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Fernando Rospigliosi: “No se pueden usar recursos del Congreso para hacer campaña en función de un candidato o de varios”
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Fernando Rospigliosi recibe a El Comercio en su despacho, en medio de las obras de renovación del Palacio Legislativo previstas hasta marzo próximo. En sus respuestas, el presidente encargado de la Mesa Directiva opta por un tono institucional al responder sobre temas como las restricciones a sus colegas en época electoral, el Reinfo o los pedidos para pagar pensiones a Dina Boluarte y otros expresidentes. Aun así, el tono confrontacional que lo ha marcado a lo largo de su etapa en las filas de Fuerza Popular -partido con el que ahora buscar ser electo para el próximo Senado- sale a flote al navegar temas como el Ministerio Público, su rechazo a la etiqueta de leyes “pro-crimen” o las protestas del 2022, 2023 y 2025.
-¿El Fernando Rospigliosi que ingresó a este Congreso como accesitario, tras la muerte del congresista Hernando Guerra García, pensó que iba a terminar su gestión al frente de la Mesa Directiva?
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Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.
No, en absoluto. Jamás lo imaginé. Cuando entré, fue de manera repentina, sorpresiva y trágica, por lo de ‘Nano’, pero inmediatamente me puse a ver los temas que me interesaban: la ley de lesa humanidad y la ley para devolver la investigación preliminar a la policía (…) Esos fueron mis dos objetivos que, gracias a la bancada de Fuerza Popular, logré sacar adelante, porque no es fácil sacar adelante temas que son eh controvertidos y complicados. Eso era a lo que me dedicaba, a ciertos temas que me interesaban, pero después ocurrieron una serie de hechos y terminé acá, donde nunca pensé estar.
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-¿Dudó al quedarse al frente de la Mesa Directa cuando José Jerí se fue a Palacio de Gobierno?
Fue tan rápido que no había tiempo para dudar. Recuerdo que ese día inicié la sesión (del pleno) y José Jerí estaba en Palacio con la presidenta Dina Boluarte. Traté de empezar discutiendo los temas de agenda y no pude. Se armó un escándalo y todos empezaron a gritar, la izquierda y la derecha, y tuve que suspender la sesión, (convocar) una junta de portavoces. Volvimos y empezaron a hablar todos para tumbar a Dina Boluarte. A mí me parecía equivocado, pero, en fin. Todos querían que venga el gabinete para cortarles la cabeza y en la noche ya estaba la censura de Boluarte. Fue una cosa impensada, rapidísima, no hubo tiempo para decir si hacemos esto o lo otro, simplemente ocurrió y no había manera de evadir esa responsabilidad.
-¿Tampoco hubo tiempo para conversarlo con su bancada? Ellos apoyaron la vacancia de la señora Boluarte.
Bueno, sí. Recuerdo que después que terminó la sesión, a la 1 o 2 de la tarde, nos reunimos de emergencia para discutir este asunto y ahí se decidió en la bancada apoyar la moción que ya estaba en curso y que era inevitable.
-Viéndolo en perspectiva, ¿sigue creyendo que era equivocado vacar a Dina Boluarte?
Fue un hecho que, como digo, era inevitable. Yo había escrito, mucho tiempo antes de entrar al Congreso, que Boluarte tenía pocas posibilidades de llegar al 2026. Era mi análisis porque la señora lo venía haciendo mal y cualquier cosa que pudiera ocurrir, podía tumbarla y sucedió un hecho, un asesinato más de los varios que ha ocurrido, y cayó. Era un gobierno muy incompetente, aunque hay que reconocer que ella hizo lo suyo en el 2022 y 2023, cuando resistió la presión para reimponer a Pedro Castillo en el gobierno…
-En la semana posterior a que usted asume el liderazgo de la Mesa Directiva, se informó sobre discusiones al interior de la bancada respecto a si se debía mantener usted o si debían dar un paso al costado…
(Risas) Yo me enteré de esas discusiones cuando leí los medios de comunicación y veía que se especulaba sobre eso. Eso nunca sucedió. Lo que sí hubo, y eso lo había dicho la bancada, era que nosotros no teníamos aspiración de ocupar la presidencia del Congreso, pero sucedieron estos hechos y bueno, ya no había ninguna otra opción, a menos que se hubiera vuelto a elegir una nueva Mesa Directiva, lo que era complicadísimo en esas circunstancias; pero en la bancada no hubo ninguna discusión.
-Ya dentro de su rol al frente de la Mesa Directiva, ¿qué balance hace de estos meses?
Han sido complicados, por toda esta de inestabilidad que vive el país. Pero una cosa positiva es que el presidente José Jerí ha tenido un desempeño muy activo que ha creado expectativas en la población. Eso es bueno. Hay gente que critica y dice que está en todas partes, pero eso está muy bien, porque ayuda a que la gente tenga confianza que hay algo que va a mejorar. He estado viendo precisamente algunas cifras sobre seguridad ciudadana, sobre homicidios, y las cosas están mejorando lentamente, un poco, pero están mejorando. Tampoco se puede hacer mucho en unas pocas semanas, sobre todo siendo un gobierno ha llegado en la circunstancia que conocemos; pero eso ha sido positivo y ha ayudado también, hasta cierto punto, al trabajo en el Congreso.
