La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó los informes de calificación que declaran improcedentes cinco denuncias constitucionales, dos de ellas en contra de la presidenta Dina Boluarte y una en contra del exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020), por no cumplir con criterios establecidos en el reglamento del Parlamento.
Una de ellas es la Denuncia Constitucional 477, interpuesta por el congresista Juan Burgos (Podemos Perú), contra Boluarte Zegarra, el expresidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén y el extitular de Trabajo y Promoción del Empleo Daniel Maurate por presunta infracción a los artículos 28, 38, 118, incisos 1 y 8 y 128 de la Constitución.
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Según el informe, si bien la denuncia cumplía con la regla pertinente por ser legislador en actividad, sus imputaciones no constituyeron para el equipo de la subcomisión infracción constitucional ni delitos de función por parte de la mandataria.
La acusación versaba sobre haber intervenido indebidamente en negociaciones colectivas en el sector público, incumplido normas que garantizan el derecho a la negociación y actuado en forma arbitraria mediante resoluciones que afectan convenios colectivos vigentes, entre otros.
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El informe de calificación señala que no hubo en el accionar de la titular del Poder Ejecutivo y sus exministros, una razón que no fuera concordante con la legislación en resguardo del interés nacional. El informe de calificación registró 10 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
También fue aprobado, por 8 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, el informe de calificación que declarada improcedente la Denuncia Constitucional 585, interpuesta por el ciudadano Jorge Luis Otoya Villalba contra Dina Boluarte, más de 100 congresistas de distintas bancadas; el expresidente del Congreso José Williams (Avanza País), la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y los jueces supremos Juan Carlos Checkley, José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez.
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La acusación versaba por la supuesta comisión de los delitos de conspiración, rebelión, homicidio calificado, lesiones graves, usurpación de funciones y prevaricato.
En otro momento, por 8 votos a favor, uno en contra y 4 abstenciones, se aprobó el informe de calificación que declara improcedente la Denuncia Constitucional 056 (antes 393), interpuesta por el ciudadano Pedro Guillermo Núñez Ventura contra el expresidente Martín Vizcarra y los exministros Walter Martos, Ana Neyra, Jorge Chávez Cresta y César Gentille por los presuntos delitos de requerimiento indebido de la fuerza pública, rebelión y sedición.
Por unanimidad (13 votos) se aprobó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 571 contra los miembros del Tribunal Constitucional (TC) Luis Gutiérrez Ticse, Francisco Morales Saravia, Fielder Domínguez Raro, José Luis Sardón De Taboada, Augusto Ferrero Costa, Eloy Espinoza-Saldaña Barrera, Ernesto Blume, Juan Vergara Gotelti, Carlos Mesía Ramírez y Fernando Calle Hayen por los supuestos delitos de prevaricato y abuso de autoridad, tipificados con los artículos 418 y 376 del Código Penal.
Según el documento, el ciudadano John Tiparra Alvarado no demostró en su denuncia ser directamente agraviado.
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Finalmente, con el mismo principio, fue archivada la Denuncia Constitucional 609, interpuesta por el ciudadano Renzo Sebastián Díaz Giunta contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Jaime Pedro De La Puente Parodi, Víctor Chanduví, German Julio Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo por presunta infracción a la Constitución y la posible comisión del delito de usurpación de funciones.
Se argumentó que Renzo Sebastián Díaz Giunta no demostró ser el directo afectado ni pruebas de su denuncia.
En forma reservada, la subcomisión desarrolló la audiencia de la Denuncia Constitucional 528 presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú) en contra de los fiscales supremos y exfiscales de la nación Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Avalos, y la actual titular de esa institución, Delia Espinoza.
La acusación versa por la posible infracción de la Constitución y delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y por ser supuestamente posibles instigadores del delito de usurpación de funciones, tipificados en el Código Penal. En representación de los denunciados estuvo el abogado Samuel Abad.
