En particular, está en discusión si se debería preservar, junto con el régimen económico actual, su rol subsidiario establecido en la Constitución Política de 1993. (Foto: GEC)
En particular, está en discusión si se debería preservar, junto con el régimen económico actual, su rol subsidiario establecido en la Constitución Política de 1993. (Foto: GEC)
Redacción EC

La nueva propuesta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del para declarar de interés nacional la creación de una aerolínea de bandera, en medio de la peor crisis de la comercial debido a la pandemia, muestra la necesidad de un debate sobre el rol empresarial del Estado, manifestó el Instituto Peruano de Economía (IPE).

De acuerdo con lo señalado por la institución, es relevante entender qué es este rol, explicar los motivos por los cuales está establecido y analizar la experiencia previa de la actividad empresarial del .

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“En particular, está en discusión si se debería preservar, junto con el régimen económico actual, su rol subsidiario establecido en la Constitución Política de 1993″, indicaron.

Al respecto, el IPE señaló que la Constitución delimita el rol del Estado en el ámbito empresarial. El artículo 60, precisaron, establece que “solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional (…)”.

“La razón de ser del Estado es proteger derechos y garantizar acceso a servicios públicos, no ser empresario. De hecho, cuando el Estado adopta un rol como empresario distrae su atención y deja de invertir los recursos públicos en áreas que sí son de su competencia”, sustentaron.

Además de lo expresado anteriormente, desde la institución resaltaron que el sector privado y el Estado no están en igualdad de condiciones para competir en caso este último quisiera emprender.

“Debido a que el Estado cuenta con recursos públicos a los cuales puede acceder sin costo para financiarse y a que puede arreglar las reglas a su favor, su participación desincentivaría la del privado. Pese a ello, incluso cuando el Estado ha insistido en adoptar un rol empresario, los resultados han sido generalmente negativos”, recordaron.

UN RECORDATORIO: EL CASO PERUANO

Según lo recordado por el IPE, la experiencia del Estado Peruano como empresario no fue positiva.

“Durante el periodo 1970-1990, muchas empresas públicas fueron utilizadas irresponsablemente para subsidiar el consumo a través de precios bajos, generar empleo improductivo y beneficiar a grupos particulares, en ocasiones con fines políticos”, remarcaron.

Así, como consecuencia, detallaron que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) estimó que, entre 1970 y 1990, las pérdidas acumuladas de estas empresas ascendieron a US$7.100 millones aproximadamente, lo que equivale a un déficit fiscal promedio anual de 2,3% del PBI.

“Este déficit se tenía que financiar con crédito del BCRP, lo que resultó en una de las causas de la hiperinflación que experimentamos a fines de los ochenta”, comunicaron.

“En el caso particular de AeroPerú, la aerolínea estatal creada en los años 70, las pérdidas acumuladas hacia 1992 sumaban alrededor de US$100 millones y generaba pérdidas en dicho año que excedían los US$2 millones al mes. Estos costos eran asumidos por el Estado Peruano”, ejemplificaron.

ACTUALIDAD

El IPE subrayó que, en el Perú, todavía existen 35 empresas públicas en diversos rubros como electricidad, finanzas, transporte, servicios de defensa, e hidrocarburos, entre otros.

“Estas aún muestran dificultades para mantener resultados positivos. Por ejemplo, desde el 2016, las empresas públicas con peor gestión financiera perdieron más que todo el presupuesto asignado al Ministerio del Ambiente, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo este año”, precisaron.

“Incluso empresas públicas emblemáticas, como PetroPerú, enfrentan problemas de gestión y se sostienen debido a que obtienen financiamiento extraordinario respaldado indirectamente por el Estado”, agregaron.

Finalmente, destacaron que es importante que el Estado cumpla con garantizar los derechos ciudadanos y que su participación en el ámbito empresarial sea la excepción y no la regla.

“El principio de subsidiariedad es una de las bases del régimen económico que ha permitido sostener el crecimiento de las últimas décadas. Además, la evidencia nacional e internacional sugiere que las empresas públicas tienden a tener resultados negativos cuyos costos son, a fin de cuentas, asumidos por la ciudadanía”, concluyeron.

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