Indecopi es una institución que concentra mucho poder. Sus funcionarios pueden acceder a información confidencial de las empresas. Pueden realizar inspecciones en sus oficinas, revisar computadoras y tomar copia de correos internos sin necesidad de pedirle permiso a un Juez. Ni siquiera el Ministerio Público tiene tanto poder. Además de ello, pueden reconocer (o desconocer) derechos de propiedad intelectual (marcas) y créditos en procedimientos concursales, ordenar la suspensión de campañas publicitarias o el retiro de productos del mercado, así como aplicar multas a empresas infractoras de hasta el 12% de sus ingresos. Recientemente han adquirido la facultad de aprobar (o desaprobar) “matrimonios” empresariales.
Nada más apetitoso para un político que capturar Indecopi. Podría usar sus poderes para chantajear o perseguir empresas “enemigas” del gobierno de turno (un medio de comunicación), pagar favores a las empresas que apoyaron al partido durante la campaña electoral (investigando y hostigando a sus competidores), o conseguir nuevos favores de ellas para las próximas elecciones. ¡Es una perita en dulce!
Por eso, no es de extrañar la legítima preocupación que ha despertado la designación como presidente del Indecopi de un ex candidato al Congreso del partido de gobierno. La renuncia posterior de un integrante del Consejo Directivo designado por el Ejecutivo y con sobrada reputación para el cargo, ha alimentado más las preocupaciones.
El diseño del Indecopi ha ayudado a evitar que los riesgos de captura se materialicen. Le ha permitido sobrevivir períodos en los que cayó en manos de “amigotes” del presidente de la República que luego terminaron presos. La separación entre quienes “reinan” y “gobiernan” ha sido fundamental. Quien preside Indecopi es un “rey” que no gobierna, pues su estructura interna está desconcentrada y en manos de una serie de funcionarios que son independientes en el ejercicio de sus funciones. El “rey” no los controla. Funcionarios con “peso propio” pueden decirle NO a cualquiera de sus arrebatos.
Lamentablemente, ese diseño tiene sus huecos. Las designaciones de esos funcionarios son hechas tras bambalinas, sin concurso ni transparencia, por el presidente de la República y el presidente del Indecopi. Nada les impide designar a sus “allegados” o al “hijo del amigo” que cumple con las condiciones mínimas requeridas. Varios reportes de organismos independientes (OECD) han destacado esta debilidad. Nada se ha hecho al respecto. Han estado ocupados en darle más armas al Indecopi –como el control de fusiones- que mirando a quién se las estaban entregando.
A raíz de la reciente designación, se ha puesto nuevamente en discusión un proyecto (de la congresista Adriana Tudela) para dar autonomía constitucional al Indecopi y una designación más transparente de su “rey”. No es necesario ni suficiente. Se necesitan mejorar los procesos de designación y garantías para el ejercicio del cargo de los funcionarios que lo gobiernan. No se requiere de una reforma constitucional para ello. Basta modificar su ley de creación. Evitemos los riesgos de una captura.
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