La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió el miércoles al Estado Peruano que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional (TC) de disponer la libertad del expresidente Alberto Fujimori.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió el miércoles al Estado Peruano que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional (TC) de disponer la libertad del expresidente Alberto Fujimori.
Con esa decisión, Fujimori seguirá cumpliendo en el penal de Barbadillo una condena de 25 años de prisión por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, debido a los casos de Barrios Altos, La Cantuta y otros.
La resolución fue comunicada al procurador supranacional Carlos Reaño Balarezo, representante del Estado Peruano ante la Corte IDH.
En el oficio dirigido a Reaño, se precisa que el Estado debe abstenerse de liberar a Fujimori hasta que la corte se pronuncie sobre la solicitud de medidas provisionales contra el exmandatario, presentadas por los familiares de las víctimas de Barrios y La Cantuta.
Los deudos de Barrios Altos y La Cantuta solicitaron dos acciones: que la Corte IDH abra un proceso de supervisión de cumplimiento de la sentencia contra Fujimori y que emita una decisión que evite su liberación.
El abogado de los deudos, Carlos Rivera, señaló a El Comercio: “De alguna manera, la medida provisional [para evitar que deje el penal de Barbadillo] se ha dado hoy [miércoles 30]. [...] Seguramente se va a corroborar y además se dispondrá que se deje sin efecto la sentencia del TC”.
La excandidata presidencial Keiko Fujimori señaló anoche, tras conocer la disposición de la corte, que el Gobierno no debía desacatar el fallo del TC. “Está en manos del Gobierno ahora allanarse o no a una medida tan precaria como injusta. Si existiera un mínimo de equilibrio en su evaluación, no debería desatacar el fallo del Tribunal Constitucional”, expresó a través de un audio.
“De ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana, mi familia hace responsable a este Gobierno de las consecuencias que su decisión puede generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori”, añadió.
Rivera dijo que la decisión de la Corte IDH era “casi inevitable”, porque el fallo del TC “incurre en gravísimas omisiones [...] y no tiene ningún argumento constitucionalmente válido”.
En tanto, Gisela Ortiz, exministra de Cultura y familiar de una de las víctimas de la matanza de La Cantuta, añadió a este Diario que es satisfactorio reconocer que la corte no solo está atenta a lo que está ocurriendo en el Perú, sino también está dispuesta a garantizar el cumplimiento de los derechos.
En tanto, el abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, puso en duda que la decisión se ajuste a la ley.
“Hoy predomina en la corte la ideología sobre el derecho”, aseguró a El Comercio.
Nakazaki informó que el martes pasado envió a la Corte IDH nueva información sobre el estado de salud de Fujimori, de 83 años, y quien recientemente estuvo internado en una clínica tras padecer un cuadro de desfibrilación pulmonar.
El abogado también reportó que la semana pasada el Poder Judicial ordenó 18 meses de impedimento de salida del país y medidas de comparecencia restringida para Fujimori por el Caso Pativilca.
“El más grave defecto que tiene la Corte Interamericana, como lo han analizado muchos críticos, [...] es que escucha a la comisión, a los agraviados, al Estado, pero jamás a las personas de carne y hueso afectadas por sus sentencias”, cuestionó.
El miércoles, el procurador Reaño afirmó que la decisión de la corte debe ser acatada inmediatamente.
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