Martín Vizcarra: ¿PJ podría revertir decisión y ordenar prisión preventiva como lo pide la fiscalía? | Análisis

Este lunes, el Poder Judicial volverá a evaluar los argumentos del equipo especial Lava Jato con los que pidió prisión preventiva contra el expresidente y hoy candidato al Congreso, Martín Vizcarra. Esta semana, el fiscal Germán Juárez presentó la apelación contra la orden de comparecencia con restricciones que dictó la jueza María Álvarez Camacho para el exmandatario.

Vizcarra es investigado por los presuntos sobornos recibidos de parte de empresas a cambio de la construcción del Hospital Regional de Moquegua y el Proyecto Lomas de Ilo. Los presuntos ilícitos habrían ocurrido durante su gestión como presidente regional.

Juárez busca que, en segunda instancia, la decisión del Poder Judicial se revierta y se ordene prisión preventiva contra Vizcarra. El recurso será elevado a una sala superior que convocará a audiencia pública para analizar el pedido del fiscal.

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En esta etapa la sustentación del requerimiento recae sobre la fiscalía superior. Será el coordinador del equipo especial, el fiscal Rafael Vela, el encargado de exponer los elementos con los que insistirán en la prisión preventiva.

En su resolución, la jueza ordenó comparecencia con restricciones y rechazó el pedido de prisión preventiva contra Vizcarra. Si bien la magistrada consideró que existían graves y fundados elementos de convicción sobre los presuntos delitos que se imputan al exmandatario, apuntó que el fiscal no pudo acreditar el peligro procesal.

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Es decir, sostuvo que se trata de una investigación con elementos sólidos, pero, al momento de decidir sobre la prisión preventiva, no existían indicios suficientes para determinar que existía peligro de que Vizcarra se fugue del país u obstaculice las pesquisas.

“Resolución de primera instancia es razonable”

Consultados por este Diario, el abogado penalista Rafael Chanjan Documet y el exprocurador Antonio Maldonado, coincidieron en que, de no existir elementos nuevos por parte de la fiscalía, en segunda instancia el Poder Judicial podría confirmar la orden de comparecencia con restricciones para Vizcarra.

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Chanjan sostuvo que la jueza desarrolló argumentos razonables para determinar que en este caso no era oportuna una medida como la prisión preventiva.

“Veo complicado que en la segunda instancia la sala vaya a revertir una decisión de la jueza y vaya a decretar mandato de prisión preventiva. Vi una resolución sólida, desarrolla argumentos razonables de por qué en este caso amerita no dictar una prisión preventiva en el caso del presidente Vizcarra. Ha sido bastante razonada para determinar que no existe una sospecha grave de un peligro procesal”, indicó.

“En este momento aún con lo que se tiene no hay una sospecha grave de un peligro de obstaculización o de fuga”, agregó.

Chanjan apuntó que la jueza señaló que se trata de un caso sólido, pero lo que se discutirá en la apelación será el peligro procesal.

“Para la jueza hay elementos de convicción que vinculan al expresidente Vizcarra con los delitos de cohecho y colusión, ese punto no va a ser el controversial en la apelación, sino el peligro procesal que para la jueza no existe. La persona de Martín Vizcarra sí representa un cierto riesgo, pero no se tiene aún suficientes medios probatorios para afirmarlo de manera categórica, y eso es lo que se requiere: grave sospecha para dictar una prisión preventiva”, declaró.

Explicó que “en segunda instancia se puede presentar un elemento nuevo y que no ha podido ser introducido antes, que se conozca recién y sea introducido en la audiencia de apelación, podría suceder, pero habría que ver si eso es suficiente para estar ante una grave sospecha de peligro procesal, sobre todo en peligro de obstaculización, el de fuga me parece más complicada”.

Por su parte, el exprocurador Antonio Maldonado consideró que “para que esa apelación pueda ser acogida, debería ser sustentada en hechos que hayan fortalecido la tesis del Ministerio Público”.

“Coincido con el análisis de la jueza cuando en su auto dice que el Ministerio Público tiene un caso fuerte, eso está claro, lo que no está claro es en el sentido de que el Ministerio Público logra persuadir al órgano de control que hay un peligro procesal, tienen que fundamentar sus elementos en torno a la idea de que existe una sospecha fuerte que el investigado va a fugar, es una apuesta de ellos por hacer prevalecer su tesis, tienen que hacer un mayor esfuerzo para demostrar que el investigado destruiría medios probatorios, amenazará testigos y obstruirá la acción de la justicia”, dijo.

Maldonado agregó que un elemento que plantearía ante los jueces, sería el vinculado a su candidatura y posterior elección, para acreditar el peligro de obstrucción.

“Realizará acciones en su condición de candidato para generar impunidad, si fuese fiscal hablaría de eso, por las debilidades del sistema electoral peruano, un candidato puede buscar ese espacio para tener un escudo de impunidad, abriría una línea por ahí, en el supuesto caso que el investigado sea elegido va a usar esa membresía para obstruir la acción de la justicia y va a ser mas difícil para el Ministerio Público hacer su investigación”, manifestó.

En tanto el exprocurador Yván Montoya consideró que “es muy difícil que haya una reversión de la medida” y que lo más probable es que haya una confirmación de la misma.

Según indicó, con la apelación la fiscalía busca que en la segunda instancia se valoren mejor los argumentos que presentaron ante la jueza.

Sobre los elementos que presentó el fiscal para sustentar el peligro procesal, señaló que el caso Richard Swing “podría haber servido” en el caso del Club de la Construcción “si hubiera estado conexo”.

“No parece haber conexión, está desvinculado del otro, si esto es así, efectivamente, es pobre el pedido de detención preventiva, sin ese vínculo no le noto mucha fuerza para hablar de peligrosismo procesal”, anotó.

Montoya también sostuvo que el contexto en el que se solicita la prisión preventiva es tomado en cuenta por los jueces. “Aunque no se diga en la resolución, los contextos para los jueces marcan, para que se pongan muy estrictos o muy laxos en la interpretación , en un contexto como este se ponen muy estrictos para no llegar a dar una detención preventiva”.

Argumentos de la fiscalía

El fiscal Germán Juárez abrió una investigación preliminar a Martín Vizcarra en octubre del año pasado. La apertura de la pesquisa se dio a raíz de las declaraciones brindadas por el aspirante a colaborador eficaz N°10-2018, quien brindó documentación al fiscal para respaldar su versión sobre el pago irregular de S/1′000.000 de Obrainsa a Vizcarra.

En la investigación también han sido incluidos otros testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces, quienes han declarado que las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), e Incot pagaron S/1′300.000 a Martín Vizcarra, a cambio de la buena pro para la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

De acuerdo al requerimiento de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, el fiscal Germán Juárez estima una prognosis de pena de 34 años de prisión preventiva por los tres delitos por lo que viene siendo investigado: colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita.

Juárez recordó que Vizcarra, durante su gestión como presidente regional, trajo a Perú a funcionarios bolivianos entre los que se encuentra el actual presidente de ese país Luis Arce. Agregó que podría rehuir a la justicia haciendo uso de dichos vínculos.

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