El Congreso se autoexcluyó de la Ley Servir, por lo que la contratación de su personal se maneja bajo sus propios criterios. Una práctica que se ha ido incrementando en los últimos períodos es la de contratar como asesores a los financistas de campañas electorales. La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio detectó 63 de estos casos en los dos primeros meses de la actual gestión.