 1 y 9 de diciembre “se aprobó por unanimidad la dispensa de lectura y aprobación del acta para el trámite de los acuerdos adoptados”.

Yupanqui, por su parte, respondió que los dos casos están cerrados. Pero, es un tema “protocolar” que se llame al congresista y se le informe en una sesión la sanción sugerida. “Eso de ninguna manera varía ni pone en riesgo la decisión”, añadió. “En el momento en que se informa al congresista sobre al decisión tomada, es ejecutable. En la última sesión se reconsideró la votación”, dijo.

La sanción a los congresistas Fernández y Huamán fue aprobada el 1 de diciembre en la Comisión de Ética. Luego, el 9 de diciembre se rechazó reconsiderar la votación, con lo cual se mantuvo la decisión. Con ello, solo están a la espera de ejecutarla, agregó Yupanqui. “El 1 de diciembre, entregamos el proyecto de informe. Se sometió a votación, aprobó la sanción y se cerró la sesión con la sanción definida. Luego, nosotros íbamos a empezar a tramitar convocar a los congresistas para la siguiente sesión e informar sobre esta sanción. Sin embargo, en ese lapso llegó una reconsideración al voto. Por ende, se tuvo que suspender ese primer procedimiento para esperar a la sesión del 9. No se lograron los votos. Por tanto, se mantuvo la decisión. Se cerró con la decisión tomada anteriormente”, detalló Yupanqui.

Según él, el procedimiento contempla que tienen que solicitar para la siguiente sesión, a través de un oficio, la presencia de los congresistas para quienes se sugiere una sanción. Estas amonestaciones tienen también que comunicarse al pleno.

La Comisión de Ética también aprobó el 1 de diciembre el informe final que recomienda la suspensión por 15 días del legislador Marco Verde Heidinger (Alianza para el Progreso), quien fue captado el 24 de mayo junto a otras personas bebiendo licor en su casa de Oxapampa, esto pese a las restricciones por la pandemia. Sin embargo, hay un pedido para reconsiderar la votación, informó Yupanqui a El Comercio. Esto tiene que ser atendido en la siguiente sesión de la comisión, el próximo año. Al tratarse de una sanción, como explicó Delgado Guembes, tiene que ser aprobada en el pleno del Congreso.

El tercer legislador en abordar el vuelo humanitario a Cusco fue Rubén Pantoja (Unión por el Perú), pero su caso tuvo un avance diferido debido a una licencia de salud que presentó. Si bien la audiencia en la que presentó sus descargos se realizó el 16 de setiembre, se está a la espera del informe final.

Adicionalmente, el informe final de la Secretaría Técnica declaró infundada la denuncia presentada el 17 de abril contra la congresista Norma Alencastre (Somos Perú) por presuntamente estar atendiendo en una farmacia de su propiedad. Este informe fue aprobado por mayoría.

Descargos

Durante la audiencia del 16 de setiembre, tanto Matilde Fernández como Juan de Dios Huamán se presentaron en la audiencia programada por la Comisión de Ética para presentar sus descargos respecto al caso por el que han sido investigados. Fernández sostuvo que consideró necesario viajar a su región, Cusco, “debido al inicio de la crisis sanitaria y ante la suspensión de actividades en la capital los congresistas debíamos estar en nuestras regiones; soy enfermera de profesión y por eso tomé la decisión de viajar”, argumentó.

Añadió que al no tener domicilio fijo en Lima y tras la suspensión del servicio de los hoteles, decidí acudir al grupo aéreo y preguntar al personal de la Fuerza Aérea para ser considerada en el vuelo humanitarios. “Fui la última en abordar el avión y queda demostrado que al hacerlo no afecté a ningún pasajero, porque había suficiente número de asientos desocupados”, comentó. También aclaró que en ningún momento se identificó como congresista ante las autoridades.

Solicitó también que se declare infundada la denuncia debido a que se trató de un “error involuntario” y ofreció disculpas por lo ocurrido.

Por su parte, Juan de Dios Huamán dijo que solicitó el dinero de instalación, “pero me dijeron que por la pandemia no había dinero para este tema. Ahí me desesperé y tomé la decisión de que mi familia y yo subiéramos al vuelo humanitario”, respondió. Al igual que Fernández, argumentó que no se identificó como congresista para abordar el vuelo.

“Viajé porque tenía invitación de los alcaldes y para realizar mis acciones de representación, no me fui a pasear, sino a trabajar cumpliendo mis funciones. Pido disculpas al pueblo por la circunstancia que me tomó subir a este vuelo humanitario, mi intención no fue aprovecharme”, concluyó.