-Las tasas de muertes por homicidios siguen siendo muy altas…
Siguen siendo altas, sí, pero eso no va a cambiar. O sea, no puede cambiar de un día para otro, ni acá ni en ninguna parte; pero sí hay una mejora, sí hay una actitud más proactiva de parte del gobierno. Además, tenga en cuenta que el propio Jerí no tenía idea de que iba a ser presidente al día siguiente y que tenía que formar un gabinete. Y ha formado un gabinete bastante razonable. No es un gobierno que fue elegido y tiene varios meses para preparar su gabinete. Fue una cosa inesperada y, a pesar de todo eso, no lo está haciendo mal.

-¿La respuesta del Estado ante la criminalidad solo requiere más de esa actitud o proactividad, o también se debe cambiar el marco legal para enfrentarla?
No, no, se requieren muchos cambios. Acá en el Congreso, hay una comisión que presidió Maricarmen Alva, que hizo un informe sobre una reforma del poder judicial. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es el sistema judicial. La inseguridad ciudadana es básicamente por dos cosas: la llegada de delincuentes venezolanos muy violentos y el sistema judicial. Eso tiene que ser cambiado. Ahora, es muy difícil cambiarlo con un gobierno con estas características. Se requieren no solamente medidas legales, sino un gobierno que tenga la legitimidad para impulsar esos cambios. Yo espero que en el 2026 eso ocurra. Por el momento vamos avanzando, creo que el informe que presentó Maricarmen Alva es positivo y tiene que transformarse en leyes, en cambios constitucionales, etc.
-Pero eso ya sería para el próximo Congreso…
Algo podemos hacer en la siguiente legislatura, pero básicamente va a ser el próximo Congreso y el próximo gobierno. Por eso es muy importante tener un gobierno fuerte, enérgico y decidido, que enrumbe al Perú para salir de esta crisis.
-Y así como se habla de reformar el Poder Judicial y la fiscalía, ¿no se requiere también una reforma transversal de la Policía?
Sí, hay que hacer cambios en la policía. Yo no hablaría de reforma de la policía, es otra situación, pero hay que hacer cambios: lucha anticorrupción, cerrar escuelas policiales y concentrarlas. Gran parte de los problemas que hay ahora, de corrupción y de mala gestión, es porque en estas escuelas policiales entra gente sin la debida preparación y cuando salen, no hacen un buen trabajo. Se requiere más calidad que cantidad, eso es muy importante.
-Solo esta última semana se conoció un caso de policías detenidos en la misma Dirincri, acusados por un soborno, y son casos que se ven de forma muy frecuente…
Claro. Como te digo, (se requiere una) lucha anticorrupción muy fuerte. Eso es indispensable, porque la policía está en trato directo con los delincuentes. O sea, la policía es más propensa a la corrupción que otras instituciones. La Policía tienen que conocer a la delincuencia, ¿cómo la infiltra si no la conoce, si no está cerca de ella? Por eso, siempre se requiere una lucha anticorrupción muy fuerte. Yo cuando estuve en el ministerio cree una oficina de Asuntos Internos. Eso es muy importante, es decisivo para evitar estos problemas.
-Usted dio un mensaje a propósito de los tres años del intento de golpe de estado de Pedro Castillo. ¿Qué sensación le deja que este Congreso, que usted lidera, no haya logrado los votos para para inhabilitar a Pedro Castillo por una infracción a la Constitución flagrante como la ocurrida ese día?
Bueno, el Congreso logró vacarlo al instante y eso fue decisivo. Ahora, en estas circunstancias, hay grupos castillistas. Él llevó una buena cantidad de gente a este Congreso. Y además hay muchos oportunistas que creen que apoyando a Castillo van a tener votos que él les puede endosar. Miran las encuestas, dicen que Castillo tiene popularidad y que, si arriman a él, (los castillistas) van a votar por ellos en la siguiente elección.
-¿Fue un cálculo electoral de estas bancadas?
Hay un cálculo electoral de algunas personas. Está bien, ellos pueden hacer lo que quieran, pero creo que los ciudadanos que aprecian la democracia y aprecian que no hayamos caído en una brutal dictadura chavista y comunista, como la de Venezuela o Cuba, tengan en cuenta eso a la hora de votar.
-Me parece llamativo el contraste entre ese caso y el de los fiscales supremos. Se les hizo un proceso mucho más rápido y acabó con la inhabilitación de una de ellos. ¿Cómo entender que sí se llegó a un consenso para inhabilitar en un caso como el de Delia Espinoza y no en uno como el de Pedro Castillo?
En el caso de Pedro Castillo, hay gente que está pensando electoralmente; en el caso de esta señora, no, ese factor no ha intervenido. Además, esta señora tiene una rara característica, que es pelearse con todo el mundo. Es problema de ella, ¿no? Ella se lo ha ganado. Yo presenté la acusación, junto con los congresistas José Cueto y Alfredo Azurín en octubre del año pasado, porque dimos esta ley que devuelve la investigación preliminar a la policía, la promulgó el gobierno, e inmediatamente la Junta de Fiscales Supremos saca un reglamento para no acatarla.
-¿Fue la junta? Lo que se ha informado desde el Ministerio Público es que quien firma esa resolución fue el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena…
La firma el fiscal encargado, pero después cuando Delia Espinoza se hace cargo de la fiscalía, ella salía a todos los medios a criticar la ley y a decir que no la acaten. La fiscalía no tiene esa protestad que tienen los jueces, que la emplean mal pero que la tienen, del control difuso. La fiscalía no tiene esa potestad, tienen que aplicar la ley, sí o sí.
-¿La acusación incluye esas indicaciones posteriores de Delia Espinoza o solo se refiere al acto de la firma de ese reglamento?
