Concejo de San Luis aprobó la vacancia de su alcalde: la historia de un escándalo

El concejo de San Luis aprobó el martes 23 la vacancia del alcalde David Rojas Maza, debido a que habría favorecido a su expareja Ana Cristina Roque Alanya y al padre de esta, Marco Antonio Roque Ortiz, con puestos de trabajo en el municipio distrital.

Roque Alanya laboró, entre febrero y diciembre del 2020, en distintas áreas de la municipalidad: orientadora en la Subgerencia de Gestión Documental y Archivo Central, actora social en Red Amachay y asistente administrativa en la Subgerencia de Gestión Ambiental.

Por ello, la joven de 23 años recibió un total de S/13.800, de acuerdo al portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En tanto, su padre se desempeñó desde marzo hasta diciembre del año pasado como efectivo de seguridad interna de San Luis. Su función era la vigilancia nocturna de un depósito vehicular de la comuna. Por sus servicios, Roque Ortiz cobró un total de S/13.500.

El caso se hizo público en enero pasado por un reportaje del programa dominical “Panorama”.

De acuerdo al expediente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al que El Comercio tuvo acceso, la solicitud de vacancia del alcalde de San Luis, de Acción Popular, se sustenta en que es este incumplió el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

En el documento, presentado por los ciudadanos Alejandro Suárez Chávez y Marco Antonio Cabrejos Millones, se indica que al contratar a su pareja, Rojas Maza generó “conflicto de intereses en agravio” del municipio distrital.

Sobre Roque Ortiz, señala que “existe una relación de parentesco tratándose del padre biológico de la pareja sentimental del alcalde […], siendo considerado ello como la razón objetivo que conllevó” a que fuera contratado “bajo la figura de persona natural para favorecerla indebidamente por interpósita persona”.

–Versiones opuestas–

La relación sentimental entre David Rojas y Ana Cristina Roque se ha convertido en el asunto central de la discusión. Mientras el alcalde asegura que no tuvo ninguna injerencia en la contratación de su expareja, ella insiste en que fue él quien le propuso laborar en el municipio de San Luis.

“[Rojas Maza] me llamaba y me escribía insistentemente para decirme que trabajara con él. A tanta insistencia, acepté lo que él me estaba proponiendo, para lo cual me pidió mi CV vía WhatsApp el jueves 30 de enero del 2020”, manifestó la joven a la contraloría, de acuerdo a un documento al que accedió este Diario.

Días después, el 3 de febrero del 2020, Ana Cristina Roque empezó a laborar en la Subgerencia de Gestión Documental y Archivo Central de San Luis. Según relató, la relación con el burgomaestre comenzó en diciembre del 2019.

En los descargos que presentó al concejo de San Luis, a los que este Diario tuvo acceso, Rojas Maza también asevera que “al ejercer el cargo de alcalde no realicé ninguna de las contrataciones con las mencionadas personas”.

Otro de los argumento del alcalde es que nunca fue pareja de la joven, sino que “nos involucramos en un affaire, por lo que tuvimos encuentros casuales”. Del mismo modo, refiere que está casado con Rocío Julissa Vargas Carbajal, aunque en su ficha de Reniec figura como soltero.

Pero Roque Alanya sostiene que mantenían una relación estable y que este hecho era de conocimiento de algunos funcionarios de la Municipalidad de San Luis. “A los lugares a los que me llevaba siempre me presentaba como su pareja”, contó la joven a El Comercio.

Este Diario intentó contactar al alcalde de San Luis para conocer su versión de los hechos, pero la Gerencia de Imagen del municipio dijo que él no se pronunciará.

En un comunicado, la comuna informó que Rojas Maza “respeta la decisión adoptada por el concejo municipal, sin embargo, rechaza las constantes suspensiones y vacancias en su contra que vienen generando inestabilidad”.

La solicitud de vacancia de David Rojas Maza fue aprobada en el concejo de San Luis con siete votos a favor y tres en contra, pero el alcalde adelantó que apelará tal decisión. El caso será elevado al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tendrá la última palabra.

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