A mes y medio de su última sesión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso volvió a reunirse este lunes para instalar su nueva conformación y gestión bajo la presidencia de Lady Camones (APP). No obstante, y pese a su importancia, no abordó ni hizo mención a casos claves pendientes.
Al tomar la posta de su colega de bancada Rosío Torres y aludir a lo que implica la voluntad política, Camones recordó que la subcomisión depende de la Comisión Permanente y desarrolla sus funciones en el período ordinario del Parlamento, pero también “durante su receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso”.
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Pese a ello, uno de los casos que se entramparon es el de la vicepresidenta Dina Boluarte. Las denuncias constitucionales contra ella se presentaron a fines de mayo y el último 1 de julio la Comisión Permanente acordó dar 15 días hábiles de plazo para que se presente el informe final.
Edgard Reymundo, congresista de Cambio Democrático y delegado del caso, comentó este lunes a El Comercio que ya ha presentado el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. “Se ha presentado de acuerdo a los plazos establecidos por la propia subcomisión [...] Lo que viene es la audiencia de pruebas, pero quien determina la fecha es la presidenta de la subcomisión”, explicó.
La próxima sesión ordinaria de la subcomisión será este viernes a las 11 a.m. “Supongo que en la segunda sesión de esta presidencia se puedan tratar los temas pendientes. Recuerden que somos 25, y de los 25 requerimos que por lo menos la llamada oposición pudiera dar sus votos”, declaró ayer a la prensa Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular que fue vicepresidenta del grupo en la gestión de Torres, respecto de lo que viene en el caso.
La parlamentaria fujimorista subrayó que el informe de pertinencia de pruebas “es casi el inicio” del proceso. “Tiene que debatirse también y tendría que informar el congresista delegado y explicarlo en la subcomisión. Ahí también se vota”, añadió.
El pasado viernes, Moyano consideró la paralización de las sesiones como un “impasse” por tres hechos: un intento de Norma Yarrow, de Avanza País, para que Reymundo sea retirado como delegado; la renuncia de Alejandro Cavero, también de la citada bancada, a la subcomisión, y un debate interno sobre la continuidad de la conformación del grupo pese a ser parte de la Comisión Permanente. “Ahí hay un malentendido, porque mientras la Comisión Permanente no cambie de integrantes y tenga un nuevo ejercicio, la Permanente continúa. Por lo tanto, la subcomisión. Hubo ese error, y ante una renuncia quedamos sin un integrante de la subcomisión, subcomision incompleta y en algunos casos seguramente evaluar el tema de los votos”, refirió.
La subcomisión también tiene pendiente sesionar para votar el informe final del congresista Wilson Soto, de Acción Popular, contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria.
La denuncia contra Castillo fue presentada en febrero pasado y Soto remitió su informe final seis meses después, el último 8 de agosto.
“Se le acusa de haber cometido infracción constitucional, señor Pedro Castillo. El delito de traición a la patria será materia de análisis y evaluación del Ministerio Público y Poder Judicial, en caso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el pleno del Congreso aprueben nuestro informe final. No siga confundiendo al pueblo”, replicó a inicios de agosto Soto a un tuit en donde el jefe de Estado aseveró que quienes lo acusan “son los que traicionan a la patria”.
La subcomisión dio cuenta de la denuncia formulada el último 3 de agosto —hace más de un mes— por Patricia Chirinos, de Avanza País, contra el suspendido legislador Freddy Díaz, acusado de violación. La legisladora le imputa infracciones constitucionales y delitos, y pide que sea inhabilitado por 10 años.
También se dio cuenta de otras diez nuevas denuncias. “Se da inicio al tratamiento de las 11 denuncias mencionadas, cuyos informes de calificación serán presentados próximamente ante la subcomisión”, dijo Camones.
En tanto, la titular de la subcomisión anunció que las denuncias que lleguen serán atendidas cronológicamente.
En otro momento de la sesión dio cuenta del estado situacional del grupo. Apuntó que, al 15 de setiembre, hay 300 denuncias constitucionales en trámite, 3 de ellas para sustentación de informe final y otras 3 para audiencia en la subcomisión.
Lady Camones precisó que, de las 300, 196 denuncias se encuentran en diferente estado en la subcomisión, a efectos de que el grupo trate las mismas. Señaló que 220 son denuncias nuevas, mientras que el resto son antiguas y tienen nueva numeración, porque no fueron vistas en el período 2016-2021.
Detalló también que 170 dennuncias son de ciudadanos, 76 son de excongresistas y actuales parlamentarios y 45 fueron presentadas por la Fiscalía de la Nación.
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