La fiscal anticorrupción de Junín Mary Huamán solicitó dos años y 11 meses de prisión para el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón y siete exfuncionarios de su gestión, a los que se acusa del presunto delito de malversación de fondos.
Huamán pidió también para ellos dos años y 11 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación de S/100 mil, que deberán cancelar en conjunto.
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En el inicio del juicio oral, la fiscal relató que en el 2012 se habría desviado irregularmente S/2′880.088 del presupuesto destinado a los trabajos de reforestación de la margen derecha del valle del Mantaro. El dinero se habría usado en otros proyectos.
Para ello, explicó, Cerrón designó a personal de su confianza en gerencias claves y con funciones específicas para el manejo de presupuesto.
Uno de ellos sería el acusado Ulises Panez Berau, quien desde su cargo dispuso que el proyecto de reforestación pasara a su oficina. Tres días después, informó a Henry López Cantorín (exgerente y también acusado) que la obra tenía un saldo de S/600.000 de libre disponibilidad, a pesar de que un informe técnico indicaba que se encontraba en plena ejecución y con avances del 30%.
Así, Cerrón emitió una resolución en la que se ordenó que dicho monto sea destinado a la obra del puente Comuneros. “Probaremos que el acusado Vladimir Cerrón Rojas, en su condición de presidente regional de Junín, emitió la Resolución Ejecutivo-Regional 63-2012, de fecha 10 de febrero del 2012, con la que formalizó la modificación presupuestal por S/600.000, vulnerando los artículos 7 y 41 de la Ley de Presupuesto y materializando el delito de malversación de fondos”, sostuvo la fiscal Huamán.
Entre el 10 de febrero al 8 de agosto del 2012, el fundador de Perú Libre suscribió cuatro resoluciones ejecutivas para modificar el presupuesto del proyecto de reforestación y disponer que los S/2′880.088 fueran usados para otras nueve obras.
Según la fiscal, se consignó falsamente que el proyecto tenía un avance del 11%.
A su turno, el abogado Luis Mayhua, defensor legal de Cerrón, sostuvo que la acusación contra el fundador de Perú Libre prescribió el pasado 3 de enero.
Agregó que no existen elementos de prueba ni tipicidad que configuren una acusación por una malversación de fondos contra su patrocinado.
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