
Luego de dos semanas de destaparse el escándalo de las firmas falsas y afiliaciones indebidas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que presentará un proyecto de ley que propone que las inscripciones de los partidos políticos sean suspendidas o se declare su nulidad para los comicios electorales del 2026.
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El titular del JNE y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, fueron citados este martes 6 de mayo por la Comisión de Constitución del Congreso para responder por este caso.
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Sus intervenciones carecieron de autocríticas y mea culpa. Los funcionarios no esclarecieron, por ejemplo, cómo es que las fichas fraudulentas lograron pasar los filtros de sus instituciones.
Burneo detalló que en total se han presentado 159 denuncias por firmas que provienen de un mismo puño gráfico, de las cuáles 118 son vinculadas a partidos políticos y 41 a movimientos regionales.
Asimismo, indicó que en abril de este año se elevó la cantidad de pedidos de desafiliación de ciudadanos que notaron que estaban inscritos sin su consentimiento en agrupaciones políticas. Son en total 1.533 casos entre enero y mayo del 2025.
Sin embargo, explicó que el marco normativo actual no permite que las agrupaciones sean sancionadas una vez que se convoca el proceso electoral, por lo cual las agrupaciones que presentaron falsos afiliados y firmas fraudulentas para lograr su inscripción al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) no tendrían restricciones para participar de la contienda.

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Recordó que a mediados del año pasado, el Congreso aprobó modificaciones en la Ley Orgánica de Elecciones que disminuyeron la capacidad de fiscalización del ente electoral.
“Estamos proponiendo la suspensión o nulidad de la inscripción de las organizaciones políticas ante las firmas con mismos puños gráficos o afiliaciones indebidas. No podemos avalar este tipo de situaciones. Tenemos que dar una respuesta ante la preocupación de la población. Quien haya cometido estos actos graves tiene que tener consecuencias graves”, afirmó.
En ese sentido, subrayó que propondrán que se pueda suspender, cancelar o incluso declarar la nulidad de una agrupación política que haya presentado afiliados a ciudadanos sin su consentimiento o firmas falsas.
En opinión del especialista en derecho electoral José Naupari, la propuesta anunciada por el presidente del JNE es viable.
“Es perfectamente viable. [...] La nulidad se puede aplicar en cualquier momento, incluso con un proceso electoral en curso, porque un partido político tiene vocación de permanencia en el tiempo”, dijo.
Naupari agregó que la inscripción, nulidad y suspensión de partidos políticos no están atados a la regla de inmodificabilidad del proceso electoral.
No obstante, precisó que de cara a los comicios del 2026, se podría llegar a la nulidad de partidos políticos, mas no a la suspensión, por un tema de plazos.
Pide reevaluación
Burneo también pidió que el Congreso retroceda en la norma que impide que los partidos políticos sean sancionados por el Poder Judicial.
“Se eliminó lo que normalmente se daba en un delito, cuando se utiliza a una persona jurídica como instrumento de la acción delictiva. Consideramos importante que el Congreso reevalúe esto y considere dentro de la responsabilidad penal a la persona jurídica”, argumentó.
Agregó que no solo debe responsabilizarse al personero legal, sino a las autoridades partidarias que avalan esta situación y, en el caso de los partidos en vías de inscripción, a los fundadores, como pasa con cualquier persona jurídica.
Burneo precisó que, además de eliminar la tasa de 46.20 soles para el trámite de desafiliación por afiliación indebida, el JNE también está realizando cambios en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para eliminar el pago por las apelaciones que soliciten los ciudadanos en el marco de este procedimiento.
De otro lado, advirtió que el JNE ha realizado coordinaciones con la autoridad de protección de datos personales y, en aquellos casos en los que se declare procedente la desafiliación, los partidos podrían ser sancionados hasta por medio millón de soles.
Finalmente, señaló que el JNE está desarrollando una alerta electoral para avisar a los ciudadanos vía mensaje de texto cuando un partido los presenta como sus afiliados. Indicó que, en el marco de esta alerta, se publicará en diarios oficiales la lista de personas que los partidos pretenden afiliar.
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A su turno, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, consideró que el problema recae en el sistema obsoleto con el que actualmente se verifican las firmas. Afirmó que su institución tiene la capacidad para la verificación biométrica y para acudir a cada uno de los partidos políticos inscritos para validar la identidad de sus afiliados.
Velarde adelantó que solicitará al JNE la autorización y los lineamientos necesarios para visitar los locales de los 43 partidos políticos inscritos, con el fin de verificar la identidad de más de 2.4 millones de ciudadanos afiliados entre el 2021 y 2025.
No obstante, indicó que a su institución no le corresponde hacer una pericia de las firmas que presentan las agrupaciones, sino solo un cotejo. Además, que no existe ningún impedimento para que las agrupaciones presenten múltiples lotes de firmas hasta lograr reunir el mínimo de afiliados válidos.
Por otro lado, responsabilizó al Ministerio Público por no haber recibido en el pasado las denuncias que les hacía llegar el Reniec. Velarde afirmó que la fiscalía archivaba los casos porque no les “generaba convicción” la demanda, y que en lugar de solicitar las fichas a las agrupaciones políticas, las pedían al JNE. Afirmó que nunca se buscó a los ciudadanos cuyas firmas habrían sido presuntamente falsificadas.
Mira aquí la sesión:

Cuestionamientos
Parlamentarios de Fuerza Popular, Avanza País, Honor y Democracia, Acción Popular y Alianza para el Progreso cuestionaron las propuestas de los titulares de los organismos electorales y que no hayan hecho un mea culpa.
La fujimorista Martha Moyano criticó que se haya propuesto responsabilizar a los partidos políticos y dirigentes por el tema de las firmas falsas. A su criterio, la responsabilidad es de la persona que recaba la firma y que, en el caso de Fuerza Popular, eso se especifica en cada lote de fichas que presentan ante el JNE.
A su turno, Adriana Tudela (Avanza País) dijo que el JNE se ha convertido en una “mesa de partes” y no cumple con la función constitucional de administrar justicia en materia electoral.
“Me llama la atención que se trate como un asunto técnico cuando el Jurado Nacional de Elecciones no es una oficina administrativa (…) De acuerdo con la Constitución, el rol del JNE es fiscalizar la legalidad de los procesos electorales, velar por el cumplimiento de las normas electorales, así como administrar justicia en materia electoral”, dijo.
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Por su parte, Gladys Echaíz (Honor y Democracia) se mostró en contra de que se pretenda responsabilizar al personero legal de una organización política por la falsificación de firmas. Bajo su lectura, ello significaría hacerlo responsable penal por el resultado de algo que no hizo.
Luis Aragón (Acción Popular) señaló que la falsificación de firmas no puede pasarse por agua tibia y lamentó que los organismos electorales no puedan tomar medidas más drásticas contra las organizaciones políticas que cometieron irregularidades. Su colega Wilson Soto cuestionó que en el JNE y el Reniec no hayan hecho un mea culpa.
Finalmente, Lady Camones (APP) indicó que el caso de falsificación de firmas es un escándalo que afecta el proceso electoral del 2026.
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