En una carta abierta dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, al juez del Segundo Juzgado Penal Liquidador de Lima, más de 500 personalidades entre abogados, historiadores, educadores, periodistas y comuneros de Catacaos, firman el documento para solicitar audiencia pública antes que se dicte la sentencia por la querella presentada contra el periodista Daniel Yovera Soto por el Caso Sodalicio.
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El juicio contra el mencionado comunicador se da por presunta difamación y los firmantes señalan que es uno de los casos que afecta “el libre ejercicio del periodismo” y constituye una “sistemática persecución judicial y acoso legal y mediático”.
Esto sustentado en que el documental “The Sodalitium Scandal” no aborda asuntos privados sino de interés público, y porque está en juego un caso de persecución judicial y acoso sistemático del Sodalicio de Vida Cristiana contra un periodista.
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Además, dejan una interrogante para la reflexión: ¿Qué hubiera pasado con las víctimas del Sodalicio en Lima y Piura si no se hubiera contado sus historias de abuso, que en la mayoría de los casos dio un giro dramático a sus vidas?
Cabe mencionar que no es el único caso contra un comunicador, pues a este se suma Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes expusieron la cultura de abuso de poder en el Sodalicio de Vida Cristiana.
El periodista Daniel Yovera fue querellado por su participación en el documental de la cadena Al Jazeera “The Sodalitium Scandal” (diciembre de 2016), en el que un grupo de personas denunció que fue despojado de sus tierras por una razón social vinculada al Sodalicio de Vida Cristina - la Asociación Civil San Juan Bautista- y por una organización criminal denominada por la Policía “La Gran Cruz del Norte”, a través de un acuerdo económico millonario.
El exrepresentante de la Asociación Civil San Juan Bautista, Alberto Gómez de la Torre Pretell, demandó a Yovera en julio de 2019 y el proceso fue archivado por prescripción en enero de 2022.
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La defensa del querellante adujo que no podía prescribir porque en diciembre de 2018 Yovera utilizó su cuenta de Twitter para compartir el link del documental, y ese hecho representa un acto de “delito continuado”.
Por tal motivo, la Décima Sala Superior Liquidadora de Lima escuchó a las partes y el mismo día lo envió de regreso al juzgado de origen - Segundo Juzgado Penal Liquidador- para la decisión final.
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Los firmantes solicitan que se disponga la realización de una audiencia para escuchar a las partes y que, en un acto de transparencia, que la misma sea pública.
