De la Granja Azul a pequeñas bodegas: denuncian abuso municipal en clausuras temporales

El cierre del restaurante Granja Azul de Santa Clara por una polémica actuación municipal supuso la condena de distintos gremios del sector comercial. Aunque la pollería reabrió luego de 14 días de paralización obligada, ese fue apenas el inicio de críticas contra las sanciones que disponen municipios distritales y que grupos empresariales como la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú considera desproporcionadas.

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José Luis Silva, vocero de dicho gremio, indica que desde el sector de restaurantes reciben constantes denuncias de cierres temporales de locales por infracciones muy leves y fácilmente subsanables (formales o administrativas) pese a que cumplían las condiciones de salubridad o seguridad necesarias para atender a clientes. El problema, indica, es que incluso si se resuelven las observaciones en menos 24 horas, el cierre no se levanta con la misma rapidez. “Llegan y te observan cualquier motivo: que te falta un cartel, que tal documentación. La mayoría de personas no saben qué pueden o no pueden pedir los inspectores. Lo peor es que tienen hasta 30 días para volver a inspeccionar, son hasta 30 días que te mantendrán cerrado aunque corrijas inmediatamente el tema”, dice a este diario.

De acuerdo con Silva, un gran número de denuncias se concentran en distritos como San Juan de Miraflores, Ate -donde sucedió el cierre de Granja Azul-, San Luis y distritos de Lima Norte como Independencia y Comas. “Y en distritos que uno diría que son promotores de la inversión privada como Miraflores”, advierte. En la mayoría de los casos se trata de cierres temporales contra negocios pequeños o familiares. “El 98% de restaurantes son pymes [pequeñas y medianas empresas]. Una multa de 45.900 soles para ellos es una sentencia de muerte. No tenemos una cifra exacta de denuncias porque al ser la mayoría pequeñas empresas no saben cómo actuar y no tienen un estudio de abogados que los apoye. Esos son a los que el inspector les dice ‘ya sabes cómo es’. En algunas municipalidades eso se ha vuelto en una mafia desde el inspector hasta el alcalde”, reitera.

Esta no es una situación que vive solo el sector gastronómico. El pasado 10 de agosto, diez gremios empresariales, entre hoteleros, bodegueros, de clínicas o comerciantes de Gamarra, enviaron una carta para solicitar una reunión con la presidenta Dina Boluarte, el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y el Ministro de Producción, Raúl Pérez-Reyes, para exponer su problemática. Aún no han sido recibidos por la mandataria. “No estamos en contra de la fiscalización, sino en contra el abuso de cierres arbitrarios que representan una de las principales fuentes de corrupción municipal y extorsión por parte de funcionarios inescrupulosos, que hacen uso ilegítimo del poder”, se lee en la carta.

Eduardo Herrera, director ejecutivo de la asociación civil anticorrupción Kuskachay, en cuya página web reciben denuncias de abuso municipal, señala que la imposición de multas y sanciones por faltas menores se repite en diferentes rubros porque existe una “distorsión del marco legal” por parte de las autoridades municipales. “No solo es contra empresarios sino también contra ciudadanos que son afectados por operativos perversos para levantar autos con grúas. Hay un problema sostenido donde las municipalidades buscan motivos para ‘apretar’ a las personas y negocios”, dice.

Una solución que proponen los gremios empresariales es la aprobación del Proyecto de Ley N° 4952-2022-CR, aprobado en la Comisión de Constitución que espera ser debatido en el Pleno, el cual establece condiciones para la clausura de un local comercial. La iniciativa determina, por ejemplo, que el cierre se realice cuando se constate peligro inminente a la salud o vida de las personas y que, en caso de que la infracción se subsane inmediatamente, no se pueda aplicar la paralización. La Sociedad de Comercio Exterior (Comex), en mayo de este año envió un oficio a la congresista Diana Gonzáles, Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, respaldando la propuesta al que reiterar que “la clausura debería ser una medida de última ratio en casos de peligro inminente para las personas; debiéndose recurrir a las multas para el resto de las infracciones administrativas”.

Para municipalidades como Miraflores, sin embargo, esta iniciativa favorece “la informalidad , la discriminación, la impunidad y el libertinaje en materia comercial”. En un comunicado emitido en junio pasado, la gestión de Carlos Canales, denunció que proyecto representa una intromisión a las facultades que tienen las municipalidades para realizar acciones preventivas en los diferentes locales comerciales.

Los gremios de restaurantes tienen una solicitud adicional: “Hemos pedido una modificación porque creemos que debería incorporarse que el alcalde tenga que firmar cualquier cierre de local. El cierre es una condena hasta la pena de muerte. Si te cierran por 30 días te quiebran. El alcalde tiene que hacerse responsable porque ahora depende de los inspectores”, dice Silva. Mientras tanto han acordado que cada vez que clausuren un restaurante, todos los dueños y trabajadores de otros locales protestarán hasta que se reabra, tal como ocurrió en el caso de la Granja Azul.