La acusación se hizo en octubre (del 2024) y después se amplió, pero a la hora de la votación, los congresistas han considerado el desempeño (de Espinoza) a lo largo de este tiempo. Por ser uno de los acusadores, yo no participé en la sesión del pleno ni intervine, ya porque que cada uno votó como votó ya es otro problema, por el cual hoy día no puedo responder. Yo no voté.

-Pero sigue siendo llamativo que se haya probado solo contra ella y no contra el resto de fiscales supremos a los que se acusó por el mismo tema…
Bueno, como digo, ella ha hecho su trabajo, ella ha trabajado intensamente para lograr esa votación…
-Podría entenderse como una represalia…
No, no como una represalia. Cada quien busca y encuentra. Todo el mundo conoce cuál es el desempeño de esta señora, se pelea hasta con su propio abogado, con sus amigos en la Junta de Fiscales Supremos. El otro día intentó entrar de forma prepotente a una reunión a la que no estaba invitada. ¿Esa señora quiere ser fiscal de la Nación?
-¿Qué prioridades va a tener la Comisión Permanente en estas últimas semanas del año?
La próxima semana tenemos otra acusación contra Delia Espinoza. Ella, ilegal e inconstitucionalmente, acusó a todos los miembros de la Comisión de Defensa por haber votado en un sentido, cuando la Constitución dice que los congresistas no son responsables por sus votos; tenemos otra contra Mirtha Vázquez cuando fue presidenta del Congreso; y la segunda votación del Reinfo.
-¿Es un hecho esa ampliación? ¿Van a aprobar esa segunda votación?
Se ha aprobado un texto, que tiene que ser ratificado en segunda votación. Si se cambia el texto, no sé qué va a pasar, porque sería en primera votación y tendría que ir a una segunda. El texto que se aprobó mejoró muchísimo lo que era la propuesta de la comisión (de Energía y Minas). La ampliación de Reinfo por un año era inevitable. Tienes por lo menos 30,000 (informales) que no puedes dejar en el aire, está clarísimo, pero lo importante es que esos 50,000 que querían volver, no van a volver. También lo de las exclusiones: si uno de los que tienen un Reinfo invade una concesión minera, ¿se les puede botar? Lo que decía el proyecto inicial (de la comisión) es que no se les puede botar. Ahora eso se ha quitado, se les puede excluir. Estos eran dos puntos claves. Con eso se ha mejorado sustancialmente y dentro de lo que hay, es lo mejor que podía sacarse o lo menos malo.
-Otra lectura que se le puede dar es que los ilegales que usan el Reinfo como una fachada van a poder seguir operando durante todo el 2026…
Sí, pero era inevitable. Eso ya no lo podías evitar de ninguna manera porque el proceso de formalización, que depende básicamente del gobierno, no ha concluido. Entonces, tienes artesanales que realmente son pequeños mineros y tienes a los ilegales. No había forma, pero creo que lo que hemos logrado es una cosa bastante razonada.

-Usted tiene experiencia en el sector Interior y en la arena política. ¿Hay dinero de la minería informal y la minería ilegal que se infiltra en la política?
Creo que no cabe duda eso. Así como ha habido dinero del narcotráfico, y sigue habiendo, las economías ilegales están penetrando todas las instituciones y también en la política. Teniendo en cuenta que la minería ilegal, sobre todo el oro, produce miles de millones de dólares al año, es natural que eso vaya a infiltrarse también en la política. Hemos dado leyes en el Congreso para tratar de mejorar, hasta donde se pueda desde el punto de vista de la normatividad; pero ya sabemos que en el Perú, un país informal, la ilegalidad puede penetrar por muchos lugares.
-Y ahora que se está extendiendo el Reinfo para todo el 2026, un año electoral, ¿eso no da pie a que ese dinero se infiltre en la campaña
No, no. Eso no es culpa del Reinfo, eso es culpa de la situación de la minería ilegal y del precio del oro. Hace no mucho tiempo, el precio estaba a 1,600 o 1,700 dólares la onza. Después, de pronto pasó a 2000, 4000, 5000. Con esos precios, la minería ilegal ha barrido en muchos lugares y es muy difícil controlarla, pero espero que, con las normas que se han dado, por lo menos la situación mejore. Hay que desarrollar un combate a fondo contra la minería ilegal, cosa que ojalá que este gobierno empiece a hacer con fuerza.
-¿Y qué opina de que cada vez que se debaten temas vinculados al Reinfo y la minería informal se haga con cientos de personas desplegadas frente del Congreso, protestando y bloqueando la vía pública?
Eso lo usan los que están a favor de la minería ilegal para decir, “Miren, afuera están las masas populares”. ¿Cuántos son en realidad? ¿Mil, dos mil, tres mil? En un país de 37 millones de personas, es una minoría, pero lo usan políticamente y como un mecanismo de presión. Han estado durante Abancay y otras avenidas del Centro de Lima, causando esos problemas. Hay que reconocer que no han habido manifestaciones violentas, pero sí causando ese tipo de problemas.
-Usted se pronunció en su momento a favor del de que la policía actúe con firmeza frente a los manifestantes contra el gobierno y el Congreso. ¿Por qué no pedir lo mismo frente a los manifestantes que bloquean una avenida frente al Palacio Legislativo?
Bueno, eso ya es problema de la decisión del gobierno; pero como te decía, ellos no ejercen violencia. No son como esos que vienen para provocar muertos y heridos. Cuando le disparan pirotécnicos a la policía, cuando tiran bombas molotov, cuando tiran piedras, lo que quieren es provocar muertos y heridos para generar una crisis política.
