El Tribunal Constitucional (TC) ya tiene una decisión sobre la demanda competencial que presentó el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por las investigaciones fiscales que involucran a la presidenta Dina Boluarte y para establecer los motivos por los cuales se debe investigar a la presidenta.
El Tribunal Constitucional (TC) ya tiene una decisión sobre la demanda competencial que presentó el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por las investigaciones fiscales que involucran a la presidenta Dina Boluarte y para establecer los motivos por los cuales se debe investigar a la presidenta.
Así lo señaló la presidenta del TC, Luz Pacheco, durante entrevista con RPP. La magistrada señaló que espera que esta semana se dará a conocer la sentencia. “Es una sentencia que no mira a Dina Boluarte, sino a quien sea el presidente de la República. Ya tenemos la decisión tomada confío en que en breve se publique“, enfatizó.
“Puedo decir que ya terminó el debate, estamos en etapa de firmas. Había costado llegar a un acuerdo porque es un tema complejo que queríamos compaginar: por un lado que se pueda fiscalizar, pero del otro lado que no se pueda abusar de esa facultad que tiene el Ministerio Público, que es importantísima”, señaló Pacheco.
Asimismo, indicó que en el TC son conscientes de la urgencia del tema. “Es una decisión equilibrada a mi parecer y demostración de la pluralidad que hay en el TC”, dijo.
Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Hugo Pérez
Como se recuerda el Ejecutivo sostiene que se ha visto afectado en el ejercicio de sus competencias, lo que comprometería el adecuado desarrollo de las funciones de la presidente de la República, por lo que busca evitar que se investigue mientras ejerza el cargo. Esto, debido a las interpretaciones del artículo 117 de la Constitución Política realizadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial, que coinciden en indicar que un presidente de la República en funciones sí puede ser investigado penalmente.
El artículo 117 de la Constitución establece que “el Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, o por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
