La cuestionada compra de bicicletas en Breña y un círculo que va cerrándose

Un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Breña confirmó que la gestión del alcalde José Li Bravo compró, en febrero del año pasado, 30 bicicletas para el patrullaje de serenazgo a más del cuádruple de su precio real.

El municipio adquirió los vehículos a S/32.994; es decir, pagó S/1.099,80 por cada uno a HAM Distribuciones, una empresa que no acreditaba experiencia en el rubro y cuyas unidades ni siquiera cumplían con los requisitos técnicos solicitados.

Para la auditoría del OCI fueron convocadas dos compañías, Jafi Bike y 260 Lab, que ofrecieron los 30 vehículos por S/7.200 (S/240 cada una).

La diferencia de precios es abismal: S/859 más por cada bicicleta para el serenazgo de Breña y una sobrevaloración total de S/25.794.

El documento, emitido el pasado 30 de octubre, ratifica así la denuncia que El Comercio publicó en julio del 2019 respecto de la adquisición sobrevaluada, y que habría responsabilidad penal de tres exfuncionarios del municipio distrital.

Pero la auditoría del OCI también menciona que la administración de Li Bravo (Acción Popular) compró accesorios para los serenos asignados a conducir las mencionadas bicicletas a un monto mucho mayor al del mercado, en algunos casos –como el de guantes, coderas y rodilleras– a más del doble de su precio.

Por estos aditamentos, de acuerdo a las cotizaciones de Jafi Bike y 260 Lab, debió pagarse S/20.550, pero Breña pagó S/29.713 por ellos.

Este y otros casos de presunta corrupción en el municipio distrital revelados por El Comercio son parte de una investigación del Ministerio Público.

–Una extraña gestión–

En enero del año pasado, el entonces gerente de Seguridad Ciudadana de Breña, David Cajo, solicitó a la municipalidad la compra de los vehículos para asignarlos al patrullaje, a pesar de que esto no era parte del plan operativo institucional (POI) ni del plan de seguridad ciudadana.

Según la auditoría, Cajo hizo el pedido “sin acreditar ni sustentar la necesidad para la compra inmediata, así como otorgó la conformidad [de compra] sin verificar que los bienes no cumplían con el total de las especificaciones técnicas requeridas”.

El Comercio contactó a Cajo para conocer su versión sobre los hechos, pero se negó a declarar. “He dado mi manifestación en la fiscalía y no tengo nada más que decirle”, señaló.

Pero en diálogo con este Diario en julio del año pasado, David Cajo intentó justificar la adquisición. “Este es un distrito donde económicamente el presupuesto es bajo para seguridad ciudadana. Vi mi realidad: bicicletas”, expresó.

El exgerente de Seguridad Ciudadana de Breña es una de las tres personas que –según el órgano de control institucional– tendría responsabilidad administrativa y penal en la irregular compra.

La segunda es Carlos Surco Valencia, entonces gerente de Administración y Finanzas de Breña, quien –de acuerdo al informe de OCI– autorizó “el trámite de los requerimientos, el precio y el estudio de mercado, [...] y no cauteló la ejecución del gasto, no obstante que las acciones de supervisión a los procesos logísticos le obligan al cumplimiento de la normatividad”.

Este Diario se comunicó con Surco Valencia, vinculado a otro caso de presunta corrupción en el municipio de Breña, pero se negó a declarar.

La tercera persona con presunta responsabilidad administrativa y penal en este caso es Rafael Molinari Arroyo, exgerente de Logística de la municipalidad, quien “realizó el costo estimado para la adquisición […] a precios superiores a los ofertados en el mercado, favoreció con ello a un proveedor sin experiencia en el rubro, elaboró y firmó órdenes de compra, y suscribió su firma en la recepción de los bienes”.

El Comercio contactó a Molinari Arroyo, pero este se negó a declarar. “El caso ya está en la fiscalía”, dijo apenas.

Por otro lado, el informe del OCI encontró presunta responsabilidad administrativa en los dos exgerentes de Planificación y Presupuestos que tuvo Breña cuando ocurrieron estos hechos: Carmelo Coci Otoya por los accesorios y Andrés Medina Mendoza por las bicicletas.

A ambos se les sindica de “realizar las modificaciones presupuestales sin que lo haya solicitado y/o tramitado formalmente el área usuaria, más aun sin estar considerados en el Plan Operativo Institucional 2019” y otorgar “la disponibilidad y certificación presupuestal para las compras que no acreditaban la necesidad”.

Coci Otoya se desempeña actualmente como subgerente de Fiscalización Administrativa del distrito.

Sobre este caso, la Procuraduría de la Municipalidad de Breña señaló: “Hasta la fecha, OCI no recomendó ninguna acción penal en contra de los exfuncionarios; es más, en su informe de control no concluye que se inicien las acciones legales correspondientes en virtud al análisis vertido en el informe. Entonces, no nos encontramos en una situación adversa para la municipalidad, sino, muy por el contrario, en meras recomendaciones que se han corrido traslado a la gerencia municipal para que las adopte”.

–Situación actual–

En una inspección efectuada el 12 de octubre de este año, el OCI verificó “la inoperatividad de las bicicletas por encontrarse almacenadas y deterioradas, presentando óxido, sin luces y solo 22 cuentan con código patrimonial legible”.

Al respecto, la Municipalidad de Breña dijo a este Diario: “Efectivamente, el 12 de octubre una comisión de auditoría del Servicio de Control Específico de la contraloría realizó un inspección y comprobó que las 30 bicicletas están operativas, salvo algunas con desgaste y deterioros por el uso o tiempo que se encuentran en el depósito almacén. Es falso que se encuentren inoperativas”.

En el informe se concluye que “las bicicletas, así como los accesorios de seguridad para ciclistas, no están siendo utilizados, debido a que la Gerencia de Seguridad Ciudadana no cuenta con la capacidad operativa para el uso de los bienes”.

En síntesis, la compra de bicicletas para Breña no solo fue innecesaria, sino que generó pérdidas en las arcas de un distrito con muchas urgencias que atender.

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