

La Comisión de Energía y Minas del Congreso, presidida por el legislador Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), aprobó por unanimidad citar a los ministros de Defensa, Interior y Energía y Minas, así como a representantes de la Compañía Minera Poderosa y de la empresa R&R Security, con el objetivo de recabar información sobre el asesinato de 13 trabajadores ocurrido en la provincia de Pataz, región La Libertad.
La sesión del grupo parlamentario se desarrolló este martes y concluyó con la aprobación del pedido de los congresistas Jorge Morante Figari (Somos Perú) y María Zeta Chunga (Fuerza Popular), quienes solicitaron la presencia de las autoridades y empresas involucradas para que informen sobre las acciones realizadas tras la tragedia ocurrida a fines de abril. La citación está programada para el martes 13 de mayo.
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“Sobre los sucesos ocurridos en Pataz en donde mineros ilegales coludidos con criminales tomaron a la fuerza la mina donde trabajaban las víctimas, uno de los fallecidos es proveniente de mi región Loreto. Necesitamos que todos los funcionarios deberían de estar juntos porque necesitamos saber la verdad y cruzar la información que nos van a dar ya sea de carácter público o privado para ejercer nuestro acto de fiscalización”, señaló Morante.
Por su parte, la congresista Zeta Chunga advirtió sobre presuntas irregularidades en la contratación de los trabajadores asesinados. Afirmó que no existirían contratos formales ni planillas, lo que vulneraría sus derechos laborales. “Están siendo tratados como mano de obra barata, violando su dignidad y sus derechos como mineros artesanales”, sostuvo.
El caso ha conmocionado a la opinión pública. Las víctimas fueron encontradas sin vida dentro de una mina, con signos de ejecución, en un hecho atribuido a una organización criminal vinculada a la minería ilegal.

Mafias en Pataz operan desde hace 15 años
El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, afirmó ante la Comisión de Defensa del Congreso que las organizaciones criminales que actúan en Pataz (La Libertad) no son recientes y llevan más de 15 años aprovechando la debilidad del control estatal.
Al referirse al asesinato de 13 trabajadores mineros en la zona, advirtió que se trata de un problema que va más allá de la seguridad: “Estamos ante un crimen organizado que se mueve con poder, dinero y armas”. Añadió que estas mafias cuentan con recursos, estructuras y armamento que les permiten actuar impunemente.
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