Por su parte, Marco Verde dijo en su audiencia que “en ningún momento salí de mi domicilio, siempre permanecí en Oxapampa; no puede haber una sanción por infringir la libertad de tránsito cuando no es cierto, se habla de una fiesta y ello no ocurrió, sino que me visitaron unos familiares. Acá hay una intención de mellar mi imagen y la del Congreso”.

Otros pendientes para el 2021

El trabajo de la Comisión de Ética se había visto ralentizado desde inicios de años. En primer lugar, una vez que el Congreso inició funciones pasaron más de 90 días para que se instale el grupo de trabajo. Por otro lado, hubo demoras para que la Junta de Portavoces llegue a un acuerdo sobre en quién recaería la Presidencia del grupo y algunas bancadas demoraron para designar a sus representantes.

A esto se sumó el cambio de presidente: tras la salida de César Gonzales de la bancada de Somos Perú, quien asumió el grupo desde el 13 de octubre fue Mariano Yupanqui. A partir de ahí, se realizaron audiencias y emitieron informes finales el 1 de diciembre.

Respecto a las últimas semanas de trabajo, Yupanqui comentó que debido a que el pleno ocupó la agenda, algunas sesiones no pudieron realizarse. “Nuestra intención de poder revisar cada caso para transparentar los hechos ante la sociedad. […] En unas dos sesiones vamos a poder absolver el 70% - 80% de todos los casos. Un promedio de 12 casos, de los cuales en dos sesiones calculamos que podemos quedarnos con 4 o 5”, detalló.

Por otro lado, dijo que como nueva Presidencia tuvieron unos 15 días para hacer el recuento de casos y programarlos. “La mayoría de casos los tenemos avanzados, la cosa es tener continuidad de las sesiones”, añadió.

Para la siguiente legislatura, están pendientes los informes finales para los casos de Rubén Pantoja (UPP), César Combina (APP), Rosario Paredes (Acción Popular), Gino Costa (Partido Morado), y Edgar Alarcón (UPP). “En dos sesiones podemos avanzar con estos cinco finales y los de informes de calificación, que son los de Cecilia García, Lenin Checco y Orestes Sánchez”, dijo Yupanqui.

En el caso de Martha Chávez (No agrupados), el siguiente paso es la preparación del informe. Sin embargo, se tiene que definir primero la reconsideración de votación que llegó a la comisión. Si la reconsideración procede, se vuelve a votar. “Si no pasa la reconsideración [de votación], avanzamos en el supuesto que pasa o no, porque estaría para el proceso de informe final, porque ya pasó calificación”, añadió Yupanqui.

Entre otros temas en agenda de la Comisión de Ética para la siguiente legislatura son dos denuncias que presentó Edgar Alarcón contra su colega Luis Roel (Acción Popular) por presuntamente haber infringido el numeral 3.4 del artículo 3 y el segundo párrafo del literal d) del artículo 5 del reglamento de la Comisión de Ética.

Kathy Zegarra: “El parlamento es muy sensible ante la coyuntura política”

La politóloga Kathy Zegarra recordó que desde el 2001 las comisiones de Ética han sido cuestionadas “porque a veces la protección de ciertos congresistas pesa más que los mismos congresistas cumplan algún tipo de sanción. Es en general una comisión cuestionada”.

Sin embargo, que al día de hoy no se tengan sanciones ejecutadas no significa que sea mejor o peor. Son dos factores los que han podido haber influido, comentó: las políticas y las del manejo parlamentario.

“El hecho de que este Congreso sea nuevo, lo congresistas hayan aprendido a legislar, no era de sorprender que su instalación iba a tardar tanto. Estaba claro que la instalación iba a ser lenta. Que no hayan sanciones ejecutadas va relacionado a eso, a la lentitud que se ha presentado en el congreso, la dinámica diferente”, explicó.

Por otro lado, las razones “políticas” podrían recaer en la protección o negociación entre los mismos parlamentarios. “A veces vemos diferencias de algunos congresistas frente a otros, el promedio de investigación no es el mismo. Luego, las razones técnicas, las dificultades que tiene que grupo técnico dentro del parlamento, el aprendizaje para manejarse ha sido lento, muchos parlamentarios son nuevos y también es difícil generar informes cuando no se está de manera presencial. Vuelve más lento el hecho de generar informes, es un periodo de aprendizaje para hacer informes”, agregó.

Sin embargo, remarcó también que el peso del contexto es fundamental para entender el trabajo de la comisión. “El parlamento es muy sensible ante la coyuntura política”, finalizó.

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