-Pero igual bloquean avenidas…
Sí, pero es distinto de lo que hacen los otros. ¿Por qué el gobierno no despeja? Bueno, eso habría que preguntarle al gobierno, ya no depende de nosotros.
-Es decir, si mañana manifestantes que están en contra del Congreso, por razones políticas, bloquean la avenida Abancay y se plantan por días, ¿la policía tendría que dejarlos estar como dejó a los mineros?
No sé, eso depende ya de la evaluación que tiene el gobierno, de qué cosa puede ocurrir si los tratan de desalojar por la fuerza. Esa es una evaluación que ellos tienen, que yo no conozco.
-Hay más de 80 actuales congresistas que buscarán su reelección, una cifra que podría ser mayor cuando los partidos definan sus listas con invitados. ¿A partir de cuándo deben pedir licencia para sus campañas?
No tienen que pedir licencia para hacer su campaña. Puede hacerla en los días feriados o por la noche. Con hacer campaña me refiero a estar un mitin, en una marcha, con su número, con lo que sea…
-¿Y cuando lo tengan que hacer en un día o en horario de trabajo?
Cuando hay una comisión, un evento o, desde marzo, un pleno del Congreso y quieren irse a un mitin, tiene que pedir licencia sin goce de haber. Yo propuse, desde que estaba en la Comisión de Constitución esta decisión que ya se adoptó en la Mesa Directiva: que durante los meses de la campaña electoral, los congresistas no van a cobrar ni viáticos, ni van a tener pasajes (para la semana de representación), ni para ellos ni para los asesores. La semana de representación no se puede anular, tienen que hacerla, pero no van a recibir fondos del Congreso para ese efecto.
-Cuando un congresista, en día de sesión de pleno, de comisión o en vez de acudir a su al dentro de labores, va a hacer campaña, va a un mitin, a una actividad partidaria, ¿tendrá que pedir licencia sin goce de haber?
Tiene que pedir licencia sin goce de haber, sí. Pero si la hace fuera de sesiones de pleno o de comisión, tiene derecho a hacer campaña, tampoco se le va a prohibir, eso sería absurdo.
-Podría ocurrir, si estamos en sesiones virtuales, que un congresista se conecta desde su mitin, desde su local de campaña. ¿Eso se va a permitir?
Ahí ya estamos entrando a problemas específicos que tendrán que delimitarse, pero tú no puedes estar en una sesión del pleno y conectarte a un mitin de campaña electoral o a una acción de propaganda.
-Se han visto cosas…
Bueno, ahora creo que los congresistas deben tener más cuidado. Las sanciones no son del Congreso, son del jurado electoral.
-¿Cómo va a funcionar un Congreso con más de 80 de sus integrantes constantemente pidiendo licencia para sus campañas?
Vamos a tener, seguramente, no tantas sesiones del pleno. De todas maneras, habrá plenos semanales. Yo espero que no que no sean tantos los congresistas (que pidan licencia) específicamente los días de pleno o de comisiones.

-Usted mismo va a tener que pedirle licencia para actividades de su campaña…
En el 2021 yo no hice campaña, no estuve en un solo mitin ni una sola caravana. Ni siquiera me puse ese número de congresista. Ahora soy congresista, presento proyecto de leyes, soy primer vicepresidente y asumo la encargatura de la presidencia. (Con) la cantidad de cosas que tengo que hacer, no voy a tener mucho tiempo para hacer campaña. Mi labor va a estar más concentrada acá.
-En relación con el reportaje de Cuarto Poder sobre trabajadores del Congreso que estaban en el local de Fuerza Popular en horario de trabajo, usted dijo que ellos estaban haciendo “trabajo político” ¿Cuál es el límite entre el “trabajo político” y que un trabajador pagado por el Estado dedique su tiempo, en horario laboral, a labores estrictamente partidarias?
Los congresistas son políticos, han entrado a este Congreso como parte de un partido político. En Fuerza popular siguen perteneciendo a ese partido y a esa bancada. Y si un congresista le encarga a su asesor o un empleado que vaya a hacer una coordinación política en local, es normal que lo haga, así ocurre en cualquier parte del mundo. Acá lo que se pretende es que los congresistas no hagan política, es una cosa totalmente descabellada. No se ha encontrado a estos trabajadores paseándose, divirtiéndose en una discoteca, no, está están trabajando. Ahora, esa línea que me dices que hay que trazar es muy difusa. Hay que ver en cada caso si hubo algún problema o algún exceso, pero en general han estado haciendo su trabajo.
-Llevando esto tema al contexto de la campaña, ¿es correcto que un congresista utilice personal de su despacho parlamentario para que trabaje o para que apoye su campaña de reelección?
Siempre y cuando no viole las reglas que hemos establecido. Si en un día de trabajo está con un cartel por su congresista, está violando la ley.
-¿Y si usan los espacios del Congreso para labores vinculadas a la campaña?
Ya hemos visto como hubo escándalo en la legislatura pasada cuando una trabajadora, una funcionaria, tenía la foto de un líder político. Eso lo puedes tener en tu despacho personal del Congreso, pero no en una oficina del Congreso. Hay esa línea divisoria.
-Es decir, ¿no se puede usar al personal para hacer campaña en digamos en horario de trabajo, en horario de oficina?
