Rodríguez viajó a Quito para representar al Perú en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Uno de los temas de la cita, con feria incluida, es el uso de la tecnología en la digitalización de la justicia. (Foto: Paco Sanseviero/El Comercio)
Rodríguez viajó a Quito para representar al Perú en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Uno de los temas de la cita, con feria incluida, es el uso de la tecnología en la digitalización de la justicia. (Foto: Paco Sanseviero/El Comercio)
Fernando Vivas

El fallo que envió a los terroristas Osmán Morote y Margot Liendo a sus casas, aunque allí estén arrestados, ha ofendido la memoria nacional. El presidente del Poder Judicial, , tiene mucho que explicar sobre la autonomía de los jueces y su deber jurisprudencial. Lo llamamos a Quito, donde participa en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

—¿En qué falló el Poder Judicial –no la fiscalía– para que se haya producido el terrible espectáculo de ver a Abimael Guzmán celebrando la excarcelación de Morote y Liendo?
Esto merece una autocrítica de todas las instituciones del sistema de justicia, incluido el PJ, la fiscalía, el Consejo Nacional de la Magistratura. Respecto al Caso Tarata [por el que Morote y Liendo estaban cumpliendo prisión preventiva, pues sus condenas de 25 años terminaron en el 2013], han pasado varios años, ya se habían cumplido todos los plazos para la prisión preventiva y no estaba lista la acusación, se sabía que la excarcelación iba a suceder.

—Más allá de dictar su fallo, ¿a los jueces no les preocupa el aspecto docente de hacer justicia? Ello los debería llevar a evitar escenas como la de Guzmán abrazando a Morote.
Lo que solemos recomendar a las salas es que llamen la atención a todas las partes para que se comporten. Esa invocación se hace antes de la audiencia y se puede retirar a quienes no la cumplen. Esa escena en la sala fue una afrenta. Pudieron tener la precaución de no sentarlos juntos.

—¿No preocupa el efecto de las sentencias en la ciudadanía?
El juez tiene que dictar justicia de acuerdo a su conciencia, a la Constitución y las leyes. No se puede acomodar la sentencia al estado de ánimo ciudadano. Existen resoluciones populares y también las impopulares.

—No me refería a acomodar la sentencia al gusto de la gente, sino a preocuparse por el lenguaje, las formas, el efecto aleccionador.
Claro que sí, eso es la jurisprudencia, de ‘juris’, derecho, y prudencia. En la Academia de la Magistratura, por ejemplo, nos preocupamos y estamos invocando y recomendando a los jueces a que usen un lenguaje que pueda ser entendido por la ciudadanía.

—Cuando fue congresista de Izquierda Unida, promovió una ley de amnistía a favor de dirigentes de izquierda que eran confundidos con terroristas. ¿Estaba seguro de que no se le podían pasar algunos?
El proyecto señalaba que se aplicaba a quienes no hubieran cometido hechos de sangre ni tuvieran armas. Lo que pasaba es que al reprimir el terrorismo, se detenía a sospechosos porque tenían un libro de Mariátegui o Marx. No lo presenté yo, fue la bancada de IU, 26 congresistas. Fuimos víctimas de Sendero; a mi paisano, el diputado Heriberto Arroyo, lo asesinaron. Fui juez sin rostro en Lambayeque y he condenado a terroristas y he absuelto a inocentes. En el 2007 ratifiqué la condena de cadena perpetua a Abimael Guzmán y las de 25 años a Morote y Liendo. Me tocó sustentar la teoría de la autoría mediata que se le adjudicó a Guzmán.

—¿Si hubiera estado en el inicio de ese caso, les hubiera dado cadena perpetua como a Guzmán?
Ya estaba planteado y decidido eso, no era motivo de nuestro análisis.

—En nuestro actual sistema toda la carga de la investigación la tiene la fiscalía. ¿No extraña un papel más proactivo de los jueces?
Todavía tenemos dos códigos, en el antiguo hay juicios de oficio e investigación. Pero ahora, en el nuevo, desapareció la figura del juez instructor e investigador. Así es en todo el continente,el sistema acusativo rige.

