La Constitución permitió al Perú crecer 4,5% en promedio anual desde 1993

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Impacto económico

Tras la crisis económica de los ochenta, el Perú realizó una serie de reformas que permitieron fortalecer sus pilares macroeconómicos y sentaron las bases del crecimiento de los últimos 30 años. Buena parte de estos resultados fueron posibles gracias a los cambios incluidos en el capítulo económico de la Constitución vigente.

El fortalecimiento de la autonomía del Banco Central de Reserva y la prohibición de financiar al Estado permitió alcanzar niveles de inflación mucho más bajos a los registrados previamente. Además, la Constitución estableció un marco atractivo para la inversión privada, basado en la libertad de contratación, la apertura a inversiones extranjeras y la libre competencia. Asimismo, se definió el rol subsidiario del Estado, que limita su actividad empresarial a casos excepcionales.

Bajo este nuevo contexto, la expansión de la inversión privada, la diversificación de las exportaciones y la entrada de capital extranjero permitieron que el Perú pase de ser el país con el menor crecimiento promedio entre 1975 y 1992 (0,0%) a liderar el ránking regional entre 1993 y 2021 (4,5%). Una década antes, Chile también había estrenado una nueva Constitución (1980) con una orientación económica similar a la peruana, que le permitió acelerar su crecimiento de 3,5% promedio anual durante los 20 años previos (1961-1980), a 4,7% durante los 20 años siguientes (1981-1999). El crecimiento económico permitió que la pobreza se redujera sustancialmente en ambos países. Para el 2019, la población con ingresos por debajo de US$3,2 por día había llegado a 8% en el Perú, y a 1% en Chile, según datos del Banco Mundial.

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El reto de la desigualdad

El mayor bienestar generado favoreció principalmente a los hogares más vulnerables. En el Perú, el gasto de los más pobres se incrementó en 85% entre el 2004-2019, muy por encima del promedio nacional (58%). En esa línea, el Perú logró reducir su coeficiente de desigualdad (que toma en cuenta disparidades en ingresos, salud y educación) en 3,8 puntos porcentuales (pp) entre el 2010 y 2021, mientras que en Chile se redujo en 2,2 pp. Aunque importantes, dichos avances aún tienen un amplio espacio de mejora: el Perú (puesto 70) y Chile (76) se ubican a media tabla en el ránking de desigualdad entre 156 países evaluados.

Este problema está fuertemente asociado con un acceso inadecuado a servicios públicos de calidad en educación, salud, justicia y seguridad, entre otros. Por ejemplo, según datos de la prueba PISA 2018, el 25% de estudiantes de menor nivel socioeconómico en el Perú alcanza el tercer puntaje más bajo en comprensión lectora entre los estudiantes más vulnerables de otros países, solo por encima de República Dominicana y Panamá. Según la OCDE, el Perú es el país de América Latina donde las diferencias socioeconómicas explican la mayor parte de los resultados educativos.

Gestión pública adecuada

La Constitución ya establece, en papel, una adecuada provisión de servicios públicos y garantiza los derechos básicos, como la salud y la educación. Sin embargo, la sola mención de estos derechos no garantiza su adecuada provisión. Solucionar el deficiente acceso e inadecuado servicio requiere una mejor gestión pública. Para ello, resulta clave lograr un servicio civil meritocrático, que permita atraer el mejor talento hacia puestos claves en los tres niveles de gobierno. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Servicio Civil encontró brechas significativas en las pruebas de conocimiento de los funcionarios responsables del sistema de inversión pública, especialmente en los gobiernos subnacionales, que también registran una menor inversión en infraestructura pública.

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Por el contrario, existen servicios públicos que se han expandido significativamente en las últimas décadas sin estar incluidos en la Constitución. Por ejemplo, el acceso a Internet en los hogares aumentó de 2,1% en el 2004 a 48,7% en el 2021, mientras que el número de líneas con Internet móvil por cada 100 habitantes casi se ha duplicado entre el 2014 (43,7) y el 2021 (78,2). Estos avances fueron posibles a partir de una mayor competencia en los mercados, incentivos para la inversión, el desarrollo de nuevas tecnologías y la construcción de la infraestructura necesaria.

El éxito económico del Perú de las últimas décadas es innegable, tanto como las importantes demandas sociales por atender. Lejos de cambios constitucionales, urgen mejores políticas públicas para resolver dichas demandas. Al respecto, el proceso de adherencia a la OCDE es una buena oportunidad para dar impulso político al fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas de la gestión pública en el Perú.