No se puede. En esta oficina (de la presidencia del Congreso), nunca vas a ver propaganda de algún candidato o partido. Si alguien pone eso acá, eso sería completamente ilegal, irregular. No puedo estar usando esta oficina para hacer una campaña de un candidato determinado. Eso se hace afuera.
-¿Los actuales trabajadores del Congreso que están postulando para el próximo Congreso bicameral también deberán pedir una licencia para hacer campaña?
A partir de cierto tiempo, sí. Hasta donde yo sé, (a partir) de febrero. Cualquier ciudadano en cualquier dependencia pública puede ser candidato, salvo que sean un militar en actividad, por ejemplo. Un trabajador del Ministerio de Salud, de Justicia o del Congreso, puede postular a un cargo público, pero no puede utilizar su puesto para beneficiarse. Tiene que hacerlo fuera del horario de trabajo, fuera del local y a partir de cierto momento, que creo que es en febrero, van a tener que pedir licencia.
-¿El Congreso, como entidad, fiscalizará que los congresistas y los trabajadores no dediquen su horario laboral a hacer campaña o a trabajar para una campaña?
Sí, claro. Yo, por lo menos, en las reuniones que he tenido con funcionarios y con muchas personas de aquí, he dado instrucciones clarísimas en ese sentido y lo vamos a tener que hacer explícito y formalmente pronto. Hay que advertir las cosas que se pueden hacer y las que no. Estamos preparándolo de acuerdo con los manuales que se pueden elaborar, a partir de las normas legales y las disposiciones del jurado. Lo vamos a hacer.
-¿Cuál sería el sentido de esas instrucciones? ¿Dejar en claro que no se puede usar recursos del Congreso para hacer campañas políticas?
No se puede usar recursos del Congreso para hacer campaña en función de uno o de varios candidatos. Eso está claro. Para eso existe los mecanismos que se han establecido acá en el Congreso con norma de financiación de las campañas.

-En medio de estas licencias y de la campaña, ¿el Congreso va a poder desarrollar una agenda legislativa en lo que en lo que resta de gestión? Lo que se comenta por estos pasillos es que ya todos están en modo campaña o modo reelección…
Ojalá que sí, que podamos hacer el trabajo que necesitamos. Yo he presentado proyectos de ley y espero que se aprueben en la siguiente legislatura. Hay algunos que, por lo menos, tenemos objetivos claros de determinadas leyes que tienen que salir.
-Como encargado de la Mesa Directiva, ¿cuáles serán las prioridades que tendrá el Congreso para lo que resta de gestión?
Que los congresistas sean suficientemente sensatos y responsables y que no dejen de hacer su trabajo por la campaña electoral. Ya veremos.
-Uno de los proyectos que ha presentado es para que los policías y militares que actúen durante protestas no tengan responsabilidad penal. ¿No es una ley de ‘gatillo fácil’ contra las personas que participan en manifestaciones?
Para nada. Es al revés: la práctica es (perseguir) a quienes nos salvaron de caer en una dictadura comunista en diciembre de 2022, enero, febrero, marzo de 2023. Ellos nos salvaron (…) Lo que dice el trayecto de ley que he presentado es sencillo: aquellos militares y policías que actúan en defensa de activos críticos nacionales, de aeropuertos, en defensa de la vida y la seguridad de las personas, haciendo uso legítimo de sus armas, no tienen responsabilidad penal. Y eso se aplica también a lo del 2022 y 2023
-¿Para usted no hubo excesos vinculados a las protestas de esa época? Hay videos de un manifestante al que le cae una bomba lacrimógena en la cabeza...
Hubo excesos, sí, de la fiscalía.
-Me refiero a la policía y fuerzas armadas…
Hubo excesos de las turbas violentas, alentadas por terroristas y economías ilegales, y excesos de la fiscalía. La fiscalía formó un equipo de 74 fiscales y funcionarios dedicados solamente a perseguir policías y militares. ¿Cuándo has visto eso en alguna parte del mundo?
-Para usted, ¿todas las muertes en esas protestas fueron justificadas?
Si hubiera algún caso, se tendría que investigar específicamente, pero eso no ha hecho la fiscalía. ¿Sabes cómo funcionó? Si 50 policías estuvieron en Andahuaylas, a los 50 los meten al proceso. Y agarran toda la cadena de mando: el jefe de la Policía, el jefe de la región, todo (…) La cosa tiene que ser específica: si hubo una mala actuación en este caso concreto, entonces investigo ahí, pero no meto a todos.
-Hay testimonios de personas que no estaban participando en las protestas, que pasaban por el lugar y les cayó una bala…
Ese cuento lo conozco desde que era ministro del Interior, desde hace 25 años. ‘Yo estaba pasando por ahí, yo estaba pasando por el aeropuerto de Ayacucho’. Ya pues…

-En las calles de Huamanga, hay videos…
Está bien, que se determine específicamente si hay algún caso, pero ese cuento de que yo estaba pasando por ahí…todos estaban pasando por ahí. ¿Alguno se ha declarado culpable de los que tiraban pirotécnicos, bombas molotov y ladrillos a la policía?
-Se lo planteo de otra forma. Si un policía o militar dispara de forma injustificada a un manifestante. ¿Debe ser pasible una investigación y una sanción?
Sí, debería ser pasible de una investigación y determinarse si disparó de manera injustificada.
-¿Esta ley que propone usted no le cierra la puerta de eso?
No, no, porque habla del uso legal y constitucional de las armas. No dice cualquier uso de las armas.
-¿Cómo se determina si el uso fue legal o no?
