El mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y la actitud irracional de la mayoría parlamentaria, permitieron la disolución del Congreso. (Foto: GEC)
El mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y la actitud irracional de la mayoría parlamentaria, permitieron la disolución del Congreso. (Foto: GEC)
Martín  Tanaka

A fines del 2018, al hacer el recuento de ese año, después de pasar revista a las pugnas entre el Ejecutivo y Legislativo que condujeron a la renuncia del presidente Kuczynski, después de la juramentación del presidente , la propuesta de reforma judicial y la primera etapa de la reforma política, aprobadas en referéndum, después de la prisión preventiva de , entre otros asuntos, titulé mi columna del 22 de diciembre del 2018: “Un 2019 más tranquilo, por favor”.

Pero el 2019 terminó siendo un año tanto o más convulso que el 2018: empezó con la destitución de los fiscales del equipo especial, su restitución y la renuncia del fiscal de la Nación. En el plano personal, empecé el año formando parte de la comisión consultiva para la reforma política, cuyas propuestas marcaron buena parte del debate del año. En abril, se produjo el suicidio del expresidente ; en junio, la moción de confianza en torno al “núcleo mínimo irrenunciable del paquete de reformas”, que produjo avances parciales pero no resolvió la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que llevó a la propuesta de adelanto de elecciones de julio. Rechazada esta, parecía que la mayoría del Legislativo se impondría, pero un tema que hasta ese momento no parecía decisivo, el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y la actitud irracional de la mayoría, permitieron la . Afortunadamente, después de ello las aguas se aquietaron un poco en lo político, y estamos en pleno proceso electoral.

Pero las aguas del frente judicial siguen agitadas después de la excarcelación de Keiko Fujimori y múltiples revelaciones sobre violaciones a la ley asociadas al financiamiento de campañas políticas y posibles coimas que comprometen a políticos, empresarios y funcionarios. Eduardo Dargent comentaba en estas páginas hace unos días que este año será recordado junto a otros como 1987, 1992 o el 2000 “por la cantidad de eventos y los giros de fortuna”. Y esto sin mencionar el escenario regional, en donde las protestas en Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia y otros países marcaron importantes rupturas respecto a sus trayectorias previas.

¿Qué aprendimos de todo esto? A mi juicio, que seguimos ante un gobierno precario, pero que logró imponerse, sorprendentemente, aprovechando las oportunidades que se le presentaron; oportunidades “puestas en bandeja” por una oposición que puede ser calificada de irracional, en tanto terminó jugando en contra de sus propios intereses.

Aprendimos también que el sistema judicial es un campo complejo sin orientación clara, donde nadie es capaz de controlarlo por completo, o de prever el sentido de las decisiones que se toman. Además, que el principal desafío que enfrenta no es tanto evitar problemas procesales (excesos en prisiones preventivas y temas conexos), sino su propia eficacia para, finalmente, presentar acusaciones sólidas que terminen en sentencias ejemplares y que resistan el escrutinio público.