Además de las cámaras de videovigilancia, la Contraloría General de la República también revisó el estado de los vehículos adquiridos por las las actuales gestiones ediles para reforzar el patrullaje enfocado en garantizar la seguridad ciudadana. El panorama resulta desalentador, pues el máximo órgano de control detectó casi 300 vehículos inoperativos.
El caso más alarmante se encuentra en Ate. La gestión del alcalde Franco Vidal cuenta con 71 vehículos inoperativos, según lo detectado por la Contraloría a finales de marzo de 2025. La misma Subgerencia de Seguridad Ciudadana informó que se encuentran inutilizables cinco autos, 24 camionetas y 42 motocicletas.
En San Juan de Lurigancho, la Subgerencia de Serenazgo informó que contaban con 62 motocicletas operativas y otras 50 motocicletas inoperativas. Al realizar una inspección, la Contraloría encontró 39 de estas motos inoperativas almacenadas en el módulo base denominado “Siglo XXI”. Las unidades, según las fotografías tomadas a finales de marzo, están amontonadas, empolvadas y solo cubiertas por un plástico azul.
San Isidro registró unidades inoperativas, distribuidas de la siguiente manera: ocho camionetas, 12 automóviles y 27 motocicletas. “Se ha tomado conocimiento que varios de las camionetas y automóviles que tienen el estado de inoperativo, permaneciendo algunos de ellos fuera de servicio por un periodo superior a 250 días, lo que limita significativamente la capacidad de patrullaje y la respuesta ante incidentes de seguridad“, apunta el informe de la Contraloría.
Al respecto, la gestión de la alcaldesa Nancy Vizurraga informó que este 2025 tienen previsto invertir S/ 20 millones para la modernización del equipamiento para seguridad ciudadana. “Para el segundo semestre del año se renovará la flota vehicular del servicio de Serenazgo, con la adquisición de 32 vehículos nuevos que se sumarán al patrullaje en las calles”, indicaron tras reconocer que el 30% de los vehículos de San Isidro se encuentran en proceso de dar de baja debido a su antigüedad y mal estado.
En Santa Anita, la gestión del alcalde Olimpio Alegría no solo afronta problemas con 38 cámaras inoperativas, sino que también acumula 26 vehículos que no se pueden utilizar para el patrullaje de su distrito. Se trata de seis camionetas pick up y 20 motocicletas lineales.
“Se encuentran inoperativas por su mal estado de conservación y deterioro de carrocería, motor, chasis, cabina y sistemas de funcionamiento; y los gastos de reparación propuestos por el taller de Maestranza de la Entidad resultarían ser mayores con relación a su valor real resultando en una reparación onerosa”, apunta el informe del máximo órgano de control.
Carabayllo es otro distrito con un mix de unidades inoperativas: 11 camionetas y ocho motocicletas. En este caso, la Contraloría no solo alertó por la falta de mantenimiento, sino también por el poco cuidado de las unidades. “Los vehículos se encuentran en la intemperie, expuestos al sol, lluvia, viento y polvo, sin ninguna protección contra los acontecimientos climatológicos, hecho que genera el desgaste acelerado y rápido desgaste de las autopartes de los vehículos, afectando su posterior funcionamiento”, dice en su informe donde detalla que una de las camionetas lleva esperando reparación desde hace dos años.
Otras unidades que fueron encontradas en estado de abandono fueron las 13 motocicletas inoperativas de la Municipalidad de Comas. La Contraloría corroboró en sus visitas de inspección que las motocicletas declaradas como inoperativas no contaban con algunos de sus autopartes, tales como llanta, aro, accesorios del motor, manillar, cinculina, espejos, entre otros.
En el informe de control se detalla que incluso las motos supuestamente operativas también registraban piezas faltantes y estaban estacionadas al lado de las inoperativas. “Durante la visita de inspección realizada el 26 de marzo de 2025, se evidenció que la motocicletas se encuentra estacionada en el lugar en donde se ubicaban las motocicletas “inoperativas”, anota el documento.
| Distrito | Vehículos inoperativos (motocicletas, camionetas y autos) |
|---|
| Ate | 71 |
| San Juan de Lurigancho | 50 |
| San Isidro | 47 |
| Santa Anita | 26 |
| San Martin de Porres | 21 |
| Carabayllo | 19 |
| Puente Piedra | 16 |
| El Agustino | 15 |
| Comas | 13 |
| La Perla (Callao) | 3 |
| La Punta (Callao) | 1 |
Las motos cedidas por Lima
La Municipalidad de Lima cedió, a lo largo del 2024, motocicletas a distintos distritos de la capital para reforzar la labor de patrullaje. Sin embargo, El Comercio advirtió, a finales del 2024, que gestiones ediles como La Victoria no utilizan las unidades al 100% debido a la falta de serenos motorizados. Este problema ocasionó que las municipalidades opten por almacenar las motos sin uso.
