
Tras más de dos décadas de permisos temporales, la ATU ha implementado un nuevo reglamento que permite a las empresas formales de transporte público solicitar autorizaciones por un periodo de hasta 14 años. La medida busca otorgar estabilidad jurídica a los operadores, facilitar el acceso a financiamiento para renovar sus flotas e impulsar el uso de vehículos sostenibles. Los usuarios se beneficiarán con un servicio más seguro, rápido y con pago electrónico integrado, mientras se combate la informalidad en el sector.
La mañana del miércoles, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, junto al presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, participaron en la entrega de los primeros títulos habilitantes para la operación de ocho rutas de transporte regular en la capital y el primer puerto. Luego de 21 años, la iniciativa que busca transformar el transporte público dio uno de sus primeros avances.
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Las primeras empresas beneficiadas con la entrega de títulos habilitantes fueron: Aquarius, Inversiones y Representaciones El Polo S.A.C., Lima Chorrillos S.A.C., El Rápido S.A., Múltiple Satélite S.A., Servicios Especiales La Bala S.A., Patrón San Sebastián S.A.C., Corporación Avagon S.A.C., Empresa de Transportes 22 y Vargasant S.A.C..

“Había que apoyar a nuestros operadores de transporte público para que pudieran mejorar sus flotas. Más de 20 años han pasado con ampliaciones de permisos y hoy eso está cambiando, porque no podíamos esperar más para tomar una decisión como esta: dar estabilidad jurídica a nuestros operadores y, a través de ellos, generar las condiciones para la renovación de la flota”, declaró Hernández.
La ATU ha implementado un reglamento que permite a las empresas formales de transporte público solicitar autorizaciones para operar por un plazo de entre cinco y catorce años. Esta medida, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 002-2025-MTC, tiene como finalidad brindar estabilidad jurídica a los operadores y permitirles acceder a créditos para invertir en la modernización de sus unidades.

Para acceder a este beneficio, las empresas deben cumplir con una serie de requisitos establecidos en el nuevo Plan Regulador de Rutas, tales como el número de ruta asignado, la relación de conductores con licencias vigentes y cobradores, de ser el caso, la lista de vehículos con placa única de rodaje, el certificado de inspección técnica vehicular y el SOAT o CAT vigentes, así como la póliza de seguro de responsabilidad civil con un monto mínimo de cinco UIT por vehículo.
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Asimismo, deben declarar que ni la empresa ni sus socios están impedidos de operar según la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, confirmar que los conductores y personal operativo no tienen antecedentes penales en el subregistro de personas condenadas por delitos relacionados con niños y adolescentes, y comprometerse a cumplir con la normativa laboral, de seguridad y salud en el trabajo, entre otros requisitos.
Las empresas podrán presentar sus solicitudes bajo este régimen excepcional hasta el 15 de abril del presente año. Cabe destacar que el reglamento promueve la reorganización empresarial y ofrece incentivos para que las compañías adquieran vehículos con energía sostenible.
“Esta decisión busca que nuestro transporte urbano de pasajeros se organice y se construya sobre la base de la estabilidad jurídica, para que quienes realizan esta actividad tengan la tranquilidad de contar con un título habilitante que reconozca las inversiones que harán en el futuro”, indicó el ministro de Transportes y Comunicaciones.
Por su parte, la ATU resaltó que los usuarios serán beneficiados con viajes más rápidos y directos, además de la posibilidad de pagar electrónicamente a través de un sistema de recaudo integrado, lo que mejorará la seguridad y la cobertura del servicio en diversas zonas de la capital. También contribuirá a la reducción de la contaminación y al ordenamiento del transporte.
“El Plan Regulador de Rutas (PRR) es una herramienta clave para combatir la informalidad en el transporte público. Según el Plan de Movilidad Urbana (PMU), cada día se realizan 108,802 viajes en hora punta en vehículos que prestan servicio de manera informal, lo que genera congestión, inseguridad y competencia desleal”, agregó la ATU.
Mejoras en la ciudad
El gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Flórez, destacó que esta medida representa un avance positivo para las empresas formales de transporte público, ya que les permitirá acceder a créditos para ampliar sus flotas y planificar su crecimiento. Además, señaló que una forma efectiva de diferenciar los buses formales de los informales sería implementar un esquema de color unificado para todos los vehículos autorizados.
“La reforma del transporte en Lima es un proceso de largo plazo. La capital tiene un retraso de 80 años en materia de transporte público, no podemos esperar que una autoridad lo solucione en solo cinco años. Hay que tener paciencia. Ya contamos con un plan de movilidad con una hoja de ruta definida y, con las acciones recientes, hemos avanzado el equivalente a cinco años”, agregó Flórez.
Por su parte, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, explicó que, si bien en el pasado las empresas recibían renovaciones constantes y esto generaba obstáculos para el acceso a créditos, muchas han continuado operando sin realizar esfuerzos significativos para mejorar su situación económica.
“De las 385 empresas de transporte que hay en Lima, estas nueve, que han recibido su habilitación por cinco años, probablemente sean las que están en mejores condiciones para presentar pronto su estado financiero y proceder con la renovación o mejora de su flota”, señaló.
Asimismo, resaltó que algunas empresas afiliadoras, dedicadas al alquiler de rutas a conductores a cambio de un pago diario, no han logrado consolidar su crecimiento a nivel empresarial. Por ello, enfatizó que estos primeros cinco años serán cruciales para que las empresas formalizadas puedan fortalecer su estructura y modernizar sus unidades.