Defensoría investigará de oficio caso de alumno de la USMP que no puede graduarse

La Defensoría del Pueblo informó que iniciará una investigación de oficio sobre el caso de George Rafael, estudiante de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) que denunció que no le permitían graduarse por ser dirigente estudiantil. Esto, luego de que El Comercio revelara su historia en las últimas semanas.

Según Rafael, la USMP lo desaprobó en el curso de Análisis de Jurisprudencia Constitucional Administrativa, el último que le faltaba para terminar su carrera en la facultad de Derecho, luego de una cuestionable recalificación (de 17 a 07) que lo llevó a litigar su caso ante el Indecopi.

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Alberto Huerta, jefe de la Oficina Defensorial de Lima, explicó a este Diario que se entrevistará con el alumno denunciante y recabar la información pertinente de la otra parte involucrada, a fin de establecer un plan de investigación.

“Hay ciertos reglamentos y normas que deben ser respetadas por todos, sino cada alumno haría lo que quisiera, y cada profesor haría lo que quisiera. Queremos saber si, en este caso puntual, la Universidad de San Martín de Porres ha vulnerado los derechos de Rafael”, agregó Huerta.

—Denuncia ante Indecopi—

En junio del 2018, George llevaba el curso de Análisis de Jurisprudencia Constitucional Administrativa, a cargo del profesor Pedro Hernández. Para aprobarlo, requería de un 08 como nota mínima en el examen final, y así egresar de la carrera.

Luego de dar esa última evaluación, fue a recogerla corregida. Al recibirla, notó que le habían puesto un 07 al lado de una calificación borroneada, con lo cual desaprobaba el curso. Para tener evidencias del documento, le tomó fotografías con su celular, ya que nunca se lo entregaron.

George presentó un reclamo ante la USMP, que tuvo respuesta desfavorable. Por ello, acudió a una notaría para que certificara la nota inicial de su examen a través de las fotografías que tomó. De acuerdo con el notario César Bazán, la calificación borroneada fue de 17.

Con el acta notarial, en abril pasado solicitó a Indecopi que ampliara los cargos de un proceso iniciado previamente contra la USMP (en el 2017, como dirigente puso una denuncia por posibles actos discriminatorios contra los alumnos que no estaban al día en sus pagos). En la ampliación, pidió que se considerara como presunta infracción el indebido cambio de su nota en el curso de 17 a 07. Indecopi admitió la solicitud de Rafael, y exigió a la USMP que presentara el examen original y sustentara el cambio de nota. La casa de estudios no cumplió.

En mayo, Indecopi concedió a George una medida cautelar que obligó a la USMP a consignar en su registro la calificación de 17 (con la cual aprobaba y se graduaba). Pero la universidad no promedió la nueva nota, ya que –según dijo en su momento el abogado de la San Martín, Víctor Bolaños– “no se nos ordena eso”.

Pero, en octubre, luego de que la USMP apelara la medida cautelar, la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi la revocó y declaró que carecía de competencia para analizar la calificación debido a la autonomía universitaria.

—Presunta irregularidad—

Esta sala –que a través de la Resolución 2870-2019/SPC revocó la cautelar que favorecía a Rafael– estaba conformada en ese momento por Javier Villa García, Juan Espinoza Espinoza, Oswaldo Hundskopf y Julio César Molleda.

El 21 de noviembre, George presentó un escrito a Indecopi para exigir que se declarara la nulidad de la Resolución 2870, aduciendo que dos de los cuatro vocales –Hundskopf y Molleda– eran profesores con contrato vigente en la misma Facultad de Derecho de la USMP desde el 2019, tal como actualmente se consigna en su sitio web institucional.

Seis días después, el Indecopi declaró “de oficio” la nulidad del fallo, “toda vez que dicho pronunciamiento fue emitido sin observar el procedimiento regular para su validez”. “Esta sala advierte que los señores vocales Hundskopf y Molleda mantenían una relación laboral con la universidad, lo cual se configuraba como una causal de abstención”, se lee en un documento. Por ello, se deberá emitir un nuevo pronunciamiento sobre la medida cautelar.

Además, él ya solicitó a la entidad que inicie un procedimiento administrativo sancionador contra Hundskopf –quien también es presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral– y Molleda. Pidió en un escrito la recomposición total de la sala, a lo que Indecopi respondió en diciembre último que “será evaluado oportunamente”. A la fecha, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se ha pronunciado sobre la situación de Hundskopf.

Para Huerta, de la Defensoría del Pueblo, Hundskopf debió abstenerse del caso “por decoro”, ya que estaba demostrado que era profesor contratado de la USMP, una de las partes involucradas.