El Concejo Metropolitano de Lima resolvió el contrato de concesión del proyecto Rutas Nuevas de Lima, suscrito por la municipalidad con la concesionaria Rutas de Lima. La decisión se tomó por “la afectación al interés público” del acuerdo y fue aprobada por unanimidad.
Durante la sesión se indicó que el contrato era dañino por seis motivos: por las altas tarifas de peajes, por deficiencias contractuales, porque el concesionario daba un servicio deficiente, porque los peajes disminuyen la velocidad del tránsito, por la afectación a familias que viven en alrededores del peaje Chillón y por la aprobación de una adenda y 31 actas privadas que modificaron términos contractuales.
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Rutas de Lima tenía a su cargo la mejora y conservación de tramos de la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé. En 2016 Odebrecht vendió el 57% de la concesión al fondo canadiense Brookfield Asset Management. La firma brasileña conservó un 25% de participación, mientras que el 18% restante le corresponde a Sigma SAFI.
“Es evidente que Brookfield estaba completamente enterada de que esta empresa no era una contraparte válida. Yo lo digo como banquero, la primera condición para firmar un contrato es la contraparte. El riesgo de contraparte es lo primero antes de ver el flujo de caja, las garantías, lo primero es ver que la contraparte no sea un delincuente “, afirmó Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima.
Tras la declaración de la afectación al interés público la comuna confirmará la terminación unilateral a través de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada y continuará el procedimiento según el contrato.
El acuerdo suscrito señala que el concedente tiene la facultad de terminar unilateralmente el acuerdo “por razones de interés público debidamente fundadas”. Una vez concluida la terminación, Rutas de Lima deberá acreditar ante la MML el monto desagregado de las inversiones realizadas en bienes de la concesión, sus bienes afectados en el proceso y presupuestará el monto a pagar.
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Ayer, Rutas de Lima indicó a través de un comunicado que invirtió más de S/2.200 millones en el proyecto. Este sería el monto mínimo que se pagaría en compensación. Sin embargo, durante la sesión del Concejo Metropolitano se indicó que la inversión de la concesionaria ascendería a US$259 millones (S/984 millones aproximadamente). La comuna también indicó que los ingresos de la concesionaria derivados del proyecto ascienden a US$1.245 millones (alrededor de S/4.730 millones).
Para Juan Carlos Salinas, socio del estudio Muñiz, el término “razones de interés público” no está delimitado dentro del marco legal, lo que hace que se corra el riesgo de que Rutas de Lima eleve el caso a un arbitraje internacional.
“El concepto de interés público es un concepto valorativo, es un concepto jurídico indeterminado. No hay una ley que lo defina. Lo que indican de adendas o el tráfico no son razones suficientes para justiciar una resolución contractual por interés público. Con esto vas a tirar a la borda todo un proyecto y quien lo asuma va a ser el Estado, además con la posibilidad de que el concesionario te demande”, señaló.
Esta posible demanda es independiente al pago de compensación que recibirá la empresa.
“La compensación del contrato la tienes que pagar sí o sí. En el arbitraje la empresa reclamaría por considerar que la resolución fue por una causa que no estaba contemplada en el contrato. Independientemente del arbitraje, la Municipalidad sí o sí tendrá que realizar el pago de la inversión que realizó el concesionario y luego, en caso pierda la demanda arbitral, el pago contingente por emitir una resolución inadecuada”, señaló Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.
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“Las mencionadas no son causales de afectación al interés público que dan lugar a la terminación del contrato, en mi opinión. Si estas son las causales, es muy probable que en un arbitraje el concesionario gane una indemnización”, agregó Cárdenas.
Una vez se confirme la resolución contractual, el proyecto pasará a cargo de la Municipalidad de Lima, que se encargará de su operación y mantenimiento.
“Mientras hay un arbitraje se corre el riesgo de que el proyecto quede ahí descuidado, abandonado, como pasó con Chavimochic. Tendría todos los problemas vinculados a la operación y mantenimiento de la infraestructura de todo el proyecto”, advirtió Salinas.
La adjudicación del proyecto actualmente es investigado por la fiscalía, pues en la planilla de pagos ilegales de Odebrecht se registraron transferencias por US$711.000 al codinome “Budian”, que se refiere a José Miguel Castro, exfuncionario de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán. La tesis fiscal es que el dinero entregado se debió a negociaciones ilícitas por la adjudicación y la primera adenda al contrato del proyecto.
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