Muy sencillo, con una investigación, cosa que no hace la fiscalía. La fiscalía va en bulto con contra los militares y policías. La fiscalía no investiga. La fiscalía acusa por ideología, está lanzada a acusar a todos los militares y policías y a proteger a los terroristas y a los delincuentes.
-¿Pero no apunta esta ley a que no se pueda ni siquiera investigar?
No. Tú puedes investigar si demuestras que no ha habido un uso legítimo del arma. Claro que sí. ¿Pero crees que se han hecho pruebas balísticas? No, van a acusarlos de frente, sin investigar. Primero acusan y después tratan de justificar la acusación con investigaciones falsas, truchas.
-El Congreso tiene un canal propio, equipos de prensa para la Mesa Directiva, para las bancadas, para los despachos parlamentarios. Con todo eso, ¿qué necesidad había de obligar al IRTP a que transmita en vivo las sesiones del pleno?
El canal del Estado es del Estado. El Congreso es parte del Estado. Antes eh había una disposición para que transmita una hora, ahora son dos horas. Dos horas de 24, menos del 10%.
-Ya tienen el canal del Congreso. ¿Por qúé obligar al IRTP?
El canal del Congreso es un canal específico solamente del Congreso, pero el canal del Estado es de todos los peruanos y de todas las instituciones del Estado.
-¿No debe tener el IRTP autonomía para decidir sus contenidos?
Sí, claro, debería tener cierta autonomía, pero no solamente para dedicarse al gobierno, un poquito (también) al Congreso, menos del 10%.

-Usted rechaza la etiqueta de leyes “pro-crimen”. Olvidémonos por un momento de esa etiqueta. ¿No son normas que, en un afán de defender los derechos de la persona investigada, han terminado haciendo más complicado que se investiguen y sancionen delitos en un contexto de criminalidad desbordada?
Al contrario, lo que se está haciendo es impedir que el sistema judicial sea usado como un aparato de persecución política contra los enemigos de quienes controlan ese sistema judicial. Esta semana tuvimos aquí en el Congreso un excelente panel, con César Nakazaki, Humberto Abanto y Delia Muñoz, tres prominentes abogados, cada uno en su ámbito, que han explicado con detalle estas leyes que la ‘mafia caviar’ llama “leyes pro crimen”.
-En estos paneles que hace el Congreso y ahora también el Ejecutivo para analizar estas leyes, ¿no se está convocando solo a especialsitas que, si bien son reconocidos, ya se sabe que tienen una posición a favor? ¿No sería más interesante abrir el debate a también a fiscales o procuradores para que ellos también presenten un contrapunto?
Esos son los que están en todos los medios de comunicación. Acá los ponemos en una pequeña sala del Congreso, con el canal del Congreso. Es lo hacemos para tratar de difundir la realidad, porque tenemos que luchar contra una ola gigante de mentiras y de falsedades a este respecto.
-Hay muchos candidatos que están proponiendo derogar estas leyes como parte de sus campañas…
Seguramente, así como muchos candidatos están subiéndose al carro de Castillo, se oponen a sancionar a golpista. Hay muchos candidatos que estarán también a favor de la minería ilegal. Desgraciadamente, es así la democracia.
-La calificación de estas leyes como procrimen, al margen de que usted no las considera así, ha calado en la población y va a ser un factor en la campaña
Es que ha habido una campaña feroz, que es una campaña falsa. Yo reto a cualquiera de estos personajes que hablan de leyes “procrimen” a tener un debate con alguno de estos abogados y muchos otros, que son gente que no solamente conoce la teoría, sino que además litigan, defienden a personas y conocen cómo funciona el sistema.
-¿Le van a dar la pensión vitalicia a Dina Boluarte?
Mira, eso depende de lo que digan las oficinas del Congreso, la Oficina de Asesoría Jurídica. Hasta donde yo conozco, eso ha ocurrido con otros vicepresidentes que han reemplazado al presidente, que fueron elegidos en una fórmula presidencial, (como) Vizcarra.
-Vizcarra no recibe una pensión, congresista
Bueno ahora seguramente, pero antes sí.
-Tengo entendido que no…
Bueno, creo, pero, en fin, eso lo va a determinar la Oficina de Asesoría Jurídica.
-¿Usted tiene una opinión al respecto?
Prefiero no opinar, no meterme para que no digan que he intervenido, pero eso se va a resolver de manera legal. Lo que está claro es que los encargados, como Sagasti, Merino, Jerí, no van a recibir una pensión. Los vicepresidentes elegidos en la fórmula que reemplazaron al presidente, tienen otro estatus. Vamos a ver.
-Me da la impresión de que usted está un poco más abierto a que sí se le da la pensión a la expresidenta.
Yo simplemente hago esa diferencia y me atendré a lo que dice (la Oficina de Asesoría Jurídica), yo no voy a intervenir en ese tema.
-¿El escaño del congresista Bermejo va a quedar vacío?
Eso es lo que interpretan algunos. Todavía estamos en los trámites porque hubo la opinión de una oficina, pasó a Asesoría Legal, de ahí pasó a Recursos Humanos; en fin, hay varias cosas que ver.
-¿Pero a qué apuntan esta opiniones que se van saliendo de las oficinas? Se conoció que la procuraduría le recomendó que el escaño quede vacío.
Claro. Creo que hubo una opinión más en el mismo sentido y después hay una tercera opinión que se ha pedido otra oficina para ver o qué nos dice.
-¿Estos temas de Boluarte y de Bermejo que se están queriendo, digamos, ‘patear’ para más adelante?
