Los Dinámicos del Centro fugaron por dilaciones del Poder Judicial y la fiscalía

Unidad de Investigación

Desde el pasado 15 de mayo, día en el que la fiscal provincial de Junín, Bonnie Bautista, solicitó la detención preliminar de 37 funcionarios del Gobierno Regional de Junín, algunos dirigentes y militantes de Perú Libre, hasta el 15 de junio, cuando finalmente se ejecutó el megaoperativo por el Caso Los Dinámicos del Centro, pasaron treinta días, un mes, cuando ese proceso debería resolverse en pocos días. Este tiempo fue suficiente para que los implicados en la investigación pudieran fugarse y desaparecer pruebas, advirtieron especialistas consultados por El Comercio.

Por el lado del Poder Judicial, la jueza July Baldeón, del Poder Judicial de Junín, se demoró 16 días en aprobar el requerimiento, cuando debería haberlo hecho con carácter de urgencia en máximo 48 horas.

“La fiscal de Junín presenta la decisión de medidas cautelares, de decisión preliminar y allanamiento, el 15 de mayo, y la jueza resuelve el 1 de junio. En primer término, aquí hay una dilación porque estas precisiones tienen que resolverse con carácter de urgencia, según la ley entre 24 y 48 horas, […] no se ajusta a los plazos procesales”, sostuvo el abogado penalista Carlos Caro.

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Caro también consideró que luego hubo retraso de la fiscalía. Se refiere a la decisión del fiscal coordinador anticorrupción Omar Tello, quien demoró en brindar a la fiscal Bautista la logística necesaria (fiscales, personal administrativo y policías) para realizar la diligencia en Junín, la cual debía hacerse de manera simultánea porque debían intervenirse nueve inmuebles y detenerse de manera preliminar a 37 personas. Este operativo finalmente se hizo el 15 de junio, y solo se detuvo a 27 de los 37 implicados. Entre los no habidos están Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú, quienes se encontrarían fuera del país.

Un detalle que llama la atención es que el 9 de junio, en entrevista con “Perú21”, el fiscal coordinador Tello reveló públicamente la operación, pese a que aún no se había realizado y era reservada. Afirmó al diario que “la medida [la decisión sobre el requerimiento fiscal] ha salido en una época no apropiada”, en referencia a la segunda vuelta presidencial del 6 de junio. En ese momento, Tello se excusó diciendo que no tenía personal y no podía convocar policías.

Al día siguiente, el 10 de julio, Vladimir Cerrón y otros funcionarios presentaron un “habeas corpus preventivo” que buscaba anular la resolución contra el allanamiento y la detención preliminar de Los Dinámicos del Centro.

”¿Es posible que tanto dinero se obtenga para financiar la campaña del partido sin que el presidente del partido [Vladimir Cerrón] lo sepa? El señor Pedro Castillo, el próximo presidente del Perú, también tiene que dar explicaciones sobre este tema porque ha sido para financiar su campaña”, señaló Carlos Basombrío. El exministro del Interior dijo además que Castillo debe ser responsable “de preguntar y exigir informaciones” del dinero que se usa para la campaña.

El origen de la investigación

Un equipo especial de la División de Alta Complejidad de la PNP (Diviac) inició la investigación a Los Dinámicos del Centro en noviembre del 2019. La finalidad de esta pesquisa era desarticular a una presunta organización criminal que operaba desde el GRJ para expedir licencias de conducir y direccionar puestos de trabajo a cambio de dinero, sin imaginar que a medida que avanzaban las investigaciones se encontrarían con la participación de dirigentes de Perú Libre en el financiamiento de la campaña de PL.

“La Diviac es un grupo creado con propósito de ser absolutamente implacable en la lucha contra el crimen organizado y que está permanentemente bajo amenaza por celos internos en la policía, por presiones políticas, etc.”, dijo Basombrío.

En diálogo con El Comercio, el fiscal Omar Tello, señaló que si bien él tenía conocimiento del caso, no sabía del operativo que se iba a dar. “Se notifica a la fiscal el 2 me parece y luego que la fiscal le comunica a Diviac, inmediatamente ‘Perú21′ trata de comunicarse con ella. Yo debo haber hablado al dia siguiente. La fiscal me solicita el apoyo la siguiente semana, luego que se reúne con Diviac y establecen la cantidad de personal fiscal y policial para el operativo”, aseveró.

¿Qué consecuencias trae la demora en la ejecución de esta operación?

Carlos Caro: “Ha habido dilaciones indebidas en la etapa judicial y de ejecución de la orden por parte de la fiscalía, que entendería que no es la fiscalía [de] Junín, sino la fiscalía coordinadora de Lima, del doctor Tello. Esto ha favorecido la desaparición de pruebas y la fuga de investigados [...] Lo grave del tema es que al haberse filtrado la información se han cometido dos delitos [violación del secreto profesional y encubrimiento personal] que sanciona el artículo 404 del Código Penal y que consiste en favorecer la fuga de una persona, y a eso le podemos agregar también el de encubrimiento real en el que intervienen otros para que oculten información, pruebas y las desaparezcan”.

Antonio Maldonado: “El Ministerio Público [MP] no puede estar de ninguna manera condicionado por contextos políticos. Esa expresión ha minado claramente la intervención del MP, el fiscal coordinador debería ser investigado. [...] Se muestra una contramarcha en la intervención del MP, que precisamente debiera ser el más interesado en que esta diligencia se realizara lo más rápido posible. Cuanto más tiempo pasa sin que una investigación se realice, la verdad huye. La Junta Nacional de Justicia debe estar atenta a lo que está ocurriendo en este caso. Una alternativa posible para solucionar que viene ocurriendo en Junín es plantear que la investigación sea trasladada a un ámbito jurisdiccional diferente”.

Carlos Basombrío: “Es un escándalo que se hayan postergado las diligencias de detención preliminar y los allanamientos, porque no era un buen momento político, y que además el fiscal coordinador de Lima, Omar Tello, saliera en los medios [...] Los logros de la Diviac son vitales para el país y está permanentemente bajo amenaza por celos internos en la Policía, por gente que no soporta un trabajo honesto dentro de la Policía, por presiones políticas, ya hemos visto cómo gente de Fuerza Popular quería disolverla porque habían participado en investigaciones vinculadas a Keiko Fujimori y ahora que, por supuesto, el poder pasa a Perú Libre van a tratar de hacer lo propio que creo que ya lo está haciendo”.

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