El 38% de los peruanos considera que la delincuencia se ha incrementado, siendo uno de los principales problemas que más preocupan a la ciudadanía según DATUM. Luego de un prolongado período con indicadores de inseguridad históricamente bajos, producto de las medidas de inmovilización, en los últimos meses del 2022 se registró un incremento significativo de las víctimas de delitos. El deterioro institucional en la alta dirección de las políticas de seguridad y el desaprovechamiento de recursos públicos generan pérdidas que vienen reduciendo significativamente el bienestar de los peruanos.
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Las tasas de victimización en el área urbana en el Perú están gradualmente retornando a los niveles alcanzados previo a la pandemia, luego del descenso transitorio registrado entre el 2020 y 2021 producto de las restricciones sanitarias. Este indicador se incrementó en 4.1 puntos porcentuales (pp.), al pasar de 18,3% en la segunda mitad en 2021 a 22,4% durante el mismo periodo del 2022, aunque por debajo de los niveles prepandemia (26,7%). Con ello, en el último año, otros 700 mil ciudadanos han sido víctimas de delitos en zonas urbanas.
El aumento de las víctimas de delitos se aceleró en lugares con mayor densidad poblacional. En las principales ciudades de hasta 300 mil habitantes, por ejemplo, la tasa de victimización se elevó en 8.6 pp., al pasar de 16,5% a 25,1% entre el segundo semestre del 2021 y 2022, más del doble de lo que aumentó en promedio en el área urbana. En las principales ciudades de más de 300 mil habitantes se observa una figura similar, aunque el repunte ha sido más alarmante en algunos lugares en los que la victimización ya superó los niveles prepandemia. Entre ellas destacan, por ejemplo, Pucallpa (26,0%), Tarapoto (23,2%), Piura (25,8%) y Trujillo (27,7%)
El retorno de la inseguridad se da en un contexto de alta rotación en el sector. La duración de los titulares del Ministerio del Interior (Mininter) y comandantes generales de la Policía (PNP) ha caído a la tercera parte desde el 2021. Por ejemplo, un comandante general PNP pasó de casi 11 meses promedio entre 2001 y mediados de 2021 a solo cuatro meses desde entonces, calcula el IPE. Para Carlos Basombrío, exministro del Interior, la alta rotación en puestos clave impide sostener las políticas de seguridad a largo plazo. Se priorizan acciones inmediatas y aparentemente efectivas, en lugar de priorizar estrategias de largo plazo basadas en inteligencia, añade Basombrío.
Por su parte, el presupuesto para inversión pública del Mininter ha disminuido significativamente. Luego de un máximo de S/ 996 millones en 2019, ante la asignación de recursos no ejecutados en años previos del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana, el presupuesto de inversión del Mininter promedió solo S/ 323 millones durante 2021 y 2022, muy por debajo del promedio 2016-2018 de S/ 469 millones. A pesar de la reducción en el presupuesto, el sector ha tenido problemas para ejecutar dichos fondos: entre 2020 y 2022 solo se utilizó el 66% de dicho presupuesto. La inestabilidad política, alta rotación y la falta de priorización de la seguridad ciudadana estarían relacionadas con esta menor inversión.
Noam López, profesor investigador de la PUCP, enfatiza la necesidad de asignar más recursos a la prevención para lograr un uso eficiente de los fondos públicos. Además, indica que los homicidios se concentran en una cantidad reducida de distritos y no se distribuyen de manera homogénea en todos los departamentos. Los gobiernos locales, con más de S/ 1.340 millones de presupuesto en 2023 solo para seguridad ciudadana, también tienen un desafío pendiente.
La baja capacidad del gobierno para ejecutar inversiones y desarrollar acciones estratégicas frente al crimen y la inseguridad ciudadana genera severas consecuencias económicas para la ciudadanía. Además de los costos directos de los delitos (la necesidad de contratar más personal policial, los mayores gastos judiciales y penitenciarios, entre otros), la delincuencia posee repercusiones indirectas como las pérdidas de productividad derivadas de daños físicos y psicológicos, así como los ingresos que se dejan de percibir a causa de la criminalidad.
Ambos costos son exacerbados porque los recursos públicos destinados a combatir el crimen podrían haberse utilizado en alternativas más productivas. En ese sentido, de acuerdo con cálculos del IPE sobre la base de información del Índice de Paz Global del Instituto para la Economía y la Paz, la inseguridad y crimen estarían generando pérdidas cercanas a S/ 1.340 por año a cada peruano. Este resultado evidencia las ganancias de bienestar para cada peruano si se revirtiese la precaria institucionalidad que viene afectando sistemáticamente a las entidades encargadas de liderar el combate a la delincuencia y la inseguridad en el país. Queda en manos de las autoridades revertir esta situación.
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Esta vez conversamos sobre la posibilidad de armar a la población civil como una medida para combatir la delincuencia en el país, tal y como lo está aplicando el vecino país de Ecuador desde hace algunas semanas. En esta oportunidad estuvo como invitados a los exministros del Interior Rubén Vargas y Miguel Hidalgo. 
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