(Risas) El tema de Bermejo, pues, todavía no se ha resuelto. Ya estamos en receso del pleno. En fin, ya veremos qué ocurre.
-¿Y en el de Boluarte para cuándo se estima una respuesta?
No te podría decir. La verdad es que no lo sé. Tampoco es un asunto de gran trascendencia nacional, pero espero que podamos resolver bien.
-En el caso de Pedro Castillo, un juzgado les ordenó darle la pensión como expresidente. Ustedes apelaron, ¿eso ya se resolvió?
No, sigue en trámite. Hay varios casos. Por ejemplo, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, un presidente elegido que fue vacado, hubo una disposición judicial para recortarle una parte de su pensión. Ahora hay una carta suya diciendo que esa resolución judicial ya fue anulada y que deben pagarle toda su pensión. Eso lo están también analizando en la Oficina Legal del Congreso. Hay una serie de casos así, complicados del punto de vista jurídico.
-Esta semana el Jurado Nacional de Elecciones finalmente determinó que usted no tuvo responsabilidad en el caso de la cámara que fue llevado a un mitin de Fuerza Popular en Trujillo. Para usted, ¿de quién fue la responsabilidad?
Para mí fue una sorpresa, como para todos. La responsabilidad es del trabajador. Obviamente, él hizo mal. Él pidió licencia para ir a ese evento político, pero hizo muy mal, fue una acción repudiable.
-¿Él ya no está trabajando en el Congreso?
No. Inmediatamente, como corresponde, se le abrió una investigación y él renunció. Dicho sea de paso, ha sido sancionado con el despido, al margen de su renuncia, lo cual es una mancha en su hoja de servicios. Fue fue responsabilidad del trabajador, no hay más que eso.
-El jurado electoral de Pacasmayo también halló responsable por este caso al señor Jaime Abensur, que es director general parlamentario en el Congreso y militante de Fuerza Popular. Y en su caso, su sanción ha quedado consentida porque no apeló...
No sé por qué no apeló. Entiendo que consideraba que habían cometido una irregularidad, pero no lo sé.
-En todo caso, el jurado determinó su responsabilidad y eso quedó firme. ¿En el Congreso no habrá una sanción similar? ¿Él seguirá como funcionario?
Claro que sigue trabajando. Hasta donde sé, no hay ninguna responsabilidad real que tenga él. No sé cuál es su situación legal porque, como digo, entiendo que no apeló porque cree que estaba mal hecha la citación que le hicieron. En fin, no conozco ese problema legal, pero él nunca ha admitido ninguna responsabilidad.
-¿Para usted él no tuvo ninguna responsabilidad en esto?
No. Hasta donde yo conozco, él no tuvo ninguna responsabilidad. Él no autorizó, no hizo nada para que este trabajador haga eso.
-¿Lo que ustedes entienden es que el trabajador actuó solo, se llevó la cámara por su cuenta?
Hasta donde conozco, sí, a menos que alguien demuestre lo contrario; pero aquí por especulaciones involucran un montón de gente que no tiene nada que ver en el asunto. Aquí la persona tiene que demostrar su inocencia, al revés de lo que ocurre en cualquier país civilizado al mundo. Eso no tiene sentido.
-Como congresista y como encargado de la presidencia del Congreso, ¿qué opinión tiene del trabajo de la la Comisión de ética del Congreso? Este año se conocieron múltiples casos, pero casi ninguna se ha visto reflejado en sanciones concretas.
Eso es porque tenemos 130 congresistas y 12 grupos políticos. Las sanciones se ejecutan con votos, eso depende de votos. Ese es el problema.
-Pero en los pocos casos en los que la comisión si aprobó o recomendó suspensiones en este año, en los casos de María Agüero, Raúl Doroteo y Darwin Espinoza, estos no se han sometido a votación en el pleno, no se han puesto en agenda. ¿Por qué?
Bueno, en algún momento se van a poner. Depende de la agenda, de los problemas que haya y de cómo se van a comportar las diversas bancadas en toda esta situación. Ese es el tema…
-¿Eso depende del Consejo Directivo, de la Mesa Directiva?,
Depende de las bancadas, porque hay que poner las cosas al debate y a la votación cuando hay, razonablemente, la idea de que van a tener su trámite adecuado. Si no, hay que esperar un poco y tratar de conseguir ciertos consensos. Es así.
-El Palacio Legislativo está en estos momentos en medio de obras de cara a la instalación de la bicameralidad. Lo que se comenta es que tendremos un Senado “superpoderoso”. Al margen de las mejoras estructurales, ¿cree que la bicameralidad va a servir para mejorar la imagen del Congreso?
Yo espero que sí, pero dependerá finalmente de los electores y de los partidos. El partido pone los candidatos y los electores votan. Si los electores no eligen a buenos parlamentarios para el próximo periodo, tendremos muchos problemas; si eligen buenos parlamentarios, la cosa mejorará. Creo que el sistema bicameral es mejor y que, desde ese punto de vista, las cosas van a progresar, pero dependerá finalmente de lo que dicen los electores. Ahora, no quiero dejar de referirme a ello: se están haciendo varias reparaciones, pero no solamente es para adecuarlo al nuevo Congreso bicameral. El tercer piso se había construido de manera totalmente irregular, como muchas construcciones informales en el Perú. Es una cosa increíble. Todo eso se está derruyendo. Y a veces hay aniegos, hay una serie de problemas que podrían hacer este inhabitable. Estamos tratando de reparar eso en este periodo y también de dejar de alquilar locales que costaban millones de soles al año y adquirir locales que, claro, te cuestan más en ese momento, pero que van a mejorar la situación eh futuro.
