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Su amenaza generó la alarma y el rechazo desde distintos sectores políticos y económicos. “Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, escribió el domingo, muy temprano, el primer ministro Guido Bellido, en sus redes sociales.
Horas después, el presidente Pedro Castillo se pronunció para asegurar que “cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales”.
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En este Gobierno del pueblo, estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor.
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) September 27, 2021
Pero el pasado 15 de setiembre había indicado en Cajamarca que se va a “comprar el pleito para recuperar el gas de Camisea para todos los peruanos”.
Durante la campaña electoral, el jefe de Estado proponía la “recuperación” del gas de Camisea para los peruanos. De hecho, el tema figura en el plan de gobierno de Perú Libre presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y en el llamado plan “Perú al Bicentenario”, presentado en la segunda vuelta. En estos documentos, aparecen propuestas sobre el gas de Camisea, aunque el enfoque no es el mismo.
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El control estatal
En el ideario y programa de Perú Libre, elaborado por Vladimir Cerrón, secretario general del partido, el gas de Camisea figura en un capítulo denominado ´Sobre nuestra soberanía’, donde se menciona la “recuperación y administración total de los principales recursos estratégicos”.
“La estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos, es lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso”, se lee en el ideario.
Para el partido de gobierno, el Estado debe tomar el control total de sectores importantes “que generan riqueza inmediata”, incluido el yacimiento de gas de Camisea.
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“En todas estas empresas explotadoras de recursos materiales y humanos, somos los peruanos quienes hacemos el trabajo más duro y difícil por lo que la presencia de los extranjeros no es imprescindible para que la misma funcione”, indica.
En el documento se mencionan casos de otros países en los que se ha aplicado la nacionalización, para señalar que decir que es una teoría “absurda” decir que el Estado es un mal administrador.
“En Bolivia los recursos petroleros e hidrocarburos están nacionalizados al 100%; Chile nacionalizado su petróleo y cobre al 100%; Uruguay nacionalizado su petróleo al 100%; México nacionalizado su petróleo al 100%”, precisan.
“Este recuento nos demuestra que los países que mantienen el control estatal del petróleo son países con buena estabilidad económica. Lo que ha sucedido históricamente es que han saboteado al Estado, en beneficio de la vertiente privatista, lógicamente así cualquiera fracasa, así también podríamos reventar cualquier empresa privada y eso no quiere decir que su naturaleza sea mala”, agrega.
En el ideario además se habla del gas de Camisea “como pan de la educación”. “El verdadero impuesto anual entre canon gasífero, regalías e impuesto a la renta que debe cobrarse por la explotación del gas de Camisea asciende a un monto de 23 mil millones de dólares”, afirman.
Según el documento “este recurso se compra al Perú a 0.54 USD el millar de pies cúbicos, pero lo revenden en el extranjero entre 10-14 USD”.
El mayo pasado, en plena campaña electoral, El Comercio publicó un especial sobre los planes de Gobierno de Perú Libre y Fuerza Popular. En ese informe se explicó que el ahora partido de gobierno plantea la estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos. “El Estado debe tomar el control total sobre tres importantes sectores que generan riqueza”, indica.
Propone estatizar los principales yacimientos mineros como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco y Toquepala, así como nacionalizar el yacimiento gasífero de Camisea, los pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas.
Consultado por este Diario para el especial sobre la viabilidad o no de los planes de gobierno, Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult y exministro de Energía y Minas, se refirió a la propuesta estatista del ideario de Perú Libre, vinculada a los hidrocarburos.
“Con una expropiación de esa naturaleza, el Estado deberá reconocer los daños que genere a los dueños actuales. Algunos de los proyectos mencionados son de propiedad de empresas estatales chinas. De hacerse, sería algo no visto en la región”, dijo.
En dicho informe, Guillermo Shinno, ex viceministro de Minas, consideró que el planteamiento de tomar el control total no atraerá la inversión al país.
“Con un control total de yacimientos no lograría conseguir la inversión que se necesita. Más que pensar en estatizar, es ver cómo darle mayores facilidades para promover inversión”, apuntó.
Masificación del gas
En el Perú al Bicentenario, elaborado por un grupo de técnicos convocados por Pedro Castillo, se menciona la masificación del gas de Camisea y, a diferencia del ideario, no se menciona el control por parte del Estado.
“Desde el 2005, los gobiernos solo han llevado el gas a la costa y al extranjero, fundamentalmente a Lima. No han podido llevar el gas a los hogares de millones de peruanos, sobre todo a los pueblos de la sierra centro y sur. El gas de Camisea, que provee de energía barata a los hogares (y sustituye a los balones de GLP), está en el Cusco, pero esta región ni ninguna de las regiones del sur o el centro tiene gasoducto ni conexión domiciliaria”, explican.
Aquí se propone el relanzamiento de la construcción del gasoducto sur peruano, así como construir una Red Nacional de Gasoductos.
También se plantea la masificación del gas. “Debe ser una política de Estado; fortaleciéndose la gestión de empresa pública, regulando una política de subsidios por destino y uso: domiciliario, industrial, otros, favoreciendo la rentabilidad social del recurso”, sostienen.
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