Congreso busca aprobar impedimentos para postular: ¿A qué políticos condenados alcanzaría?

Una de las modificaciones sustanciales es que estas personas, además, no podrán ser candidatos ni funcionarios públicos hasta 20 años después de haber sido rehabilitadas.

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De esta forma, el grupo de trabajo ha propuesto modificar los artículos 34-A, 39-A, y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución, lo que planteará también cambios en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), la Ley de Elecciones Regionales (Ley 27683) y la Ley de Elecciones Municipales (Ley 26864).

Actualmente, los artículos citados establecen que no pueden ejercer la función pública ni ser candidatos quienes tengan sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso. La Comisión de Constitución ha propuesto que se agregue a condenados con pena privativa efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada en calidad de autoras, cómplices o instigadoras por la comisión de “los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios, homicidio en sus diversas modalidades, trata de personas, secuestro; el impedimento resulta aplicable hasta 20 años después de haber sido rehabilitadas”.

Además, el 139 precisa “el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. Este último sería modificado en el sentido de que se consideren las excepciones de los artículos 34-A y el 39-A.

El abogado penalista Andy Carrión comentó a El Comercio que “en rigor ya los delitos dolosos contienen el impedimento para postular y ejercer la función pública”, por lo que sería redundante la especificidad de los mismos. Detalló que “el problema radica en la rehabilitación. Es decir, que de acuerdo a las normas actuales sí puede postular o ejercer cargo público quien se haya rehabilitado después de cumplir la sentencia condenatoria. Lo que hace la modificatoria es impedir esta especial situación por el plazo de 20 años después de haber cumplido la sanción, lo que en la práctica es una muerte civil”.

Debido a que el predictamen todavía no ha logrado consenso respecto a qué delitos deben ser especificados, el congresista Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, anunció que buscarán en una siguiente sesión repasar la propuesta y ponerla a votación. “No podemos poner cualquier condena penal porque siempre está el derecho a rehabilitarse”, comentó Guerra García.

Durante el debate, los integrantes del grupo de trabajo manifestaron qué tipo de delitos debían ser incluidos en la propuesta para establecer los impedimentos. Alejandro Muñante (Renovación Popular) señaló que se debe considerar a aquellos sentenciados por delitos en contra del orden constitucional y traición a la patria.

De otro lado, la congresista Flor Pablo (no agrupada) pidió que se consideren impedidas de acceder a cargos de elección popular y ser designados funcionarios públicos quienes hayan sido sentenciados por feminicidio y quienes hayan sido sentenciados por crimen organizado y lavado de activos, así como “toda la gama” de delitos contra la administración pública (corrupción).

La congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso) coincidió con esta propuesta. “Este proyecto debe ser aprobado y en el tema de delitos de corrupción deben ser incluidos en todas las modalidades”, dijo durante su exposición. Por su parte, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-JP) comentó que “es importante hacer una revisión de los parámetros que van a permitir una valoración más amplia que, en mi opinión, deberían estar. Es importante ver el tema de los criterios”.

Al final de la sesión, la congresista Pablo declaró a la prensa: “No se está incluyendo crimen organizado y lavado de activos. No podemos tener una reforma con esos niveles de flexibilidad. Quiero alertar eso porque no podemos ser permisivos con los temas de corrupción”. Por ello, espera que la comisión pueda incluirlo en la siguiente propuesta.

Sin embargo, el presidente del grupo de trabajo señaló durante la reunión que “el crimen organizado tiene por los menos 21 tipos penales atrás y podrían ampliarse. Entonces, estaríamos circunscribiendo en la Constitución a poner estos 21 tipos penales. Además, se ha señalado a los que financian a los partidos. Eso se puede legislar aparte, no tiene que ver con la idoneidad”.

Guerra García dijo que este propuesta será revisada y podría incorporarse algunas sugerencias, “pero otras señalamos por qué podrían no entrar”. Otra de las modificaciones que se tendrá que definir es si los impedimentos serán por sentencias en primera o segunda instancia.

La próxima sesión de la Comisión de Constitución se realizará luego de la semana de representación, que empieza la siguiente semana. Si se decide incluir a personas que aún no tienen sentencia consentida, esto podría alcanzar, por ejemplo, a excongresistas como Kenji Fujimori, quien fue condenado en noviembre del 2022 en primera instancia por el delito de tráfico de influencias agravado.

Antauro Humala fue condenado a 19 años de prisión por los hechos ocurridos en el ‘andahuaylazo’, que conllevó a que sea sentenciado por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión.

La sentencia fue impuesta desde el 3 de enero de 2005. Sin embargo, el 8 de julio del 2022 Humala solicitó su libertad por redención de la pena por trabajo y educación. Tras ello, el Consejo Técnico Penitenciario del penal Ancón II resolvió otorgarle la libertad por cumplimiento de condena.

