Se buscan legisladores responsables, por David Tuesta

En un par de semanas se cumplirán dos años del sensible fallecimiento del economista italiano Alberto Alesina, una verdadera mente brillante de la disciplina económica. Sin duda, su gran aporte estuvo en formalizar académicamente el campo de la economía política en el que la interacción entre los diferentes poderes juega un rol trascendental en el resultado final de las decisiones económicas. Por ello, gran parte de su batallar intelectual estuvo centrado en la construcción de un marco institucional que ordenara con predictibilidad los procesos y resultados de políticas tales como las monetarias y fiscales. Blindarlas del oportunismo político era vital.

Gracias a esa línea impulsada por Alesina junto con otros expertos es que hoy se considera que contar con reglas fiscales y bancos centrales independientes es fundamental para el desarrollo de los países. Lamentablemente, esta pieza institucional que ha demostrado ser clave para el Perú en las últimas décadas no ha podido ser extendida a otros ámbitos como el de las pensiones.

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Con respecto a este hecho, poco importó a nuestros legisladores que instituciones independientes como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y las más importantes clasificadoras de riesgo mostraran contundentemente que aprobar nuevos retiros de los fondos de pensiones comprometería la estabilidad económica y a la vulnerabilidad en vejez. Esta soberbia por rechazar la evidencia parece esconder una ignorancia y/o oportunismo tremendo que trasciende la supuesta ilustración de las que se ufanan algunos.

Demostró el Banco Central ante el Congreso que los retiros no acotados de los fondos de pensiones rompen con cualquier criterio de focalización, dado que el 56% de los afiliados se encuentran concentrados en los tres deciles de ingresos más ricos. Señalaba además que este sexto retiro generaría aumento de riesgo de pobreza en vejez, menor rentabilidad de los fondos, deterioro del riesgo país, incremento del costo de financiamiento del gasto público, encarecimiento del financiamiento de la inversión privada, riesgos de tipo de cambio y mayor inflación. Todo esto, repito, palabras del Banco Central, no mías.

Concluía el Banco Central que: “es innecesario y altamente perjudicial para los afiliados al sistema privado de pensiones aprobar estos proyectos de ley, además de poder generar inestabilidad en los mercados financieros y afectar negativamente la estabilidad macroeconómica”. Cerraba recomendando que en lugar de medidas populistas el Congreso se centrara en una reforma integral de pensiones.

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Tengo una larga trayectoria como especialista e investigador en pensiones en el mundo, y he manifestado innumerables veces la importancia de contar con un sistema privado de fortalecido e integrado con los otros pilares. He asesorado a varios gobiernos en sus reformas de pensiones y de hecho, he formado parte de una de las comisiones de expertos impulsadas por el gobierno peruano el 2016-2017. En esa misma línea, en el último año he venido trabajando de la mano de la Asociación de AFP en impulsar políticas que reformen el sistema en su integridad. Esto último, lamentablemente se ha visto opacado en el actual contexto populista del Congreso que ha buscado destruir lo avanzado. Y para justificarlo han venido utilizando una serie de argumentos maniqueos, tratando de atribuir todas las fallas estructurales que tiene el país al funcionamiento del sistema.

Uno de los argumentos que esbozan los políticos es el de las bajas pensiones. Siendo verdad que una aspiración como país es contar con pensiones que sean suficientes para que todos los peruanos enfrenten adecuadamente el período de vejez, para que ello sea realidad depende de dos factores: (i) cuánto ingresas al sistema y (ii) cuánto reproduce el sistema. Si ingresas poco es lógico que se obtendrá poco, más allá que el sistema privado de pensiones haya multiplicado por cuatro cada sol que ha sido ingresado al sistema, como ha sucedido. El problema de fondo sin duda es la elevada informalidad y para ello, el culpable no está en el sistema de las AFP, sino en el rol que tiene que cumplir el Estado. Un Estado que asegure y financie sosteniblemente pensiones mínimas, y asistenciales; y que incentive mecanismos de ahorro voluntario que puedan complementarse con los esquemas de ahorro obligatorios.

Otros argumentos ya más politizados es el de las utilidades que obtienen las AFP por las características de su organización industrial. Justamente por ser una organización industrial especial es que se encuentra cercanamente regulada y supervisada por la SBS y se ha visto sometida a varias reformas tendientes a fomentar una mayor competencia a través de recurrentes procesos de licitación de la cartera, donde el afiliado tiene la posibilidad de elegir que sus fondos sean gestionados bajo comisiones bastante competitivas incluso a nivel internacional. Tampoco es cierto lo que se comenta que las AFP, no incurren en riesgos. Existe el encaje legal que es un porcentaje del patrimonio que se invierte de la misma manera en que se invierte el dinero de afiliados.

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Pero asumamos por un momento que el sistema de AFP es malo. ¿Esto justifica destruir el sistema privado de pensiones “ninguneando” la opinión de organismos expertos e independientes como el Banco Central? De ninguna manera. Es tremendamente temerario que algunos congresistas que dicen saber de economía salgan a decir que las advertencias hechas por estos organismos no son verdad pues ya ha habido cinco retiros y “no ha pasado nada”. Similares argumentos escucho a políticos argentinos justificando sus pachotadas económicas, desconociendo lo que significan los ciclos económicos, el corto-largo plazo, y la intertemporalidad de las medidas. Y en el colmo de la frescura señalan también que las AFP deben “autoreformarse”, renunciando a su responsabilidad como legisladores.

Es poca la esperanza que podemos tener de aquellos legisladores que llegan al Congreso sin las capacidades profesionales ni morales. Pero uno esperaría que aquellos congresistas que repiten una y otra vez sus pergaminos académicos se comporten como tal y no como un graduado de una universidad no acreditada por la Sunedu. Deberían empezar por mirar con respeto la opinión de un ejército de organismos reputados e independientes que le dicen en su cara que su razonamiento económico está mal. Muy mal.