Para este 2025, el problema persiste y se ha extendido a otros distritos, según lo detectado por la Contraloría. En Santa Anita, el órgano de control encontró 35 unidades operativas que no realizan el patrullaje en las calles del distrito por falta de serenos motorizados: 12 provienen de la cesión de uso por el convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima, y las otras 23 de propiedad de la municipalidad de Santa Anita solo cuenta con 65 serenos motorizados, lo que alcanza para cubrir 22 hombres por turno.
En El Agustino se verificó que 15 de las 25 motocicletas cedidas por la Municipalidad de Lima para patrullaje se encontraban inoperativas, las cuales, representan el 60% del total de sus unidades motorizadas.
Entre las motocicletas inoperativas, tres tienen la condición de “siniestradas”: 2 con atestado policial (peritaje técnico de los daños), y una no cuenta dicho atestado aunque indicaron que estaba en proceso de trámite.
En otro informe de la Contraloría, que data de enero del 2025, se detallan los distritos donde las motocicletas entregadas por la Municipalidad de Lima vienen incumpliendo con el kilometraje de patrullaje pactado por las gestiones ediles.
De 28 distritos visitados, el órgano de control encontró que nueve municipalidades registraban este incumplimiento de kilometraje: Miraflores, Chaclacayo, La Victoria, Villa El Salvador, Cieneguilla, Ate, San Juan de Lurigancho, Rímac, Ancón, Chorrillos, Lurín, San Bartolo, Pachacamac, Santa María del Mar, San Miguel, San Borja.
En otros nueve distritos, las municipalidades no consignaron el kilometraje recorrido de las motocicletas recibidas, y algunas gestiones ediles prefirieron objetar la metodología de trabajo de la Contraloría. En el caso de Barranco, la gestión de la alcaldesa Jessica Vargas aseveró que los reportes de control no contenían la fuente de cómo se identificó el incumplimiento del recorrido diario de las motos.
En sus reporte, la Contraloría también realiza un llamado de atención a la Municipalidad de Lima por su falta de fiscalización respecto a las motocicletas que cedieron a las municipalidades distritales. Según especifica el órgano de control, la gestión del alcalde Rafael López Aliaga recién alertó a los burgomaestres distritales que la falta de uso de las motos podría generar un perjuicio después de la publicación de El Comercio sobre el caso La Victoria. “En dicho contexto, se verifica lo señalado por la entidad, es una acción de respuesta a la publicación periodista, más como resultado de las acciones fiscalización y seguimiento a su cargo”, apunta el documento.
Para Aron Espinoza, regidor de Podemos en la Municipalidad de Lima, lo detectado por la Contraloría comprueba que no existió una planificación debida a la hora de ceder las motos. “Desde el 2024 advertí que se estaba poniendo en riesgo los recursos de los limeños al repartir las motos sin criterios técnicos y sin haber realizar un estudio sobre la situación de las unidades de patrullaje que tienen las municipalidades distritales y sobre la cantidad de serenos motorizados con los que puede disponer cada municipalidad para operar las unidades. Se requiere un replanteamiento en la distribución, o de los contrario a final de año podríamos estar afrontando problemas mayores por la pérdida de unidades", afirmó Espinoza.
La Policía Nacional del Perú también recibió unidades motorizadas por parte de la Municipalidad de Lima, por lo que la Contraloría los incluyó en sus visitas de inspección. Un informe de noviembre del 2024 reporta que encontraron, en la División de Servicios Especiales de la Región Policial Lima, 14 motos que no se lograron encender debido a que no se contaba con la llave por lo que no se pudo comprobar su operatividad, otras seis no se lograron encender por posible batería descargada, y una había entrado al taller por “siniestro”.
Por otro lado, detectaron que 27 de las 29 motocicletas ubicadas en las instalaciones no contaban con sus cajuelas, las cuales fueron retiradas debido a la naturaleza de las actividades de los efectivos policiales que operan con dos personas. El detalle está en que esto incumple lo establecido en la cláusula quinta del convenio con la Municipalidad de Lima, donde se señala que: “(...) se encuentra impedido de realizar algún tipo de mantenimiento, instalación de equipos adicionales o accesorios, desinstalación (..)“.
En la base centro de Los Halcones se advirtió que las unidades motorizadas están “estacionadas a la intemperie, expuestas a la humedad, polvo y material particulado (polvo en el aire) lo que podría deteriorarlas, afectando su adecuada conservación”.
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