Con esta decisión se le permitió redimir su pena en 1 año y 7 meses. Por ello, el 20 de agosto fue excarcelado. Ese día, Humala declaró a la prensa que se sentía “orgulloso” de lo ocurrido en Andahuaylas el 2005, cuando tomó una comisaría y causó la muerte de cuatro policías.

El pasado 26 de enero, la procuraduría antiterrorismo denunció penalmente a Humala por el presunto delito de apología al terrorismo. Esto luego que se difundiera un video donde destaca a Sendero Luminoso. “Hay que ser realistas, nosotros como etnocaceristas somos matemáticos, somos científicos, decimos las cosas como son. Lo mejor que ha dado la izquierda, desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso”, dijo en un video publicado en TikTok, especifica la denuncia presentada por el procurador Milko Ruiz.

Vladimir Cerrón

Fundador de Perú Libre

El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, también fundador del partido político Perú Libre, fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el Quinto Juzgado Anticorrupción del Poder Judicial de Junín en agosto del 2019. La exautoridad fue hallada culpable por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, en el caso de saneamiento de La Oroya.

Sin embargo, en octubre del 2019, Cerrón fue excarcelado luego de que el Poder Judicial variara su condena de prisión efectiva a suspendida. Además, la sentencia de cuatro años y ocho meses que cumplía en el penal de Huamancaca (Huancayo) fue reformulada a 3 años y 9 meses.

El 7 de febrero de este año, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de funcionarios de Junín condenó a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva a Cerrón por el delito de colusión desleal. Esto debido a que se concertó la admisión, evaluación, adjudicación directa y suscripción del contrato para la “construcción, administración y operación del servicio Aeroportuario de la región Junín, mediante un nuevo Gran Aeródromo Regional Wanka en los distritos de Sicaya–Huancayo y Orcotuna–Concepción, del departamento de Junín”.

El exgobernador regional informó que presentaría una apelación a esta sentencia. “El Gobierno Regional de Junín no invirtió 1 solo centavo”, alegó Cerrón en su cuenta de Twitter.

Gregorio Santos

Exgobernador regional de Cajamarca

El exgobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos fue condenado, en enero del 2022, a 19 años de prisión por irregularidades cometidas cuando ejerció el cargo. Se le impuso esta sentencia por la comisión de los delitos de colusión agravada y lavado de activos.

De acuerdo con el Poder Judicial, Santos negoció y obtuvo el pago de S/ 5′285.800,52, equivalente al 7,5% del costo total de las obras de rehabilitación de carreteras que el Gobierno Regional de Cajamarca contrató en el 2011. La fiscalía acusó a Santos de haberse coludido con empresas para entregarles la buena pro de concursos públicos

Edwin Donayre

Excongresista

En mayo del 2019, la Sala Suprema Penal ratificó la sentencia de cinco años de prisión efectiva en contra del excongresista de Alianza para el Progreso Edwin Donayre por el caso ‘Gasolinazo’. La sala ratificó el extremo de la condena por el delito de peculado por apropiación.

Debido a que Donayre estaba ejerciendo el cargo de congresista, el pleno aprobó el levantamiento de su inmunidad cuatro días después de ratificada la condena.

El exlegislador fue sentenciado por el robo de combustible al estar a cargo de la Comandancia de la Región Militar Sur del Ejército Peruano entre enero y agosto de 2006. La pérdida total fue de 44.200 galones de gasolina de 84 octanos y 129.800 de petróleo. En total, esto equivalía a S/1′807,574.

Sin embargo, el excongresista se mantuvo prófugo durante casi seis meses. En octubre del mismo año, fue capturado en Puente Piedra para luego ser trasladado a la sede de Requisitorias. Desde entonces, está internado en el penal Miguel Castro Castro.

Félix Moreno

Exgobernador regional del Callao

El exgobernador regional del Callao Félix Moreno fue sentenciado, en enero del 2019, a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión. Esto debido a la venta subvaluada de un terreno del Estado de unos 70.000 m2, ubicado en el fundo Oquendo, en Ventanilla.

En mayo del 2011, la transacción a favor de la empresa Inmobiliaria Estefanía S.A.C. generó al Estado un perjuicio económico de S/10′381.558. El terreno fue vendido por unos S/14 millones, cuando su precio real era S/24 millones.

En la sentencia, el juzgado penal del Callao también ordenó la inhabilitación de Moreno –quien no se presentó a la audiencia– para ejercer la función pública por un período de un año y ocho meses.

En marzo del 2020, Moreno fue también sentenciado por el delito de malversación de fondos. Se había determinado que, tanto Moreno como Miguel Ángel Asencios Vega, exjefe de la Oficina de Gestión Patrimonial, malversaron más de S/17 millones. El monto tenía que ser destinado al Proyecto Especial Ciudad Pachacútec (PECP) de Ventanilla.

Moreno tiene tres sentencias condenatorias. El 22 de febrero del 2019, la Corte Superior en el Callao lo condenó a cinco años de prisión por el delito de colusión en la construcción inconclusa de la nueva sede de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) en el 2009.