El presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), dijo en una conferencia de prensa que las denuncias por las que ha sido cuestionado no lo descalifican para mantenerse en el cargo. “Estoy legitimado para asumir cualquier función pública”, declaró ayer.
Asimismo, el titular del Parlamento respondió por el archivo de un proceso penal seguido en su contra por estafa, esto tras verse beneficiado por pedir la aplicación de la Ley 31751 (ley de prescripción). Soto respaldó esta iniciativa en segunda votación por un acuerdo de bancada.
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En la rueda de prensa, Soto afirmó que en el 2012 vendió un terreno ubicado en Cusco a la empresa Waynapicchu por US$265 mil. “¿Dónde está el cuestionamiento? Dicen que lo compré por US$5 mil y lo vendí en US$265 mil. Si esto es así, se trata de un contrato de compraventa, y eso es el acuerdo de dos partes. Es el acuerdo del comprador y vendedor. Si uno no está de acuerdo, simplemente en el ámbito civil resuelve ese contrato, lo anula”, dijo.
Darwin Urquizo Pereira, abogado de la empresa Waynapicchu, respondió a El Comercio que lo afirmado por Soto, respecto a que correspondía resolver la controversia en un fuero civil, no se ajusta a la verdad. “En un acto entre particulares, cuando haces caer en error, cuando engañas para perjudicar y beneficiarte, eso ya no es civil. Se vuelve en penal”, afirmó Urquizo. Añadió que incluso el terreno no medía 800 m2, sino poco más de 600 m2. “Todo eso configuró que había una manipulación. Si fuese cierto, la fiscalía lo hubiese archivado en la etapa de investigación, pero no, sino que acusó. Para la fiscalía también había niveles de sospecha fuerte de que esos hechos eran delito y por eso se acusa”, recalcó el abogado de Waynapicchu.
“Le digo a Waynapicchu: devuélvanme mi terreno, que tienen su dinero a disposición”
Alejandro Soto, presidente del Congreso.
En otro momento de la conferencia, Soto instó a la empresa con la que mantiene la controversia a que “devuelva” el terreno. “Le digo a esta empresa Waynapicchu: devuélvanme mi terreno, que tienen su dinero a disposición. Pero cuando uno ya es candidato, siete años después de la compraventa, se me inicia una acción por fraude y estafa”. Al respecto, el abogado Urquizo señaló que, desde que asumió la defensa, no se había presentado esta propuesta. Sin embargo, indicó que continuarán con el proceso respecto a la reparación civil.
Según Soto, se ha ratificado la prescripción, pero Urquizo añadió que la última resolución, “que se hace en base a la nueva ley [31751], no recoge los fundamentos del 2019″.
“Para la fiscalía también había niveles de sospecha fuerte de que esos hechos eran delito”.
Darwin Urquizo Pereira, abogado de la empresa Waynapicchu
Más cuestionamientos
El presidente del Congreso también respondió por otros cuestionamientos. Uno de ellos, ser propietario de un edificio de cinco pisos en el distrito de Yucay (Cusco), pese a contravenir las normas establecidas, según informó ATV. Sobre este caso, Soto respondió: “En Yucay hay un montón de viviendas del mismo nivel o mayor del que tengo. Además, no es una zona arqueológica”.
También rechazó que haya omitido información en la declaración jurada que presentó en el 2020, pues no tenía vigente ninguna deuda por pagar.
El congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático-JP) anunció la recolección de firmas para presentar una moción de censura en contra de Soto. Frente a esta posibilidad, el titular del Parlamento afirmó que no le teme a esta iniciativa. Sánchez no ha confirmado si seguirá impulsando la moción.
Declaraciones del congresista Roberto Sánchez. (Video: Canal N) 