—¿Hay márgenes en los que el juez investiga, derivados de su papel de elaborar la sentencia?
No, imposible. El juez puede hacer ver un vacío y, en todo caso, pedirá a la fiscalía que investigue.

—¿Cómo vamos con la justicia digital? ¿Podrá cumplir con su promesa en su corta gestión de dos años?
El año pasado se implantó en los juzgados laborales. Ahí ya no hay expedientes, cero hojas, notificación electrónica. El Gobierno Central nos ha dado presupuesto para seguir avanzando. La justicia electrónica es un hecho y va más allá: Hay remate electrónico, embargo electrónico y se permite que las partes tomen fotos con celular a los expedientes.

—¿Tienen medido el impacto de este avance?
El impacto es tremendo, ya no serán tres años de juicio sino mucho menos. Es muy alentador. Los cifras no las tenemos todavía.

—¿Sí tiene estadísticas sobre los delitos que más consumen el tiempo de los jueces?
El delito monopólico es la omisión de asistencia familiar. Pasa desapercibido, y hasta hay presos por eso, lo que aleja la posibilidad de que cumplan con sus hijos. Es demasiada carga procesal. Otro delito frecuente es la violación. Estamos implementando en Villa El Salvador un módulo especializado, donde está la cámara Gesell, los psicólogos, los médicos legistas. Y en mayo inauguraremos el primer juzgado de justicia ambiental en Puerto Maldonado, también como un homenaje a Olivia Arévalo, la líder indígena asesinada.

—¿Le preocupan las prisiones preventivas prolongadas?
No hay un uso adecuado. No podemos ser ingenuos y dejar de darles prisión preventiva a narcotraficantes pescados con toneladas de droga, pero a alguien procesado por otros delitos, que tiene sus bienes, su casa identificados, ¿para qué le van a dar prisión preventiva?

—¿Ha conversado con el fiscal Pablo Sánchez al respecto? ¿Ha hecho invocación a los jueces?
Los jueces saben perfectamente los criterios. No es necesario darles directivas. Si lo hago, lo van a tomar como una interferencia y me van a acusar de que quiero favorecer a alguien[...]. El plazo para acusar es de cuatro meses, pero [después] se declara el caso complejo, se suman más meses, luego asociación ilícita, crimen organizado, más meses, para tener tiempo de investigar [...]. Las partes, cuando vean que sus derechos están amenazados, pueden recurrir a acciones ante el juez.

—El Caso Toledo ya está en manos del Ejecutivo y le espera un largo proceso en EE.UU. ¿En la Cumbre de las Américas se planteó algún nuevo convenio para al menos establecer plazos, pues ni siquiera los hay?
Tenemos la Convención Interamericana, que tampoco tiene plazos. En la cumbre se mencionó el tema en el borrador, y se suprimió a pedido de EE.UU. Ahora, tenemos el convenio de extradición con EE.UU. Yo esperaría que del Ejecutivo haya una propuesta de modificación para ponerle plazos. En Europa existe la ‘euroorden’, que la cumple un juez de cualquier otro país, como el caso del presidente de la Generalitat de Cataluña [Carles Puigdemont], que lo detuvieron en Alemania, sin intervención de las autoridades políticas.

—¿Se vio en la cumbre la posibilidad de tener acceso a bases de datos del FBI, la CIA, o estoy soñando?
Se vio, de manera genérica, colaborar en temas financieros, pues hay paraísos fiscales en América. Nosotros hemos avanzado más con la imprescriptibilidad de delitos de corrupción e inhabilitación para candidatos.

—Mirko Lauer lo lanzó a la presidencia.
No tengo el gusto de conocer al Sr. Lauer, no he conversado con él. Yo estoy concentrado en mi labor. El próximo año me retiro de juez, pues llegó a los 70, y volveré a la actividad privada.