Receta para tiempos convulsos

Estamos envueltos en un terrible clima de incertidumbre. Por un lado, tenemos un Ejecutivo que envía señales erróneas a los agentes económicos respecto al rumbo al que quiere llevar al país mientras las denuncias de corrupción deslegitiman su liderazgo; y por el otro, un Legislativo fragmentado que no encuentra consensos para impulsar los temas importantes, aunque no duda en anotarse rápidamente para apoyar proyectos de Ley con tintes populistas. ¿Es posible pensar en que una receta, o propuestas de crecimiento, que funcionen bajo estas circunstancias?

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Si bien, el contexto actual puede ser descrito como caótico, es cierto también que este se ubica dentro de una senda progresiva de deterioro que se remonta a una década atrás. En términos estadísticos, la pérdida de la “brújula” de nuestro camino al progreso, se ubica en el 2012; momento en el que la trayectoria de crecimiento se empieza a aplanar.

Un ejercicio rápido respecto a que hubiese pasado sí se mantenía hasta hoy el dinamismo observado antes del “aplanamiento” de nuestro progreso, uno se encontraría con que nuestro PBI per cápita debería ser 20% más alto que el actual; que la pobreza sería de 15% en lugar de 25%; y que la tasa de informalidad estaría rumbo al 55% en lugar del 75% actual. Para dejarlo más claro, por culpa de esta incertidumbre progresiva que hemos venido “construyendo”, hoy tenemos más de 3 millones de pobres que no debieran serlo y tenemos más de 2 millones de trabajadores en la informalidad, cuando debieron estar en la formalidad.

Estas cifras reflejan muy bien el costo de tanta incertidumbre. Y mientras tanto, con un sistema político que sigue impidiendo que se hagan buenas políticas públicas que le den el entregable al ciudadano, el sistema democrático se sigue desprestigiando, dejando las puertas bien abiertas para alternativas radicales y la corrupción que, según la Defensoría, representa cerca de S/. 25 mil millones. Y el ciudadano se pregunta: ¿para esto sirve mi voto? ¿para esto sirve la democracia? De hecho, el apoyo a la democracia en el Perú está por debajo del promedio latinoamericano y en franca caída; mientras nosotros mismos nos consideramos como el país más corrupto de Latinoamérica, de acuerdo con Lapop.

¿Qué hacemos ante esta situación? Nos dejamos llevar por la fatalidad de decir, “no se puede hacer nada”, o empezamos a buscar los espacios de factibilidad para concretar políticas públicas clave. En la CADE 2022 se plantearon tres ejes de debate: institucionalidad sólida y democracia; un Estado que funcione; e, inversión privada para el progreso. Tres elementos clave para encender los motores de la productividad, que es lo único que puede brindar un bienestar que sea sostenible para la población. Para ello, varios expertos e instituciones que trabajan políticas públicas (*), hemos estado interactuando para compartir nuestras perspectivas y desarrollar un conjunto de propuestas que encajen en los ejes mencionados.

El primer bloque de propuestas abordó una lista de cambios legislativos necesarios para impulsar una reforma política que empiece a hacer la diferencia, y plantee un derrotero para alcanzar consensos que vayan permitiendo cambios graduales. El impedimento de que gente no proba no participe en política; avances hacia la bicameralidad, la reelección de congresistas, entre otros, son ámbitos de actuación en la que los legisladores actuales tienen la llave para empezar a dar vuelta al actual desprestigio de nuestro sistema político y dar espacio para que las buenas políticas públicas sucedan.