-¿Cuánto está costando lo que sería la adaptación del Congreso a la bicameralidad? ¿Tiene un estimado?
Todavía no. No es tanto tampoco, pero, como digo, es una inversión. Es mejor dejar de pagar millones de soles en alquileres, haciendo una inversión en nuevos locales que luego ya no tendrás que pagar.
-Le pregunté al inicio si imaginó llegar a estar al frente de la Mesa Directiva. Supongo que tampoco imaginó compartir la Mesa Directiva con el congresista Waldemar Cerrón…
(Risas) No, pero esa es la situación que hay en el Congreso y es un hombre tranquilo, hay que decir.
-Siendo el hermano de un notorio prófugo de la justicia, ¿cómo maneja esa situación?
No tenemos muchas ideas comunes, a veces sí coincidimos en ciertas cosas, pero esa es la realidad. Tenemos que comportarnos como seres racionales. Cerrón hace su trabajo y yo hago el mío. A veces discrepamos, a veces estamos de acuerdo, pero tenemos una relación de respeto.

-¿Cuál es su opinión ahora sobre la Junta de Fiscales Supremos a partir de esta recomposición que está viviendo? Volvió Tomás Gálvez, volverá Luis Arce, volvería Víctor Rodríguez Monteza. ¿Aún piensa que es necesario todavía reformar toda la estructura de la fiscalía o con esta nueva dirección está un poco más contento?
No, hay que reformar la fiscalía, de todas maneras. Hemos visto todos los problemas que hay, que vienen de la politización de la fiscalía, que viene del 2018-2019. Vizcarra, la coalición vizcarrista, la ‘mafia caviar’ que se introdujo ahí y llegó a esta politización, a este desastre. Eso hay que cambiarlo. La cosa ha mejorado con Tomás Galvez, sin duda, y con la sabida de esta señora que ha sido sancionada por Congreso y por la JNJ. Ha mejorado, pero todavía hay problemas serios ahí.
-Usted dice que esto viene de Martín Vizcarra. Pero es la misma fiscalía la que investigó, acusó y ha logrado la condena de Vizcarra. ¿Cómo se sostiene el argumento de que todo fue por Martín Vizcarra si esta fiscalía acaba de conseguir su sentencia a prisión?
No, no, ese es un hecho. Es un hecho que Martín Vizcarra politizó la fiscalía de manera descarada. Recordemos cuando regresó de Brasil para botar a Pedro Chávarry el 1 de enero del 2019, cuando liquidó el Consejo de la Magistratura para crear una Junta Nacional de Justicia que él controló al principio. Ahora, eso no quiere decir que todos los fiscales sean malos, politizados. El fiscal Germán Juárez ha hecho su trabajo.
-Pero el fiscal Juárez era hasta hace poco parte del Equipo Especial Lava Jato, el mismo que investigó y acusó a Martín Vizcarra…
El fiscal Juárez, yo lo recuerdo como periodista y escribiendo artículos en otros medios, a mí me parecía desde el comienzo que estaba haciendo su trabajo. Demoró un poco, pero hizo su trabajo y me parece bien. Ahora, Vizcarra fue protegido: mira desde cuándo esta eso, todas las evidencias que había y los años que han pasado. Estamos en el 2025 y Vizcarra se paseaba por todo el país. Lo han tratado de manera completamente distinta a otros, eso es clarísimo, con guantes blancos; pero a pesar de eso, las pruebas eran tan contundentes que no ha sido posible que lo liberen. Hay que entender eso, hay buenos fiscales, hay gente honesta, hay gente capaz.
-Si usted le pregunta al fiscal Juárez, quien también logró la condena en el caso de Ollanta Humala, él decía que el caso de Keiko Fujimori por lavado de activos debía tener el mismo destino…
No, el caso de Ollanta Humala es completamente distinto al de Keiko Fujimori. Ella no fue gobierno y él sí.
-La acusación de la condena de Ollanta Humala fue por hechos previos a su gobierno, por su campaña, igual que en el caso de Keiko Fujimori.
No, porque cuando él llega al gobierno hace cosas en función de (esos aportes)
-La sentencia no aborda esa parte, solo los actos previos en la campaña
No, yo estoy en contra de que se considere los aportes de campaña como una ilegalidad.
-Entonces, ¿la condena de Ollanta Humala debería ser anulada?
Ya veremos lo que ocurre, porque él tiene muchos casos realmente complicados.
-Una última pregunta: ¿se arrepiente de haber dicho que Eduardo Ruiz, alias ‘Trvko’, se hacía llamar ‘terruco’?
No, no me arrepiento. ¿Por qué me voy a arrepentir si es una realidad? Si tú miras todas sus publicaciones, decía ‘T, punto, ruko’
-Lo que ha aclarado su familia, sus amigos, es que el apodo era ‘Trvko’ (pronunciado ‘Truco’)…
No, no han aclarado, han interpretado de manera incorrecta lo que decía en sus redes sociales. Es la realidad, yo jamás he insultado ni me he referido de mala manera a ese señor. Lo que dije textualmente fue: una persona que lamentablemente falleció y que se hacía llamar como aparece en sus redes sociales. No he inventado eso, no se me ha ocurrido a mí. Cualquier persona con dos dedos de frente que mire lo que él decía, era eso.










