Las 10 zonas críticas de venta de chips de telefonía sin control en las calles de Lima: detrás del primer paso de una extorsión

El Comercio fue a las zonas críticas de venta ambulatoria de chips en Lima Metropolitana que ha identificado Osiptel.

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Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

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El primer punto que visitamos fue el centro comercial Las Malvinas del Cercado de Lima, el principal mercado informal de equipos y servicios de telefonía del país. El último miércoles, la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó un operativo dentro de este emporio y decomisó 1.100 celulares de dudosa procedencia, de los cuales 200 fueron productos de robo. Sin embargo, nuestra visita comprobó que las cosas volvieron a la normalidad al día siguiente.

A las afueras de Las Malvinas, la venta ambulatoria de chips activados es ofrecida por diferentes personas. Utilizando gorros, chalecos y carteles con los colores y logos de las empresas de telefonía, encontramos a sujetos vendiendo chips de Entel, Bitel y Movistar encima de puestos itinerantes en las veredas.

Observamos un caso similar en el cruce de los jirones Ayacucho y Cusco del Cercado de Lima, a la espalda de la sede del Ministerio Público, encontramos a una señora que ofrecía planes de Bitel a los peatones.

En la cuadra 9 Av. Los Jardines de San Juan de Lurigancho, cerca a la estación de la Línea 1 del mismo nombre, registramos un caso particular. Existen puestos que venden carcasas, micas y otros productos para celulares, así como servicio técnico. Lo sorprendente fue ver que contaban con carteles de Movistar, Claro, Bitel y Entel que alentaban la compra de chips. No obstante, estos locales no figuran como puntos autorizados por Osiptel para la venta de planes de telefonía móvil.

Hallamos un caso semejante en la Av. Venezuela cerca del supermercado Metro de Breña.

El emporio de Gamarra en La Victoria y el mercado Unicachi han sido por años puntos de venta ambulante de chips. Fuimos a ambos espacios y esta vez no vimos este comercio informal. Hubo una gran cantidad de policías, militares y fiscalizadores municipales presentes. Algunos visitantes frecuentes de estos centros comerciales nos contaron que los vendedores de chips desaparecieron desde que inició el estado de emergencia e incrementó la presencia de las autoridades del orden.

Los otros puntos son la intersección de la Av. San Juan con Av. Los Héroes en San Juan de Miraflores, la Av. Javier Prado al frente del Centro Comercial Las Brisas en Ate, la intersección de la Avenida Próceres con la Avenida Naranjal en San Martín de Porres y los exteriores del Royal Plaza de Independencia.

Matilde González, representante del Osiptel, explicó a El Comercio que la venta de chips en las calles está prohibida principalmente por tres razones. En primer lugar, la vía pública no es un medio en el cual el usuario pueda tener certeza de si está interactuando con un vendedor autorizado por una empresa de telefonía.

“Por más que tenga un chaleco o gorro con los colores de un operador, el usuario puede estar conversando con cualquier persona que se hace pasar por un vendedor de la empresa. Y esa persona le va a pedir sus datos personales y que coloque su huella digital. Luego, esa información y la huella pueden ser empleados o clonados para contratar o abrir nuevas líneas, u otros actos comerciales que los usuarios nos están autorizando. Ese chip vendido en la calle también puede ser entregado por el vendedor malicioso a un delincuente para fines ilícitos”, expresó.

En segundo lugar, González indicó que las calles no son un espacio en la que el usuario pueda recibir la información necesaria de la contratación de un servicio.

“Cuando una persona adquiere un plan de telefonía móvil y un chip, la empresa está obligada a darle información sobre el servicio: las características del plan, cuánto tiene que pagar, las zonas de cobertura del servicio, etcétera. Esta información no se puede dar al detalle en una calle”, señaló.

“En tercer lugar, si el usuario tiene un problema posterior con su servicio o porque le dieron información inexacta, nosotros no podremos fiscalizar a la persona que le vendió, porque los ambulantes se movilizan de un lugar a otro”, dijo González.

Además, la funcionaria afirmó que, conforme a ley, las empresas de telefonía son responsables de todo el proceso de contratación de un servicio de telefonía, independientemente de quién sea la persona con la que interactúe el usuario para obtener un plan móvil de sus operadoras. Sin embargo, reveló un gran problema de esta responsabilidad. “A partir de nuestras acciones de fiscalización y verificaciones normativas, hemos visto que las empresas operadoras no tienen un control completo de su cadena de operación. Tienen distribuidores y estos, a su vez, tienen otros intermediarios; entonces no hay un control completo de la cadena de distribución”, aseveró.

Esta realidad preocupante también se observa en estadísticas. Desde el 2020 hasta septiembre del 2025, Osiptel ha impuesto un total de 125 millones de soles en multas a las empresas operadoras por infracciones derivadas de la fiscalización de la venta ambulatoria de chips. Los números reflejan que las multas se dispararon el año 2024, situación que continúa hoy en día: 48,5 millones en sanciones a las empresas en el 2024 y 31,8 en lo que va del 2025.

Del total de dinero en sanciones impuestas por la venta ambulatoria, S/26,13 millones fueron colocados a Claro, S/30,93 millones a Bitel, S/31,51 millones a Entel y S/36,54 millones a Integratel (que opera bajo la marca Movistar).

Por otro lado, González mencionó que Osiptel exige a las empresas que soliciten una verificación biométrica al momento de contratar un servicio de telefonía para combatir la existencia de líneas con titulares que tengan un nombre falso o inexistente.

El Comercio solicitó una entrevista a Bitel, Movistar, Entel y Claro para conocer qué están haciendo para controlar la venta informal de chips en las calles y prevenir su uso por los extorsionadores.

Bitel respondió que no hablarán por el momento, Claro y Entel respondieron a través de un comunicado conjunto a través de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). El gremio indicó que “la industria pone a disposición del Estado y la PNP la capacidad técnica y logística del sector privado para articular y ejecutar operativos que ataquen frontalmente el fraude, el tráfico de datos personales y el uso indebido de información de identidad”. Así también, proponen que las autoridades consideren medidas adicionales, como implementar la geolocalización del punto de venta y al vendedor, implementar la identidad digital por parte de Reniec o el corte de líneas telefónicas que se usen para extorsión.

Movistar emitió un comunicado, donde asegura que continuará realizando acciones de control y coordinación con sus distribuidores para asegurar una contratación segura y confiable. “Pedimos a las autoridades que nos informen en caso detecten a una persona que vende chips nuestros en la vía pública para iniciar las acciones legales que correspondan”, expresó la empresa.

Rubén Vargas, exministro del Interior, dio una declaración radical a propósito del problema descrito. “Seguir vendiendo chip callejeros con identidades falsas es igual de criminal que vender pistolas a los sicarios”, expresó.

El combate contra esta peligrosa actividad comercial requiere de sanciones penales. Por ello, a inicios de setiembre se publicó la Ley 32451, que introduce cambios a la Ley de Delitos Informáticos y al Código Penal, con el objetivo de combatir el uso indebido de líneas móviles y la comercialización fraudulenta de servicios de telecomunicaciones. La norma establece penas de hasta 4 años. “Está pendiente que el Ejecutivo reglamente la ley para que se aplique y tenga carácter penal”, subrayó.