Petro-Perú detendría las refinerías de Talara y Conchán si no recibe financiamiento

La onda expansiva de la guerra en Medio Oriente amenaza con resquebrajar los ya débiles cimientos de Petro-Perú. Esto, en un contexto en el cual la empresa no tiene “ni para el té” y se encuentra limitando todos sus pagos porque “no hay plata”.

“Petro-Perú ha parado en este momento la refinería de Iquitos. Está por parar la refinería de Conchán y está por parar, también, la refinería de Talara por falta de dinero para comprar petróleo”, manifestó Roger Arévalo, presidente de la petrolera estatal, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

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El economista explicó que la guerra los afecta porque Petro-Perú necesita importar crudo para sus refinerías, sin embargo, el conflicto ha incrementado significativamente el precio de dicho commodity y “restringido su abastecimiento”, al extremo de que “ahora, los abastecedores piden que se pague al contado todo”.

Así, Gustavo Villa, gerente general de Petro-Perú, indicó que la crisis en el Golfo Pérsico ha incrementado los precios del diésel y las gasolinas en hasta 40%, y los costos logísticos de importación en más de 20%.

Esta situación, indicó, complica la capacidad de pago para adquirir las materias primas que las refinerías de Petro-Perú necesitan a fin de “mantener sus niveles de carga y producción”, siendo el caso que la refinería de Talara solo está produciendo 60 mil barriles por día, cuando debería producir 95 mil.

“Petro-Perú en este momento está pasando por una crisis, y esa crisis está repercutiendo a nivel nacional. Vamos a parar y no podemos parar”, advirtió Arévalo a los congresistas de la República.

Es por eso, dijo, que el Ejecutivo está diseñando un Decreto de Urgencia (DU), para suministrar a Petro-Perú el financiamiento que necesita, “pero sin aporte del Estado”.

Arguyó que dicho dinero será suministrado por un banco privado, que “está dispuesto a prestar US$2.000 millones, aunque la necesidad de la empresa es de US$2.500 millones”.

Se trata, precisó, de una estructura en la cual el sector privado “solamente está pidiendo una garantía contingente”, como ocurre en casos de catástrofes o desastres naturales en los contratos de APP.

Pero no solo eso. Añadió que Petro-Perú también está solicitando una capitalización, que “sí será un aporte del Estado”. Esto, en una norma o acción complementaria porque “los especialistas dicen que un decreto de urgencia no puede incluir capitalización”.

En tal sentido, urgió al Ejecutivo a ser expeditivos en dicho financiamiento prometido porque el Perú no puede entrar en una crisis energética.

“Por tanto dennos los US$2.000 millones lo más pronto posible para poder pagar a los proveedores y asegurar el abastecimiento. Si no, pararemos y habrá una crisis total”, exclamó.

AUDITORÍA FORENSE

Cabe subrayar que la capacidad operativa de las refinerías de Petro-Perú está supeditada a la disponibilidad de crudo, commodity que la empresa no puede adquirir por falta de dinero, pues debe a sus proveedores de crudo más de US$2.500 millones, dinero que serviria pagarles y obtener nuevas remesas.

No sólo eso. Arévalo indicó que éstos ya “están amenazando a Petro-Perú con acciones concursales y no nos quieren dar más petróleo”.

De acuerdo al economista, la dación del DU se está demorando un poco por “problemas de interpretación de las normas que se tienen que dar”.

Erick García, exdirector general de hidrocarburos del Minem, alertó que dicho desembolso no debe darse sin antes asegurar que el dinero se entregará a los funcionarios adecuados, y “no a los mismos de gestiones anteriores que participaron en decisiones controvertidas en la empresa”.

Asimismo, arengó al Gobierno a implementar una auditoría forense independiente del Proyecto de Modernización de la Nueva Refinería de Talara (PMRT), el cual se halla entrampado desde hace varios meses.

Esto, para conocer el por qué del incremento estrepitoso del costo de construcción del proyecto y las razones por las cuales han fallado repetidas veces unidades de producción clave como el costoso Flexicoquing (FCK).

Al respecto, Arévalo indicó que se ha comprometido a impulsar dicha investigación, sea bajo la figura de una auditoría o un análisis técnico, convocando a empresas internacionales de alto prestigio y que sepan hacer su trabajo.

Eso permitirá descubrir, dijo, por qué un proyecto de modernización que empezó con US$450 millones en el gobierno de Alejandro Toledo, derivó en una nueva refinería con un costo final de US$7.000 millones.