Luis Carlos Simeón Hurtado, presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de la República, fue grabado esta mañana durante el paro de choferes de taxi colectivo, quienes han bloqueado vías reclamando su formalización. Simeón Hurtado, congresista por Acción Popular, lleva meses detrás de la legalización de este servicio en vehículos de categoría M1 (sedán), actualmente prohibido.
Un sector de legisladores buscará aprobar por insistencia esta iniciativa. En otras palabras, se propone que cualquier carro sedán o station wagon esté autorizado para recoger o dejar pasajeros en carreteras, sin paraderos definidos ni protocolos de higiene, a pesar de que el Ministerio de Transportes (MTC) haya declarado sobre los riesgos de esta actividad.
El presidente de la comisión de transportes del Congreso de la República, Carlos Simeón Hurtado (Acción Popular), semanas atrás reconoció ser “la voz de los colectiveros informales”, un servicio que atenta contra la reforma del transporte iniciada por el gobierno a través de la Autoridad del Transporte (ATU) de Lima y Callao. Sus declaraciones, grabadas por el periodista José Miguel Hidalgo y transmitida por Cuarto Poder, es realizada meses después de que el ‘taxi’ colectivo haya sido legalizado en el interior del país con los votos de un sector del congreso, al cual pertenece el mismo Hurtado. En mayo del 2020, en plena pandemia, el legislador se convirtió en uno de los impulsores esta iniciativa legislativa que terminó aprobándose.
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Según este informe de la campaña #NoTePases de El Comercio, los autos livianos como sedán y station wagon, ahora permitidos para servicio interprovincial, han provocado el doble de muertes que los buses. Según la Fundación Transitemos, la evasión tributaria por parte del servicio de transporte colectivo es de más de S/25 millones al año. A su vez, son los vehículos que más generan tráfico vehicular, por la naturaleza de su actividad (recoger pasajeros a lo largo de su ruta). “Sobre la saturación de las vías urbanas y nacionales, los colectivos han incrementado la incidencia de accidentes de tránsito, la generación de comercio ambulatorio y la delincuencia, y es competencia desleal contra el transporte formal, lo que provoca el cierre de empresas y despido de trabajadores, además de incrementar la informalidad”, declara Transitemos.
Si bien el proyecto de ley 28972 excluye Lima y Callao, sí permitiría que los taxis colectivos puedan salir o regresar de la capital hacia otras regiones, poniendo en riesgo la seguridad vial en todo el país.
La ATU sostiene que el servicio de ‘taxi’ colectivo en Lima y Callao debe ser erradicado por completo para dar paso a un sistema de transporte masivo de calidad. No solo porque los choferes de colectivo se han organizado para invadir paraderos, agredir a inspectores, evadir los operativos y hasta pagarle a una red de abogados especializados en dilatar sus papeletas hasta su prescripción, sino porque su proliferación es lo que ha generado la congestión vehicular en Lima. La misma que nos quita hasta cinco horas al día, la misma que nos ha colocado en el tercer puesto del ránking de ciudades con más tráfico en el mundo.
Las cifras lo demuestran: en el mismo espacio de pista donde caben tres taxis colectivos con 12 pasajeros puede entrar un solo bus formal con capacidad para 60 personas. Por eso, los 15 mil colectivos informales que circulan por la avenida Arequipa han hecho que la velocidad de los buses del corredor azul descienda de 13 km/h a solo 9 km/h. Y como un círculo vicioso, la lentitud que han generado en los buses de los corredores ha hecho que los pasajeros se bajen de este transporte formal y se suban al informal que va más rápido y te dejan en cualquier esquina, financiando una actividad que no tributa, y perjudicando al sistema formal que podría mejorar y ampliar su flota.
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