Rechazo. El parlamentario Juan Burgos de Podemos Perú presentó un proyecto de ley que desde su concepción ha generado críticas. Este texto, que se evaluará en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, busca que menores de 16 años sean sentenciados a prisión por delitos graves con penas no menores de 25 años o cadena perpetua.
El Comercio conversó con el parlamentario, quien dijo que está impulsando esta iniciativa debido a que las organizaciones criminales están captando a menores de edad como brazos armados.
Al respecto, el Ministerio Público, mediante sus redes sociales, emitió un comunicado rechazando la propuesta al considerar que vulnera varios compromisos internacionales de derechos humanos, entre ellos la “Convención de los derechos del niño”, al que Perú se suscribió en 1990.
“El Perú tiene la obligación de aplicar y garantizar la efectividad de todos los derechos reconocidos en los tratados. Los derechos específicos a favor de niños, niñas y adolescentes no pueden ser eliminados, reducidos o restringidos, sobre todo bajo la justificación de reducir la inseguridad ciudadana y los índices de participación de adolescentes que incurren en los delitos establecidos en el citado proyecto”, se lee en el pronunciamiento.
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En ese sentido, los fiscales de Familia y de la Coordinación Nacional del Programa Nacional ‘Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público’, recordaron que en el Perú ya existen normas que establecen penas especiales para los adolescentes que infringen la ley, como medidas socioeducativas que incluyen el internamiento en caso de delitos graves.
“Los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. En virtud de esas diferencias, se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia penal perjudica a los niños, al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables”, añaden.
En ese sentido, también hicieron hincapié en la “Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030″, que se expidió mediante un decreto supremo y el cual tiene como objetivo principal “la prevención y desistimiento de trayectorias delictivas por parte de los adolescentes”.
Finalmente, pidieron que desde el Estado y la sociedad civil promuevan acciones a efecto de modificar los contextos sociales vulnerables y, además, fortalezcan el sistema de justicia penal juvenil a fin de lograr la resocialización y reinserción familiar.