En el ámbito de un Estado que funcione, se desarrollaron tres bloques de propuestas. La primera que consideramos esencial es el de desarrollar urgentemente una “agenda de medidas post-Covid19″ enfocado en la tremenda pérdida de capital humano. Miles de vidas perdidas, liderando el ranking de fallecimientos en el mundo. Miles de horas de clases truncadas debido al absurdo cierre de aulas por casi dos años, liderando otro tristísimo ranking mundial. El fortalecimiento de la atención primaria de salud y una agenda de recuperación de horas lectivas es fundamental, cosa que hasta ahora no tenemos ninguna referencia de acción ni rendición de cuentas por este gobierno. Esto requiere el desarrollo de medidas excepcionales para contratar recursos humanos bajo esquemas meritocrático y financiamiento, que bien podría venir de la reasignación de gastos improductivos que se calculan en S/. 18 mil millones.

Otras dos acciones para mejorar el funcionamiento del Estado está en el potenciamiento de la gestión pública, particularmente en los gobiernos subnacionales, orientada a asegurar que las inversiones públicas de alto impacto productivo y que cierren brechas sociales, se entreguen pronto al ciudadano. Millones de peruanos abandonados sin que se les dé agua y alcantarillado, sin que se terminen los hospitales, los colegios, las carreteras, no pueden seguir soportando tanta indolencia, que deriva finalmente como una de las causas del incremento de los conflictos sociales en el Perú. Se requiere que los gobierno subnacionales dejen de postergar los proyectos de alto impacto productivo-social, que ha derivado en una dinámica de llenar el presupuesto con mini-obras improductivas que representan ya el 40% del total de proyectos, y que complican aún más la gestión. Al respecto, la primera actuación necesaria es la incorporación de unidades ejecutoras especiales regionales y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con el fin que remplacen en la ejecución de las obras a aquellas autoridades subnacionales que tuvieran los peores indicadores de gestión, de forma tal que agreguen los proyectos, se genere escala y pronta entrega. La segunda, más orientada a la mitigación de conflictos sociales, plantea acciones para atender tempranamente las infraestructuras que cierren brechas de condiciones mínimas antes de la llegada de la gran inversión privada, lo cual asegura mayor confianza y viabilidad del proyecto.

Y en cuanto al tercer eje de inversión privada para el progreso, planteamos tres conjuntos de acciones. La primera, está orientada a dar soporte a la estabilidad macroeconómica ante el embate de las leyes con iniciativa de gastos, fortalecida con la última sentencia del Tribunal Constitucional. Para ello consideramos que en el Congreso será necesario elevar el número de votos para la aprobación de leyes por insistencia, empujar la agenda de la bicameralidad e incorporar mejora en la calidad técnica de los proyectos de Ley. La segunda está dirigida a reducir las fuertes distorsiones en los mercados, particularmente en el mercado laboral para lo cual se requiere la búsqueda de salidas para re-balancear los incentivos a contratar y “descontratar”, simplificar las normativas laborales que tiene que manejar una Mipyme si quiere ser formal (316 normas laborales en 1.400 páginas), y transitar a un sistema tributario en función a tasas marginales sobre los ingresos, que no penalice el crecimiento de las pequeñas empresas. Y, sabiendo que la base fundamental de una buena política pública es contar con buenas leyes, se plantea la creación de una Oficina de Racionalidad y Calidad Regulatoria que tenga independencia y solvencia técnica, y que acompañe el desarrollo de los proyectos antes y después.

Estas son propuestas concretas, básicas, sobre las cuales tenemos que alinear consensos con el fin de impulsarlas. Lamentablemente, ya se nos va agotando la opción de “mejor esperar un momento para realizarlas”. La década pérdida de las inacciones nos vienen pasando una factura económica y social que va poniendo en vilo los sostenes de la democracia. Es necesario trabajar juntos para buscar los espacios necesarios para ir sanando las profundas cicatrices que han dañado la esperanza por el progreso de millones de peruanos.

Nota:

(*) Apoyo Consultoría, Consejo Privado de Competitividad, 50+1, Hacer Perú, Instituto de Estudios Peruanos, Instituto Peruano de Economía, Macroconsult, Red de Estudios para el Desarrollo, Transparencia, Videnza Instituto, Miguel Jaramillo Bahamonde y Norma Correa Aste.